Expresamos: que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de las
33 madres centroamericanas que recorrieron México buscando a sus hijos
desaparecidos y pidiendo fin a la impunidad de los crímenes y abusos
que atentan contra los derechos y la integridad de miles de migrantes
que cada año cruzan el país para llegar a Estados Unidos, no quede en el
olvido.
El Estado mexicano está en deuda con las personas migrantes en
tránsito. A pesar de los adelantos de la nueva Ley de Migración y de los
esfuerzos de depuración de las instituciones responsables de la gestión
migratoria, no se ven avances concretos y las desapariciones,
secuestros, maltratos y extorsiones continúan sin el necesario acceso a
la justicia y al resarcimiento para las familias de las víctimas.
“Es lamentable que estados como Oaxaca, Veracruz, Estado de México,
Coahuila y San Luis Potosí sigan siendo panteones para migrantes, en
donde los violan, asesinan y vulneran sus derechos humanos. El censo
general de toda Latinoamérica en los últimos cinco años, indica que son
60 mil los migrantes desaparecidos por el paso en tránsito por México
hacia Estados Unidos, tomando en cuenta que CNDH habla de unos 20 mil
secuestros al año, cifra que es insuficiente, porque existen fosas
clandestinas”, señala Martha Sánchez, coordinadora del Movimiento
Migrante Mesoamericano.
Estas madres, que se movilizan desde el dolor más profundo que
significa que les hayan arrancado un familiar y negado el derecho a la
justicia, se fueron con la esperanza de que México asuma su
responsabilidad y su compromiso de iniciar de inmediato los trabajos de
búsqueda y recopilación de información. Piden al Estado mexicano se
generen las bases de datos necesarias de ADN para poder identificar a
las personas migrantes desaparecidas y hacer efectivo su acceso a la
justicia.
El gobierno mexicano debe asumir su responsabilidad de prevenir,
proteger y resarcir el daño sufrido por estas madres y otras personas
ofendidas por los agravios que sufren las personas migrantes en su paso
por México. Debe esforzarse por que las madres encuentren a sus
desaparecidos, un derecho fundamental, e investigar estos casos al igual
que lo ha hecho en los casos de grandes empresarios y figuras públicas
como son los de Wallace y Sicilia. Además, debe trabajar para modificar
la circunstancia escandalosamente trágica de inseguridad extrema de las
personas migrantes en tránsito por México.
La desaparición, secuestro y muerte de migrantes se ha agravado
terriblemente. Tragedias como la matanza del 23 de agosto de 2010 de 72
mujeres y hombres migrantes en la localidad de San Fernando,
Tamaulipas, y otras tantas que han pasado desapercibidas, deben ser
motivo suficiente para que el gobierno desarrolle herramientas de
investigación adecuadas y ponga en práctica una buena coordinación con
los gobiernos estatales para eficientar los procesos de procuración de
justicia, particularmente de investigación y de identificación y
registro de los restos de personas no identificadas.
El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; PRODH Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Coalición Pro defensa del
Migrante de Baja California; DPMH Dimensión Pastoral para la Movilidad
Humana; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; I(dh)eas,
Litigio Estratégico en Derechos Humanos; INEDIM Instituto de Estudios y
Divulgación sobre Migración; IMUMI Instituto para las Mujeres en la
Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; NALACC
Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red
por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras, IAP; Manuel
Ángel Castillo García, Grupo Guatemala – México; Leticia Calderón,
Analista en temas migratorios; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; José
Antonio Guevara, Consultor; Karina Arias, Consultora, Foro Migraciones.
Más información sobre la Caravana de Madres
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario