lunes, 11 de diciembre de 2017

Chile: La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política....Por : Equipo CIPER






Los detalles del vertiginoso ascenso del alcalde Miguel Ángel Aguilera (PS) siguen sorprendiendo. Aquí se cuenta cómo armó su red de poder en la zona sur y su historia con el traficante “Chino” Pinto, quien ya operaba en 2012 en los grupos de choque de sus campañas. En 2013, su estrecho colaborador Francisco Olguín fue detenido tres veces en autos robados. CIPER investigó los negocios de su círculo y descubrió licitaciones por $1.030 millones adjudicadas por la Municipalidad de San Ramón a familiares de sus socios políticos y a una empresa de un funcionario socialista del Gobierno Regional.

Hoy poco queda del joven y combativo socialista de la Población La Bandera que forjó su liderazgo en los años 80 en la lucha contra la dictadura. Miguel Ángel Aguilera supo tempranamente que esos pergaminos no serían suficientes para abrirse paso en la transición. En 1992 y con solo 29 años fue derrotado en la primera elección municipal que enfrentó en San Ramón. La comuna donde creció solo le entregó un 4,8% de los votos.

En los 25 años siguientes Aguilera hizo lo necesario para convertirse en una pieza clave del poder político oficialista. Soterradamente construyó una red que lo llevó primero a la alcaldía de San Ramón en 2012 (con el 50,3% de los votos) y que en apenas cinco años lo encumbró hasta la vicepresidencia de su partido. En 2016 fue reelecto alcalde de su comuna con un sorprendente 70,3%. Con ese capital logró manejar una importante cuota del Comité Central socialista y su bendición era el salvoconducto para quien aspiraba a un cargo de representación popular en la zona sur de Santiago.


Jorge Pinto Carvajal (captura Informe Especial)

La vida le sonreía hasta que este 1 de octubre un reportaje de Informe Especial (TVN) hizo trizas el bajo perfil que había cultivado y sacó a la luz su relación con el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto y contratos irregulares en el municipio. Las revelaciones incendiaron la pradera en el oficialismo, sumergieron en una crisis al PS, golpearon la candidatura presidencial de Alejandro Guillier y amenazan con explosionar la red de poder que Aguilera construyó en la última década.

CIPER investigó la extensa red de influencias políticas y de negocios sobre la cual Aguilera edificó su poder. Al escrutar los contratos municipales y empresas privadas de su círculo de hierro, emergieron licitaciones por más de $750 millones y una concesión de estacionamientos adjudicadas a sociedades en las que participa Daniel Parra Soto, sobrino del aliado histórico de Aguilera y ex concejal de San Ramón, Julio Soto Martínez.

Soto y Aguilera impulsaron el proyecto que le cedió un terreno municipal de 15 mil metros2 -frente a la Autopista Vespucio Sur- a una automotora controlada por Marcela Rosales, integrante del Comité Central del PS (ver reportaje anterior de CIPER). En el Parque Automotriz Vespucio San Ramón, uno de los mayores puntos de venta de autos usados en Santiago, más de 80 vendedores subarriendan a la empresa de Rosales espacio para ofrecer sus vehículos. Uno de los más importantes es Erni Soto, hijo del ex concejal Julio Soto, quien en este momento tiene 39 vehículos a la venta.

Fue Erni Soto quien en 2012 habría incorporado a Jorge “Chino” Pinto a los grupos de choque que trabajaron para el alcalde Aguilera en las primarias de ese año. Ese capítulo, que se cuenta en detalle más abajo, grafica la violencia con que actúan los adherentes de Aguilera para imponer su dominio en la política local.

Una de las sociedades que ocupó para su constitución el domicilio del Parque Automotriz Vespucio San Ramón, es propiedad de Juan Carlos Bastías Olea, quien tiene dos condenas por narcotráfico.


Francisco Olguín Guzmán (captura Informe Especial)

El negocio de los autos también ocupó durante algún tiempo a Francisco Andrés Olguín, quien fuera hasta hace dos semanas el jefe de gabinete del alcalde Aguilera. Olguín, quien ha dicho que compraba y vendía autos usados, fue sorprendido en tres ocasiones en 2013 (entre febrero y julio de ese año) a bordo de vehículos robados. En dos de ellas fue condenado y en la tercera obtuvo una suspensión condicional de la pena. Olguín acumula varias detenciones y formalizaciones por otros delitos como daños simples y lesiones (ver aquí su historial de detenciones).

Otro de los miembros del círculo de hierro de Aguilera es José Miguel Zapata (PS), actual concejal de San Ramón y funcionario del Gobierno Regional Metropolitano. La investigación de CIPER descubrió que Zapata creó en 2007 la sociedad AIES, la que se adjudicó al menos seis licitaciones en San Ramón entre 2014 y 2015, las que suman un total de $283,5 millones. Si bien Zapata hoy no aparece oficialmente en la sociedad, CIPER corroboró que sigue siendo su controlador.

El acarreo de votantes, el amedrentamiento de los rivales y el generoso empleo de recursos públicos en favor de sus adherentes, son tres factores clave que han abonado la carrera de Aguilera. Sus agresivos partidarios son imbatibles a la hora de movilizar electores para inclinar votaciones internas del PS o primarias (de concejales y alcaldes de comunas aledañas, parlamentarios y consejeros regionales) donde compiten candidatos que pueden ampliar su influencia.

La misma fuerza territorial se desplegó con eficacia cuando San Ramón se convirtió en un balón de oxígeno para la recolección de firmas de Alejandro Guillier: los escuderos de Aguilera consiguieron 1.500 fichas en una sola jornada.
EL “CHINO” EN CAMPAÑA

La aceitada maquinaria para movilizar votantes fue el trampolín que impulsó a Aguilera a las ligas mayores. Fue en este campo de agresivas disputas electorales donde se tejieron sus vínculos con el narcotraficante Jorge Pinto Carvajal. El “Chino” Pinto, a pesar de su prontuario, fue contratado a honorarios por la Municipalidad de San Ramón desde marzo de este año, apenas a un mes de haber salido de la cárcel.


Botillería de Goycolea con Pedro Lagos (Fuente: Google street view)

La familia de Pinto Carvajal tiene una antigua historia en la Población La Bandera, la misma donde creció el alcalde Aguilera. En esa población, los Pinto tienen dos botillerías, un minimarket y un bar. Una de las botillerías, la que está ubicada en Goycolea con Pedro Lagos, figura a nombre de Miguel Ángel Sánchez Yáñez. El joven de 21 años es yerno del “Chino” Pinto y fue detenido en septiembre cuando conducía una camioneta en la que se transportaba a Concepción 20 kilos de pasta base de cocaína. Por el mismo delito fue detenido Jorge Pinto.

CIPER comprobó que la relación entre el alcalde y el “Chino” se remonta, al menos, hasta 2012. El 1 de abril de ese año, para las primarias municipales de la Concertación, Aguilera obtuvo el pase para convertirse en jefe comunal, abriendo la senda que lo encumbró en la directiva del PS. En esa campaña de 2012, el “Chino” formó parte de un grupo que amedrentó a los partidarios de Genaro Balladares (DC), el escollo que Aguilera debía sortear para competir por la alcaldía.

La primaria terminó en escándalo. A la hora del recuento, el “Chino” Pinto encabezó un piquete que le propinó una golpiza y amenazó con armas de fuego a seis integrantes del comando de Balladares.


Julio Soto Martínez, ex concejal del PRI

El “Chino” fue identificado como el líder de ese grupo de choque en varios documentos internos de la DC, lo que prueba que sus vínculos con Aguilera no se remiten solo al contrato a honorarios de este año. CIPER tuvo acceso a un correo electrónico enviado el 4 de abril de 2012 por un dirigente local DC al entonces secretario nacional de ese partido, Víctor Maldonado, actual subsecretario general de la Presidencia. En ese mensaje se denunció que Erni Soto, hijo del ex militante DC y luego concejal de San Ramón por el PRI, Julio Soto, fue quien llamó a Pinto para que irrumpiera en el local de votación donde se produjo la golpiza.

“Los agredidos fueron cuatro de seis personas, pues una huyó en su auto y la otra se encerró en el vehículo en el que había llegado. Los agresores fueron cuatro, armados. Comandados por Jorge Pinto Carvajal (alias Chino Pinto), llamados por el hijo de Julio Soto, ex DC y hoy PRI. Pinto cuenta con un prontuario de seis condenas cumplidas y se le busca por armas, drogas y lavado de dinero”, dice el mensaje que se envió a Maldonado.

En el correo se adjuntaron las fotografías de dos de los agredidos, uno de ellos con un hematoma en un brazo producto de un “cachazo” de pistola. La segunda víctima, con un golpe en la boca, era Francisco Andrés Olguín, quien posteriormente se pasó al bando de Aguilera e integró el círculo de hierro que el alcalde instaló en la municipalidad. El lunes 16 de octubre, Olguín renunció a su cargo de jefe de gabinete del edil, tras ser cuestionado en el reportaje de Informe Especial porque no se le apartó de ese puesto cuando en 2015 cumplió condena por receptación y manejo en estado de ebriedad.

Dirigentes DC de la comuna recuerdan que en esa campaña de primarias la entonces senadora Soledad Alvear fue sacada a empujones de un local por un grupo encabezado por Pedro Jaque Cavada, hoy asesor clave de Aguilera, cuestionado por dobles contratos en la municipalidad y expulsado del PS.

El recuento de votos estuvo plagado de escaramuzas. En ese clima, el resultado tuvo tintes dramáticos: triunfó Aguilera por apenas 17 votos. La DC exigió un nuevo conteo: según sus cálculos, la victoria era de Balladares por 11 votos.


Plaza inaugurada por el alcalde Aguilera durante su mandato (Fuente: Municipalidad de San Ramón)

Uno de los líderes DC de San Ramón indicó a CIPER que todo lo ocurrido en esa jornada, incluyendo la agresión del “Chino” Pinto, fue informado en detalle al entonces presidente del partido, Ignacio Walker, y quedó plasmado en escritos que se redactaron –con asesoría del ex subsecretario de Justicia, Jaime Arellano– para presentarlos al Tribunal Electoral de la Concertación.

–Mandamos hasta el prontuario policial y la foto del “Chino”. Pero, cuando se vio el caso, los miembros titulares del tribunal no se presentaron. Sesionaron los suplentes y perdimos 4 a 1. No quisieron enfrentarse con Aguilera –dijo a CIPER un dirigente DC.

Cinco años después, el escándalo igual golpeó la línea de flotación de Aguilera por sus vínculos con Jorge Pinto. Tras una temporada en la cárcel, el “Chino” obtuvo la libertad condicional en febrero pasado y al mes siguiente la municipalidad lo contrató a honorarios en un proyecto de mantención de áreas verdes (vea el decreto municipal). Inicialmente, el contrato era por tres meses, hasta junio pasado, pero en julio fue revalidado hasta diciembre (vea ese nuevo decreto). El “Chino” no pudo completar el trabajo: desde el 5 de septiembre está en prisión preventiva por el envío de los 20 kilos de pasta base a Concepción.

En los dos decretos de contratación el honorario estipulado para Pinto –$555 mil mensuales­– excede largamente lo que se paga al resto de sus “colegas” en ese proyecto. La mayoría percibe $133 mil, $177 mil, $222 mil y, en el mejor de los casos, $333 mil mensuales.

El round de las primarias de 2012 no es el único episodio que muestra cómo operan las redes de Aguilera en San Ramón. La Corte de Apelaciones de San Miguel guarda un antecedente que también lo grafica.


José Miguel Zapata, concejal y funcionario del GORE (Fuente: Municipalidad de San Ramón)

El 18 de marzo de 2013 el abogado de la CUT, Rubén Jerez, ingresó un recurso de amparo preventivo para el “cese de las amenazas de detención”, acusando al alcalde Aguilera y al entonces concejal Julio Soto Martínez. El documento, al que tuvo acceso CIPER, indica que entre el 1 y el 8 de ese mes los dirigentes sindicales Ana Barrera, Berta Ponce, Nolberto Díaz, Marco Canales, Leonardo Gutiérrez, Antonio Gálvez y Esteban Maturana, concurrieron al Centro de Salud Familiar (Cesfam) La Bandera a recibir los reclamos de trabajadores por despidos injustificados y abusos laborales. Allí fueron amedrentados por un grupo de 15 personas que, según la denuncia, estaban “bajo la dependencia” de Aguilera y Soto (vea el recurso).

El tribunal finalmente desestimó el recurso, basándose en dos documentos exculpatorios: uno del propio Aguilera y otro de una dirigente sindical de la misma municipalidad. En el primero, el alcalde sostuvo que no concurrió en esas fechas al Cesfam y que no mandató a nadie a intimidar a los denunciantes (vea ese escrito).

El segundo documento es de Ana Barrera, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud de la Municipalidad de San Ramón. En ese texto, la dirigenta explicó que no fue amenazada por el alcalde, ya que él no estaba cuando sucedieron los hechos. Pero confirmó que sí recibieron “insultos y amenazas por parte de algunos funcionarios municipales, los cuales constan en la denuncia efectuada en la 31 Comisaría de San Ramón” (vea esa carta).
LA RED DE SANTIAGO SUR

La contratación de una persona con antecedentes por narcotráfico, fue el plato fuerte de la emisión de Informe Especial. Pero el reportaje también acreditó una serie de anomalías relacionadas con nepotismo y dobles contratos que benefician a los allegados a Aguilera.

La fuerza de estas pruebas provocó que el Tribunal Supremo del PS resolviera expulsar del partido al propio alcalde Aguilera, a su cuñado José Luis Barrera Pino, a su mano derecha Pedro Jaque Cavada y a la hermana de este último, Katherine Jaque Cavada (vea aquí el fallo íntegro).

Respecto de la expulsión de Barrera Pino, encargado de los recintos deportivos de San Ramón, el fallo del Tribunal Supremo del PS, señala:


Marcela Rosales, dueña de la Automotora Vespucio San Ramón

“Que, en el caso del militante José Luis Barrera Pino, quien aparece en un audio reproducido en el reportaje (…) ofreciendo trabajo a Jorge Antonio Pinto Carvajal, resulta evidente su directa responsabilidad en los hechos”.

Este fallo es el primer golpe que recibe en el PS la extensa red política que Aguilera tejió desde que asumió la alcaldía. Su eficiente máquina para movilizar electores le había permitido en la última interna socialista, instalar un grupo de sus partidarios en el Comité Central. Allí figuran su esposa, Giovanna Barrera Pino; la controladora de la sociedad que administra la automotora que funciona en un terreno de la municipalidad, Marcela Rosales Belmar, y su hija, Marcela Aliste Rosales; y la concejal de San Ramón Roxana Riquelme.

Hasta 2016 eran miembros del Comité Central del PS el también concejal de San Ramón José Miguel Zapata, el esposo de Marcela Rosales, Luis Aliste Carvajal y Eduardo Bermúdez Romero. Este último ahora es secretario nacional de Organización del PS, encabezó el proceso de refichaje de militantes del partido y actualmente se desempeña en el área de exonerados del Instituto de Previsión Social (IPS). Asimismo, la hermana del alcalde, Mónica Aguilera (PS), es consejera del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) y postula a su reelección.

Aguilera ha extendido sus dominios hacia las comunas aledañas. En ellas mueve sus peones para manejar las elecciones internas del oficialismo y así poner o sacar alcaldes y concejales de acuerdo a sus intereses.

La esposa y la hija del alcalde de Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna (PPD), han sido contratadas en San Ramón. En los registros de Transparencia de la municipalidad figura la esposa de Bruna, Mónica Faundes Pino, empleada a honorarios como técnico superior de enfermería hasta mayo de este año por $602 mil mensuales. Su hija, Camila Bruna Faundes, quien postula a diputada en el distrito 13 por el PPD, aparece contratada como enfermera al menos hasta septiembre pasado con un honorario de $888 mil.

Los documentos de Transparencia registran que el concejal de La Cisterna Patricio Ossandón (PS) también ha trabajado a honorarios en el municipio de Aguilera: primero en el programa Más Capaz de Sence, por $999 mil mensuales, hasta junio pasado. Luego figura como asesor en proyectos de seguridad ciudadana y participación, por $888 mil, con contrato hasta diciembre. Información publicada por El Mercurio indica que también habrían trabajado en San Ramón los concejales de La Granja Silvana Poblete y Juan Valdés, ambos socialistas, además del concejal de Lo Prado Jimmy Arce, también del PS.

Dos concejales de La Pintana han sido contratados a honorarios en San Ramón: Rubén Urrutia (PRSD) y Juan Bustamante (PC). Urrutia como abogado en el área de Salud entre abril y junio de 2017, con $1,2 millón mensual. Bustamante recibió $500 mil en abril y mayo de este año, como administrativo del sector Salud.

En La Pintana, Aguilera también trató de posicionar como futuro candidato a alcalde a su jefe de gabinete, Francisco Andrés Olguín. Y su cuñado, José Luis Barrera, intentó instalar un centro de acción social, lo que fue interpretado como una plataforma para proyectar una postulación al concejo municipal de La Pintana.
LOS MISTERIOS DE LA AUTOMOTORA

El Parque Automotriz Vespucio San Ramón se ha convertido en el eje donde se cruzan distintos personajes de la trama donde se teje el poder del alcalde Aguilera. Administrado por una sociedad de Marcela Rosales Belmar, la que paga a la municipalidad 200 UTM mensuales ($9,3 millones), CIPER detectó a más de 80 vendedores de autos que operan allí.

Una de las sociedades que registra domicilio en la automotora es “Bastías y Zamorano y Compañía Limitada”, cuyo socio Juan Carlos Bastías Olea registra condenas por narcotráfico. En 2010, Bastías fue condenado a 10 años por pertenecer a una red que digitaba traslados de cocaína de Arica a Santiago, utilizando para ello a mujeres adolescentes. En 1997 había sido condenado a cinco años y un día por tráfico de cocaína.


Parque Automotriz Vespucio San Ramón

La familia de Marcela Rosales tiene historia en el negocio automotor. Su padre y varios de sus tíos participan en Automotriz Comercial Bulnes y en Automotriz Los Reyes Vespucio. El Parque Automotriz Norte, ubicado en Huechuraba, a un costado del Movicenter, es de su tío José Eduardo Rosales Abad y de Lorena Contreras González.

Marcela Rosales ha sido durante años una aliada política de Miguel Ángel Aguilera. Integraron la misma lista para el Comité Central del PS en 2015, y en 2016, durante la campaña de Rosales para ser alcaldesa de Conchalí, ella contó con la colaboración de Ángel Omerovich, ex jefe de gabinete de Aguilera en San Ramón entre 2012 y 2015.

Omerovich formaba parte del comando presidencial de Alejandro Guillier, al menos hasta fines de septiembre, como el mismo lo publicó en redes sociales. Después del reportaje de Informe Especial Omerovich no ha vuelto a postear sobre su trabajo en esa campaña.
ZAPATA Y SU EMPRESA FANTASMA

San Ramón es una de las comunas que concentra más inversión del Gobierno Regional Metropolitano (GORE). Las calles de la comuna lucen múltiples áreas verdes, recintos deportivos, luminarias y mejoramiento de infraestructura, lo que explica la alta votación con la que Aguilera se reeligió en 2016.

Aguilera tiene dos arietes en el Gobierno Regional: su hermana Mónica, que es consejera regional y postula a la reelección; y José Miguel Zapata Vergara, jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE, la que colabora en la elaboración del presupuesto de inversión y coordina su ejecución, seguimiento y control.


Cancha inaugurada durante la gestión del alcalde Aguilera (Fuente: Municipalidad de San Ramón)

En paralelo, Zapata es concejal de San Ramón y controla una sociedad que ha firmado contratos millonarios con el mismo municipio para proyectos que, en algunos casos, tienen financiamiento del GORE.

Coordenadas-Asesorías en Investigación Social (AEIS) es una consultora que se ha adjudicado seis licitaciones en la Municipalidad de San Ramón por un total de $283,5 millones, entre 2014 y 2015. CIPER descubrió que si bien José Miguel Zapata Vergara la creó en 2007, y después ha entrado y salido de ella, las facturas (todas enviadas a su mail personal, ver aquí), los correos electrónicos (ver aquí) y los testimonios de sus trabajadores, confirman que el funcionario del GORE sigue siendo su único controlador.

De hecho, la consultora hoy no tiene cuenta corriente, por lo que Zapata utiliza su cuenta personal para gastos e ingresos.

Profesionales que trabajaron para esa empresa, relataron a CIPER las irregularidades que presentan las licitaciones que ésta se ganó en San Ramón. Una de ellas es la elaboración de un diagnóstico de seguridad comunal, el que se adjudicó en agosto de 2015, y cuyas bases fueron conocidas por la consultora de Zapata con antelación, ya que habría trabajado en ese proyecto desde 2014 con la Secretaría de Planificación del municipio. Por ese contrato se pagaron $15 millones.

Los otros cinco contratos son por trabajos en diseño y planificación de inversión pública, precisamente el área en la que Zapata se desempeña en el GORE.

“No declaré esa empresa porque no tenía relación legal con ella”, respondió José Miguel Zapata cuando CIPER le preguntó por qué no incluyó a la consultora AIES en su declaración patrimonial cuando asumió como concejal de San Ramón.

-Hago una autocrítica, pero nunca me puse en una situación de negociación incompatible. Pero a lo mejor debí desligarme completamente de la empresa. Lo que pasa es que la había creado hace más de diez años, en ella he trabajado mucho tiempo y, a lo mejor, en el futuro vuelva a trabajar en ella. Mientras no haya una negociación incompatible no constituye un delito -añadió Zapata.

La relación con la política siempre estuvo presente en AEIS. CIPER revisó encuestas de campaña realizadas en el call center de la consultora previo a la elección municipal de 2016 en las comunas de Independencia, Huechuraba, Recoleta, Conchalí, La Granja, Arica, Ovalle y Montepatria. La indagación de CIPER arrojó que AEIS solo hacía el trabajo de campo subcontratada por Sintaxis, propiedad de Iván Schütz, ex tesorero del Instituto Igualdad, vinculado al PS y del que fue despedido en 2013.
EL SOBRINO

“Me ofende lo que me estás diciendo. Porque los estacionamientos yo los licité solo y me vi súper perjudicado, porque al mes me quitaron casi el 70% de ellos”, afirmó Daniel Parra Soto cuando CIPER le consultó sobre la influencia que el alcalde Aguilera y su tío, el ex concejal Julio Soto, habrían ejercido para que él obtuviera el contrato para administrar inicialmente más de 500 estacionamientos en la comuna de San Ramón.

CIPER detectó que ese contrato es uno de los 12 que las sociedades en las que participa Parra han firmado con el municipio de San Ramón. Además de la concesión de estacionamientos, se ha adjudicado 11 licitaciones por un total de $750 millones, entre 2015 y 2017, por mejoramiento de áreas verdes, recintos deportivos e infraestructura educacional.

Tres sociedades de Parra son las beneficiadas: Inversiones Grupo Blangil, M.R. Inmobiliaria y Construcción y Stacionar y Seguridad. Las tres solo han ganado licitaciones públicas en San Ramón y fueron constituidas entre 2013 y 2015.

-Todo lo he hecho por Mercado Público y totalmente transparente. Y también he perdido muchas licitaciones. Me han sacado multas millonarias porque me he atrasado. Mi tío (Julio Soto) nunca ha tenido participación en las empresas. Tampoco tengo una relación cercana con él –acotó Daniel Parra.


vía:
http://ciperchile.cl/2017/11/04/la-historia-del-alcalde-de-san-ramon-con-el-narco-que-hundio-su-carrera-politica/

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