Cerca de las cuatro de la tarde del pasado domingo 6 de mayo, José Quezada llegó al Centro Cerrado del Sename en San Bernardo para visitar a su hijo Rodolfo. Luego que entraran su mujer y su sobrina, el funcionario de Gendarmería que lo revisaba le pidió que se desnudara y se quitara hasta la ropa interior. Él, conocedor del reglamento para visitas, pidió que se le mostrara donde se permitía la revisión. Entonces las cosas se complicaron.
“Este señor me dice que no y se pone súper agresivo -relata Quezada-. Converso con el oficial de guardia, el cual me afirma que efectivamente no está reglamentado y que ellos hacen lo que quieren. Entonces sale un suboficial súper ofuscado y me empieza a increpar, a decirme que yo no voy a hacer lo que he hecho con otros compañeros, porque él es más antiguo, está a cargo de la unidad y me hace lo que quiere. Me toma del cuello, me zamarrea, me pega combos en las costillas y acto seguido me saca hacia afuera de la oficina, porque la agresión fue ahí, en un lugar donde no había cámaras. Cuando yo le dije ‘voy a llamar al señor Masferrer (Luis, director nacional de Gendarmería) y te voy a denunciar’, él se ofusca mucho más, me saca para afuera, me golpea y salgo acompañado de otro funcionario”.
José Quezada es padre de Antonio, joven que a los 20 años murió en el incendio ocurrido el 8 de diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel. Desde entonces, ha participado de las querellas contra gendarmes presentadas luego de la tragedia y ha denunciado golpizas en centros del Sename. Por eso, dice, hay “un clima de reticencia” hacia él.
“Me
decía que por culpa mía habían compañeros de ellos detenidos. Yo
siempre converso con el señor Masferrer y con (el ministro de Justicia)
don Teodoro Ribera, por lo de San Miguel. Por eso me increpan. Te juntai
con ellos, me dicen, las otras palabras son irreproducibles. Este señor
me sacó eso al tapete, cosa que no tenía sentido en el momento, era
otra situación. Cuando me vio, me reconoció y empezó su agresión”,
recuerda.El hombre constató lesiones leves en el cuello y un brazo en el Hospital Parroquial de San Bernardo y denunció por el hecho al suboficial Jaime Oliva. Según su relato, cuando la policía quiso obtener la versión del gendarme, éste ya no estaba en el centro de reclusión. Finalmente, luego de tampoco encontrarlo en su domicilio, fue aprehendido y formalizado por el delito de lesiones. Antes, asegura José Quezada, su camioneta y un carro policial recibieron piedras lanzadas por los gendarmes desde el centro de reclusión.
La causa es investigada por la Fiscalía local de San Bernardo, pero paralelamente Gendarmería realiza un sumario. “Él denunció al Ministerio Público, lo que lleva a que la institución en forma paralela ordene hacer un sumario administrativo para aclarar algunas dudas respecto a si efectivamente ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades administrativas que supuestamente pueden estar afectadas”, explica el director regional, Luis Alberto Camino.
La autoridad penitenciaria agrega que también se investiga si el suboficial Oliva abandonó sus deberes al salir de la unidad, pero no confirma las acusaciones: “No lo puedo señalar, existe la denuncia. No puedo aseverar que los hechos ocurrieran así, por eso se realiza un sumario”, señala. Al intentar obtener su versión, Jaime Oliva no se encontraba en el centro de San Bernardo, donde dijeron no conocer sus teléfonos personales.
“El viejo anda sapeando”
“Ese día se produjo un cambio total en mi vida, la pérdida de un hijo, en las condiciones que quedó, ni a mi peor enemigo se lo desearía. Las condiciones en las que vi a mi hijo fueron terribles. Le tuvieron que amputar sus manos, porque murió pidiendo ayuda agarrado a la reja, la cual nunca le llegó. Quedó hecho un carboncito”.
Desde la madrugada de ese 8 de diciembre, José Quezada tuvo que comenzar a compatibilizar su trabajo en una empresa de servicios con reuniones junto a abogados y autoridades, visitas a tribunales y apariciones en la prensa.
Hoy
mantiene una fluida relación con el director de Gendarmería, Luis
Masferrer. Pero eso no evitó que, junto a otros familiares, lo increpara
en la ceremonia que conmemoró el primer aniversario de la tragedia. “Me
enojé mucho con Masferrer, porque quiso sacar en cara la inversión del
ministerio de Justicia. Pero yo no estoy hablando de plata, estoy
hablando de un pedido de perdón”, afirma. “Él dijo ‘hicimos una gran
inversión’. Y ese mismo día, con funcionarios de Gendarmería, yo recorrí
la cárcel de San Miguel y me mostraron que la única parte que repararon
fue donde había sido el incendio. Las condiciones del resto de los
internos eran exactamente las mismas. Ellos hablaban de gran inversión
en la cárcel de San Miguel y habían invertido en pavimentar un trozo
donde iban a hacer la misa. Habían puesto unas palmeras para que la
prensa y todos viéramos que había una preocupación, pero solo en ese
lugar. El resto estaban en las mismas condiciones”, asegura.“Ninguno de ellos quiso decir ‘esto fue culpa de nuestra institución’, sino que se dedicaron a hablar de que habían invertido tantos millones en mejorar algo que no estaba mejorado, solamente estaba maquillado”, añade.
De acuerdo a José Quezada, las transformaciones en los centros penitenciarios luego del incendio en San Miguel son prácticamente inexistentes. “Recién estamos viendo leyes para hacer cambios”, precisa.
El hacinamiento, además, se repite en centros de reclusión de menores, como el de San Bernardo y otros administrados por el Sename. “Hay menores que están con medidas de protección, ni siquiera procesados, y viven siete en una casa, en un cubículo de tres por dos, donde solamente hay tres camas. Duermen dos por cama. Son menores de 14 años hacia arriba. Y cuesta mucho que denuncien, porque después les pasan la cuenta”, indica.
Represalias que, luego del incidente del domingo pasado, su hijo Rodolfo ya vivió en San Bernardo. “El viejo ya anda sapeando, eso le dicen. Para ellos, yo soy el sapo”.
Vìa:
http://radio.uchile.cl/noticias/151819/
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