"Guerrero: las masacres que vienen" (Revista Proceso, 1 de noviembre, 2015)
General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional
John M. Ackerman
Todos sabemos cómo termina esta película. Primero se declara el colapso de las instituciones de seguridad pública locales para justificar la intervención de las “fuerzas federales”. Acto seguido se nombra a un general de la Fuerzas Armadas “coordinador” o “enlace” para el “operativo conjunto” en el estado correspondiente. Más tarde el mando federal acumula tanta fuerza que se convierte en la figura política principal en el estado. Por último, el gobierno militar de facto impone su “ley” y se generalizan las masacres indiscriminadas en contra de ciudadanos inocentes, así como las detenciones arbitrarias de activistas sociales.
El primer acto del nuevo gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, inmediatamente después de tomar protesta de su cargo el pasado martes 27 de octubre en el Congreso estatal, fue organizar una vistosa reunión pública en el puerto de Acapulco junto con los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Soberón, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En esta segunda toma de protesta frente a quienes realmente mandan en la entidad se anunció que llegarían miles de nuevos elementos federales para “reforzar la seguridad”. Asimismo, se nombró al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX Región Militar, coordinador general de la nueva estrategia de total militarización de Guerrero.
La “nueva estrategia” de seguridad pública de Astudillo viola de manera flagrante el artículo 129 constitucional, el cual señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (por ejemplo, Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas castrenses únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.
La estrategia ya ensayada en Michoacán, el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco se traslada hoy a Guerrero. Astudillo no será más que una correa de transmisión, en realidad un “comisionado federal” más, para las órdenes emitidas desde la Ciudad de México. Estos lineamientos, a su vez, responden a los mandatos emitidos por las fuerzas armadas de Estados Unidos y los circuitos financieros internacionales. Guerrero ya no es digno de ser llamado oficialmente un “estado libre y soberano”. A partir del 27 de octubre sería más correcto referirse a esta entidad como el “estado militar y subyugado de Guerrero”.
Un día después del anuncio de Astudillo de su “nueva estrategia de seguridad pública”, varios agentes federales ingresaron a la comunidad de Carrizalillo, del municipio de Eduardo Neri, junto al río Balsas, para aprehender al líder comunitario Roberto López García. Sin embargo, los pobladores no lo permitieron y detuvieron a dichos elementos bajo la acusación de que estarían trabajando bajo las órdenes del grupo criminal Guerreros Unidos.
A los ciudadanos de Guerrero les queda perfectamente clara de cuál lado se encuentran las autoridades en la lucha por la paz y la justicia en el estado. Frente a la traición de las instituciones públicas, es en los dignosluchadores sociales y en los pocos políticos valientes que se han aliado con las causas ciudadanas donde habría que depositar nuestra confianza.
Los funcionarios nombrados por Astudillo revelan claramente las redes de intereses que controlarán al gobierno estatal. Su secretario de Gobierno es Florencio Salazar Adame, antiguo diputado, presidente municipal y líder priista. En el año 2000, Salazar Adame saltó del barco para fungir como “coordinador nacional de Adhesiones” para la campaña de Vicente Fox, con quien sería después coordinador del “Plan Puebla-Panamá” y secretario de la Reforma Agraria. En este segundo cargo foxista, uno de sus más importantes asesores y funcionarios era el ahora perredista y marcelista Armando Ríos Piter. Posteriormente, durante la campaña presidencial de Calderón en 2006, Salazar Adame fungiría como secretario general adjunto del PAN. Hoy este “chapulín” profesional y cacique local regresa a casa con el gobierno priista de Astudillo.
Gracias a los reportajes de la revista Proceso nos hemos enterado de que Astudillo también colocó a los hijos de Manuel Añorve Baños y de René Juárez Cisneros en puestos importantes de la administración. El nuevo gobernador también ha invitado a colaborar a figuras políticas cercanas a Elba Esther Gordillo, como José Luis González en la Secretaría de Educación, y Ángel Aguirre y Jorge Salgado Parra en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.
Una vez más se confirma el mito de la supuesta “transición democrática” en México. Lo único que ha ocurrido durante los últimos 15 años ha sido la circulación de la misma clase política de siempre entre diferentes partidos y puestos políticos. La lógica del poder caciquil, represor, neoliberal y corrupto sigue siendo exactamente igual que antes. Todos tenemos la obligación ciudadana de participar en la construcción de un nuevo bloque histórico con suficiente fuerza para renovar de manera profunda y radical las coordenadas de la política nacional.
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Publicado en Revista Proceso, No. 2035
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