miércoles, 9 de noviembre de 2011

Mèxico : La Justicia comunitaria, de cara al pueblo...Cencos

En la misma comunidad donde nació la Policía Comunitaria hace 16 años y en el mismo marco de una asamblea regional, ciudadanos y ciudadanas Na savi y Me’ Phaa de la Montaña Alta y Costa Chica, ejercieron el derecho que les asiste, para aplicar su sistema de justicia comunitaria, como parte de su autonomía jurídica y política frente al Estado. En la comunidad de El Rincón, municipio de Malinaltepec, con la representación de 56 comunidades, con más de 200 policías comunitarios y una asistencia que rebasaba los 300 asistentes de comunidades circunvecinas, la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias (CRAC) demostró su calidad como autoridad legítima de los Pueblos al informar y consultar en asamblea el caso de 5 personas detenidas y acusadas por delitos contra la salud.
Desde la Montaña de Guerrero, donde el Estado ha abandonado por décadas (por no decir por siglos) a los Pueblos Indígenas, se pone a la vanguardia a nivel nacional un sistema de justicia y seguridad comunitarias que tiene como eje central la protección y respeto de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Es un modelo inspirado en las formas de gobierno indígena, donde el tema de la justicia forma parte del núcleo básico para garantizar una gobernabilidad comunitaria. La misma mesa central de las comisarias se le conoce como la mesa de la justicia. En el plano religioso, en la mayoría de comunidades indígenas existen rituales que se realizan tanto en la comisaria, como en los mismos cerros donde piden la lluvia, para que los sabios presenten a sus autoridades ante las ´potencias sagradas y les ayuden a aplicar la justicia con rectitud. Piden sabiduría para saber ejercer el poder como un servicio y ser un instrumento eficaz que en la mesa sepa actuar con imparcialidad, transparencia, respeto y rectitud. La justica para los Me’ Phaa la expresan como ri nanbaanu ikhíí, rí mitsan que significa  buscar el equilibrio o el arreglo entre las partes; buscar lo cierto, lo verdadero, lo bonito.
Por su parte el gobierno federal ha fracasado  en su estrategia belicista contra el narcotráfico que ha causado desolación y muerte, sin que haga mella el negocio prospero de la comercialización y venta de drogas. Las autoridades han preferido alinearse a la política antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos firmando el plan Mérida para trabajar en una perspectiva militarista que atenta contra los derechos humanos. Este plan entre las elites políticas está orientado a endurecer leyes y penas, dejando intacto el sistema financiero que le ha dado auge a los grandes capitales que se nutren de las ganancias del narcotráfico. Hay una postura inflexible del ejecutivo federal sobre la utilización del ejército como el principal actor, que con las armas en las manos y en las plazas públicas se enfrente al crimen organizado. Lamentablemente las balas y los hechos de sangre son los principales indicadores de una guerra que hunde sus raíces en causas sociales y en la misma disfuncionalidad y corrupción del sistema que sostiene estas políticas.
A nivel federal la inversión militar comparada con la inversión social, en las regiones pobres como en la Montaña, es desproporcionada, los mismo sucede en el rubro de seguridad pública, que sigue siendo un recurso que se maneja en la opacidad, y que para desgracia de los guerrerenses, los millones de pesos que se han invertido para seguridad nos han ahogado en el pantano de la ignominia. A pesar de tanta inversión destinada a la seguridad pública, en las siete regiones del estado, las diferentes corporaciones policiacas están amarradas con el crimen organizado y su mayor debilidad, es que son sumamente permeables para  trabajar con el patrón que mejor les pague. Los ministerios públicos tiene la triste fama de ser agentes que han hecho de la extorción una práctica consuetudinaria. En estas agencias se han enquistado grupúsculos de toda índole que ven los delitos como un negocio redituable. En estos lugares se atemoriza a la sociedad, porque en lugar de brindar y dar confianza a la gente, se le ignora, discrimina  e intimida.
La ciudadanía ha agotado todos los medios y las instancias para alcanzar justicia, ha tenido mucha paciencia para esperar la reacción de las autoridades y esto no se ha dado. Siempre ha demandado la depuración de las corporaciones policíacas y nadie se ha atrevido a asumir este pendiente como parte de una política de un estado democrático. Las mismas autoridades han cerrado los espacios y cancelado las oportunidades para que la sociedad se exprese y coadyuve en esta responsabilidad. Por el contrario, ha prevalecido la desconfianza en las iniciativas de la ciudadanía,  han tirado por la borda todos los esfuerzos de la gente que se organiza y que se decide a poner orden en su entorno, que detiene a los que cometen delitos en flagrancia, sin embargo, no ve que las autoridades sean corresponsables y solidarias. No les interesa ver a una sociedad organizada que sirva de  palanca para remover los escombros de un sistema decrépito que sigue anclado en los intereses mafiosos de los grupos de poder.
Por su parte la Policía Comunitaria, el único plan que ha formalizado de palabra es con los pueblos pobres de la montaña, y el único recurso con que cuentan, es con la fuerza que nace desde abajo para constituir un sistema de seguridad que se nutre con gente dispuesta a dar la vida, para que las comunidades no tengan que padecer los abusos y las extorsiones de los agentes del estado. Este sistema se levantó desde el dolor y el sacrificio de las familias que fueron víctimas de múltiples abusos; se nutrió con la fuerza que le ha dado la asamblea regional y se erigió como un modelo hecho a toda prueba  con el ejemplo, el testimonio, la rectitud, la sabiduría y la entrega de todos los policías comunitarios, sus consejeros y consejeras, sus comisarios y los coordinadores y coordinadoras de la CRAC. Desde que empezó a operar este sistema el gobierno se empeñó en perseguirlos; les integró averiguaciones previas, ejercitó órdenes de aprehensión, los amenazó y les dio un ultimátum para que desaparecieran. El Ejército desarmó a varios grupos y de manera reiterada los persigue y acosa. A pesar de que las mismas autoridades han constatado las bondades, la legitimidad y los resultados de este sistema, en la práctica los desacreditan, los discriminan y criminalizan. Los ven con recelo y en lugar de reconocer y respetar su trabajo, buscan la forma de socavar los logros que han obtenido. No existe respeto a sus derechos como pueblos, ni reconocen  que tienen la fuerza y la capacidad para combatir de raíz las causas de la inseguridad con métodos muy diferentes a los que usa el gobierno.
Lo que testificamos el día sábado 5 de noviembre fue una enseñanza inédita para el gobierno y para el país: las autoridades comunitarias convocaron a una asamblea regional para poner en consideración un caso de suma relevancia, que está alterando la vida y la seguridad de los pueblos de la Montaña Alta y de la Costa Chica. La audiencia pública ha sido el mejor método para analizar, los casos, donde están presentes las personas acusadas junto con sus familiares. La presentación pública de quienes fueron detenidos en flagrancia es la forma más saludable para ventilar su situación legal y dar oportunidad para que puedan manifestar su sentir y su verdad. En lugar de intermediarios (como regularmente son los representantes legales o abogados particulares), este sistema opta para sean sus propios familiares quienes los representen ante las autoridades comunitarias. Lo que se busca en una primera instancia es que la asamblea conozca a los acusados y de esta manera se pueda recuperar la práctica consuetudinaria,  conocida como vergüenza pública. Se trata de que la población identifique a las personas que están dentro de su jurisdicción y que están siendo procesadas por algún delito. En este encuentro público la asamblea toma el pulso de las personas que están acusadas; dimensiona su realidad socioeconómica; logra ubicar el contexto socio cultural donde acontecen los hechos y se da una idea del nivel de peligrosidad y responsabilidad que pueden tener.
La presentación de Feliciano Ponce de 17 años de edad; de su papá Pedro Ponce de 42 años originarios de Rio Encajonado municipio de Cochoapa el Grande, así como de los hermanos Javier y Marco Ventura de 21y 19 años, originarios de Cahuañaña del mismo municipio, así como de Javier Orozco, originario del Estado de México, impactó a la mayoría de los presentes, porque nadie se imaginaba ver a personas sumamente pobres, 4 de ellas provenientes del municipio mas rezagado del país. Más que ver a personas de alta peligrosidad, vimos más bien a jóvenes que sufren el olvido y la discriminación, a jóvenes que forman parte del eslabón más débil de la cadena delincuencial del narcotráfico. Vimos a las víctimas  del crimen organizado, que provienen de una región que ocupa el primer lugar nacional en producción de amapola.
La asamblea regional no tuvo la menor duda de que estas personas tienen que investigarse para saber cómo está entretejida la telaraña del negocio de las drogas, e identificar a  los verdaderos responsables que pertenecen a otros sectores de la sociedad que gozan de inmunidad. Esta acción ejemplar es una muestra clara de lo que es capaz la Policía Comunitaria: de detener un cargamento de 600 kilos de marihuana, de incinerarla públicamente y de demostrar que esto se hace con transparencia y con el respaldo de los pueblos. Es una contribución eficaz, que sin tanto aspaviento, ayuda al gobierno a desmantelar las redes del narcotráfico que encadenan y esclavizan a la población pobre y excluida de la Montaña. La acción de la CRAC pone a prueba a las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico, quienes no han dado los resultados que espera la sociedad desde hace varios lustros. A pesar de tanto presupuesto, armamento y equipo artillado el ejército y las corporaciones policíacas que coadyuvan, no han logrado revertir las índices de criminalidad y de alta incidencia en la siembra y trasiego de enervantes en la Montaña. ¿A qué se debe?
Conforme avancen las investigaciones, las autoridades de la CRAC sabrán aplicar sabiamente la justicia comunitaria a las 5 personas que son víctimas de un sistema económico que los orilla a involucrarse en actividades ilícitas. Desde la región más pobre la CRAC les demostrará  a las autoridades federales que su estrategia militarista es equivocada y que pierde más en perseguir y criminalizar a la Comunitaria
07 de Noviembre de 2011
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Vìa :
http://www.cencos.org/node/27897

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