Guatemala: Poderes e impunidad en Guatemala.. anulación de la condena por genocidio contra Ríos Montt..PIA.

PIA.- El pasado lunes la Corte Constitucional (CC) de Guatemala anuló la sentencia contra el dictador Efráin Rios Montt al desconocer parte del proceso judicial. En la resolución se expuso que se habían efectuado procedimientos que no se ajustaban a la constitucionalidad –tal como había argumentado la defensa del genocida-.  Con la medida se echó por tierra la condena a 80 años de prisión contra Montt tras ser hallado responsable de la matanza de más de 1700 asesinatos –comprobados-  contra miembros de la comunidad maya ixil en los años 1982 y 1983.
De fondo subyace una trama de impunidad que sigue vigente en Guatemala sustentada por poderes económicos, políticos  y militares que a lo largo del proceso judicial -y luego de establecida la condena- reprodujeron presiones y amenazas. La patronal empresaria, por ejemplo, hizo público su rechazo al juicio y exigió la anulación de la condena.
Incluso, las complicidades sobre el genocidio alcanzan al actual gobierno. Testimonios de las víctimas y pruebas documentales implicaron al actual presidente Pérez Molina – ex general del Ejército- como parte activa de las masacres a indígenas y campesinos.  En consonancia con esas acusaciones, en octubre del 2012 el mandatario fue señalado como responsable del asesinato de indígenas a raíz de una represión policial.
El propio Ríos Montt  fue miembro del Congreso de Guatemala  ante lo cual logró esconderse detrás de la inmunidad legal durante años. Recién en el año 2012, al dejar el Poder Legislativo, pudo empezar a investigarse de modo formal su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad.
Además de los poderes económicos nacionales, entran en juego los intereses de Estados Unidos, cuyo rol en la dictadura guatemalteca aún debe ser investigado en profundidad. Organismos de derechos humanos señalan que el gobierno del país del norte de América – bajo la administración de Ronald Reagan- era cómplice del accionar de Ríos Montt – y otros dictadores-  a través de apoyo político, suministro de dinero, armas e inteligencia.
El entramado judicial
“Anule todo lo actuado en la fase del debate a partir del 19 de abril de 2013; quedando anulado todo lo actuado en ese proceso con posterioridad a esa fecha, por ser que ésta en la que fue notificada el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A”, se expresó en la resolución de la Corte Constitucional del lunes pasado. La decisión fue tomada en base a un amparo presentado por la defensa de Montt luego de que el pasado 19 de abril el abogado Francisco García  fuese expulsado por el tribunal.
El juicio siguió adelante en base a una decisión de la propia Corte que resolvió la reinstalación de García, pero en la cual no se expidieron acerca sobre la causa de la suspensión del juicio. “El tribunal- constitucional- hizo justicia; eran demasiadas las aberraciones jurídicas y una vez más el tiempo nos da la razón”, dijo el abogado García.
La defensa de Montt intentó desde un inicio detener el proceso judicial. El 19 de marzo, García asumió su rol de abogado de Montt de modo espontáneo en reemplazo de los representantes que actuaban hasta ese momento.  Como primera táctica, recusó a dos de los tres integrantes del tribunal por considerarlos “parciales”, argumento que fue rechazado por la corte que resolvió continuar con la toma de testimonios.
Con posterioridad García fue expulsado de la sala de audiencias acusado de intentar desacreditar a los jueces, ante lo cual la defensa solicitó amparo ante una Sala de Apelaciones, que lo concedió el 19 de abril y ordenó suspender el juicio de manera provisional. De todos modos el Tribunal continuó con el proceso, acción que el abogado tomó como argumento ante la Corte Constitucional  para anular parte del juicio al considerar que no se había cumplido el amparo provisional.
La reciente resolución de la CC aceptó los recursos de la defensa pero con opiniones divididas, tres contra dos. Tras la decisión se escondieron presiones de poderes tales como el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) quienes habían amenazado de modo explícito con movilizar a hombres de la Patrulla de Autodefensa Civil.
Hacia una nueva condena
En términos judiciales, las maniobras de la defensa sólo atañen a tecnicismos legales que buscan dilatar el proceso.  De todos modos, las opiniones acerca de la continuidad del juicio están divididas. Por un lado, están quienes destacan que los imputados no fueron absueltos y que no se atentó contra las actuaciones procesales y periciales que demuestran su culpabilidad en las matanzas.
Por otro lado, desde un sector de la querella ponen en duda que pueda continuarse el mismo proceso judicial a partir de la fecha señalada -19 de abril- dado que el Tribunal ya emitió opinión. El  abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) – querellante –sostuvo que el Tribunal está vedado de seguir el juicio contra Montt, dado que es inviable jurídicamente por haber dictado sentencia.
Reyes repudió el fallo del máximo tribunal e indicó que presentaron una aclaración, enmienda de procedimiento y nulidad de lo actuado, con el objeto de revertir la resolución de la CC. Desde Caldh también explicaron que será difícil combatir el temor y la inseguridad que se despertó en los testigos.
Desde la defensa, la maniobra consiste en aceptar la nueva realización de un juicio, pero exige que se cambie a los tres magistrados del tribunal.
De todos modos, la reanudación del proceso judicial aún debe sortear presiones y temores. El día miércoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió a la Sala Primera de Apelaciones la resolución de la Corte que anuló la sentencia contra Ríos Montt para que ésta le diera cumplimiento, pero  los magistrados titulares de esa instancia se excusaron de conocer ese proceso, y la terna debió ser conformada con suplentes.
El martes pasado sucedió lo mismo en otra Sala, pero en ese caso incluso fracasaron en el intento de integrarse con suplentes. En ambas oportunidades, alrededor de quince magistrados presentaron diversas excusas para abstenerse.
Repudio a la impunidad
“Es lamentable y repudiamos este caso, y como pueblos indígenas vemos que la justicia en Guatemala está secuestrada por el poder económico, político y militar”, sostuvo el líder y sacerdote maya Manuel Vail. A su vez, indígenas sobrevivientes del genocidio denunciaron que quienes testificaron en el juicio fueron sistemáticamente amenazados por ex paramilitares, residuos de la dictadura guaemalteca.
Desde la organización Hijos de Guatemala  destacaron que en su país sigue vigente la alianza oligárquico-militar, la cual recurrió a la guerra psicológica, la amenaza y la manipulación para amedrentar a quienes participaron del juicio y dividir al pueblo guatemalteco. “Al estilo de la guerra contrainsurgente, el discurso mediático de empresarios y militares apostó por aglutinar el pensamiento conservador, racista, xenófobo y reaccionario, afianzado en las corporaciones de comunicación nacionales”, sostuvieron en un comunicado.
“Como autoridades ancestrales de la región ixil consideramos que con el fallo otorgado por la Corte Constitucional se ha debilitado el sistema de justicia y se ha desacreditado al país ante la comunidad internacional”, manifestó el representante de las autoridades indígenas de Nebaj, José Miguel de León. Nebaj, Cotzal y Chajul son tres municipios, conocidos también como el Triángulo Ixil, donde se constató el asesinato de mil 771 indígenas a manos de fuerzas represivas durante el régimen de Ríos Montt.
También se dieron a conocer repudios a la decisión de la CC a nivel internacional. “El fallo es contrario a derecho y contradice también la obligación del Estado de Guatemala de juzgar y castigar a los responsables de los crímenes graves”, expresó el director de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena.
A su vez, 150 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos presentaron una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, contra la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y otras entidades, a quienes señalan como responsables de lanzar una campaña de difamación, criminalización y amenazas.
Sentencia por genocidio
El pasado 10 de  mayo, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt – formado militarmente en Italia y Estados Unidos- , fue condenado por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El Tribunal presidido por la jueza Jazmín Barrios consideró que era responsable del asesinato de 1771 muertes en 15 matanzas por su jerarquía en la cadena de mando dentro del Ejército, entre 1982 y 1983.
En las audiencias desarrolladas dieron su testimonio más de 70 testigos acerca de los asesinatos, violaciones y saqueos y matanzas en las aldeas mayas llevados a cabo durante la dictadura, en base a lo cual el tribunal había considerado que los grupos militares actuaban de modo sistemático. Según el fallo, los planes fueron diseñados y ejecutados con una estrategia que incluyó aviones y bombas desde el aire y que utilizó la violación de mujeres y el hambre “como estrategia de guerra”.
El juicio abordó el primer caso en el que un ex jefe de Estado de Guatemala es procesado por los miles de asesinatos cometidos por el Ejército enmarcados en la figura de genocidio. La decisión de la Corte también dejó sin efecto la absolución que favoreció al general retirado José Rodríguez, antiguo jefe de Inteligencia Militar, quien estaba acusado por similares delitos.

Vía:
 http://www.noticiaspia.com.ar/poderes-e-impunidad-en-guatemala-anulacion-de-la-condena-por-genocidio-contra-rios-montt/