El Fondo Ganadero de Córdoba adquirió en forma fraudulenta 46.000
hectáreas de las mejores tierras y una parte de los empresarios
bananeros se hizo de predios pertenecientes a la Nación o a los
campesinos que la violencia obligó a huir.
Ahora se sabe que, aprovechando la situación, el Fondo Ganadero
de Córdoba adquirió en forma fraudulenta 46.000 hectáreas de las
mejores tierras y una parte de los empresarios bananeros se hizo a
predios pertenecientes a la Nación o a los campesinos que la violencia
obligó a huir.
Escribo esta columna antes de saber en qué termina la concentración
de miles de campesinos en Necoclí para apoyar la Ley de Reparación a
las Víctimas y de Restitución de Tierras, pero conozco uno por uno los
detalles de su preparación. Todo empezó en diciembre pasado cuando una
representación de seis organizaciones de la sociedad civil acudió al
Palacio de Nariño para hablar con el presidente Juan Manuel Santos y
varios ministros y funcionarios de la necesidad de la movilización
social y de una alianza entre el Estado y la sociedad para enfrentar a
los enemigos de la ley y llevar a la práctica los enunciados de este
ambicioso proyecto de dignificación de millones de colombianos golpeados
por la violencia.
En la reunión Carmen Palencia, vocera de la asociación Tierra y
Vida, le manifestó al presidente que resultaba increíble que Urabá no
apareciera como una de las zonas donde se iniciaría la reparación y la
restitución. Señaló Santos que obedecía a la estrategia de empezar por
lugares donde, al parecer del gobierno, se encontrarían menos
obstáculos. Que la complejidad de esa región era enorme y lo mejor era
cosechar experiencias en sitios de menor resistencia antes de acometer
la tarea en el punto más espinoso.
Los argumentos fueron y vinieron y la discusión concluyó en que se
incluiría a Urabá como lugar prioritario y que allí, en medio de una
manifestación, ojalá multitudinaria, se le enviaría un mensaje al país
entero de que tanto el gobierno como la sociedad civil no cejarían en el
empeño de aliviar el dolor de las víctimas y de entregarles a los
campesinos lo que les arrebataron las fuerzas ilegales.
Ahora bien, no la faltaba razón a Santos. En Urabá se anudan todas
las violencias. En los años ochenta las guerrillas del EPL, el ELN y las
Farc adelantaron una intensa campaña de asesinatos, secuestros y
extorsiones sobre los empresarios y alentaron la organización sindical y
la protesta social para responder a las precarias condiciones laborales
en que vivían los trabajadores bananeros. Después, en los años noventa,
las Farc perpetraron la masacre de la Chinita, uno de los peores
episodios de la violencia nacional.
Luego llegaron los paramilitares de Carlos Castaño y en una fatal
alianza con empresarios y políticos desataron una cacería humana y una
cruzada de expropiaciones y despojos que arroja cifras espeluznantes.
Urabá acumuló 720 sindicalistas asesinados, es decir, más de una tercera
parte de los sacrificados en el país. En 1997 y 1998 las cifras de
homicidios se acercaron a 800, con una tasa superior a todas las
regiones de Colombia. También el desplazamiento forzado se encumbró por
esos años. Y en los últimos tiempos el blanco han sido 11 líderes de las
víctimas que han pagado con su vida la osadía de defender el derecho a
la restitución.
Ahora se sabe que, aprovechando esta situación, el Fondo Ganadero
de Córdoba adquirió en forma fraudulenta 46.000 hectáreas de las mejores
tierras de la zona y una parte de los empresarios bananeros se hizo a
predios enormes pertenecientes a la Nación o a los campesinos que la
violencia obligó a huir.
De ahí que, una vez se anunció la confluencia de gobierno y
organizaciones sociales para marchar hacia Necoclí, llovieron todas las
presiones. Los Urabeños, con el pretexto de protestar por la muerte de
uno de sus jefes, desataron un paro armado a principios de enero con la
evidente intención de mostrar el gran poder que ostentan en la región.
Los empresarios bananeros, que ayer financiaron la implantación de los
paramilitares en la zona, rechazaron abiertamente la movilización y se
vinieron hasta la oficina del ministro del Interior para hacer un
descarado lobby orientado a impedir la asociación entre víctimas y
gobierno en procura de la reparación y la restitución.
Esta ha sido la antesala de un evento que aspira a rendir un
homenaje a las víctimas del territorio más asolado por la violencia y
tiene el propósito de entregar títulos de propiedad a campesinos
largamente olvidados por la sociedad. ¡Ojalá salga bien! ¡Ojalá el
gobierno no se arrugue en esta misión!
Vìa: http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/9385-colombia-se-incremanta-el-robo-de-tierras-a-campesinos.html
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