jueves, 17 de noviembre de 2011

Colombia : “El gobierno colombiano ha de reconocernos como víctimas de sus crímenes de Estado” ....Entrevistamos a Íngrid Vergara, la archiamenazada defensora de derechos humanos colombiana y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Periodismohumano ...por Santi Quiñones


Íngrid Vergara durante la entrevista con Periodismo Humano (Diego Sandoval)
“Te aseguro que ni yo soy guerrillera, ni mi marido un ideólogo de las FARC, ni mi hija de 15 años merecedora de las gravísimas amenazas que la han lanzado”, espeta con calma y determinación la opositora colombiana Íngrid Vergara, portavoz de Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado). Tiene más impaciencia que miedo o ira en la mirada. No, no asoma la mueca torva del odio ni el rastro del temor en los ojos de nuestra entrevistada, sino el reflejo de la urgencia. Cada día en que se perpetúa el conflicto armado es un día perdido, insiste, un día en que habrá nuevos asesinados y desaparecidos, más desplazados forzosos que lo perderán todo, más violaciones y atrocidades sin cuento en una guerra a múltiples bandas que no llama la atención internacional pero desangra el país. Cada día cuenta, cada vida cuenta.
No en vano Íngrid Vergara es una curtida defensora de derechos humanos en Colombia, una superviviente de mil exterminios, que recibe regularmente amenazas atroces contra ella y su familia, pero que ha decidido que la palabra está de su lado, del lado de los que sufren la violencia, y no del lado de los que la perpetran. Íngrid conversó con PERIODISMO HUMANO en Bruselas, adonde viajó el pasado 9 de noviembre para participar en un evento público y para reunirse con ONG, europarlamentarios y otros representantes del Parlamento Europeo. Llegaba de Bilbao el día anterior y volaba al siguiente a Oslo antes de ir a Barcelona.
“La UE está en óptima situación para ayudar a los defensores de derechos humanos en Colombia, pues tiene una gran relación y una influencia sobre el gobierno de Santos que casi nadie más tiene”, señala Íngrid Vergara. “Los europeos pueden hacer mucho para que Santos acabe con la impunidad y provea al final al pueblo colombiano verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos. Aunque Europa no se dé cuenta, la voz y la acción de sus instituciones, ONG y ciudadanos pesa mucho en Colombia, donde la oposición carece de garantías y a menudo es tildada de comunista, señalada y objetivo de la violencia”.

Vergara durante su conferencia en Bruselas (D. S.)
La historia de Íngrid es una síntesis de la existencia atormentada que padece la sociedad civil colombiana aún hoy, por más que la percepción internacional sobre Colombia haya mejorado desde la asunción como presidente de Juan Manuel Santos en agosto de 2010. “El discurso ha mejorado, pero el respeto a los derechos humanos no”, advierte Íngrid, que hasta ahora ha sobrevivido a dos atentados, a una larga campaña de hostigamiento y estigmatización personal, a la burda acusación de que su pareja, el sociólogo Franklin Torres, es ideólogo de la guerrilla FARC, y a amenazas paramilitares que regularmente recibe su entorno del tenor de éstas, recibidas las últimas semanas entre improperios, muestras de seguimiento y faltas de ortografía: “Haga patria: mate a un guerrillero”, “Serán ejecutados, sapos guerrilleros gonorreas hijueputas”, “Íngrid Vergara, tú tendrás qué lamentar” o “Si quieren tierra la tendrán pero sobre sus cajones”.
La restitución de tierras robadas por los paramilitares, en efecto, es una reivindicación clave del activo tejido social colombiano. En la última década han sido asesinados al menos 44 dirigentes de comunidades desplazadas que reclamaban la restitución de sus tierras. Hablamos de un robo de tierras perpetrado a punta de cañón y a gran escala: muchos de los 5’3 millones de desplazados forzosos que contabiliza CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) se vieron simplemente obligados un día a escapar sobre la marcha y con lo puesto, dejando atrás proyectos y propiedades, incluidas sus tierras. Codhes cifra en 6’6 millones de hectáreas arrebatadas por este procedimiento a lo largo de los años: ocho veces la Comunidad de Madrid, o una Suiza y media, o un tercio de Gran Bretaña. Una superficie inmensa de tierra fértil arrebatada a los ojos de todos, tras el telón de la balacera y las atrocidades. Ese es el botín visible y duradero de la guerra que la alianza de terratenientes y narcotraficantes ha perpetrado, y sigue perpetrando hoy, contra la población civil colombiana.
Crímenes responsabilidad del Estado
La tesis de Íngrid y de Movice es que los desplazados, y en general los colombianos víctimas de violaciones de derechos humanos (más de la mitad cometidas por paramilitares, un tercio por el estado y el resto por los guerrilleros, según las principales ONG internacionales) son en última instancia víctimas de la acción u omisión del estado. “El Estado es responsable directo o indirecto de todas las transgresiones a los derechos, y es legítimo pedirle cuentas. Somos víctimas de crímenes de Estado, y nuestro esfuerzo en Movice es el de ayudar a tomar conciencia de ello, organizarlos, empoderarlos y visibilizar a las víctimas, que son millones y millones”, explica Íngrid. “Cada día que permanecen invisibilizadas todas esas víctimas es un día más en que son vulnerables al señalamiento y su posible eliminación. Son víctimas revictimizadas”.
Íngrid es una resistente endurecida por el peligro. De joven logró sobrevivir al sistemático exterminio que sufrieron los líderes y cuadros del partido Unión Patriótica (UP), un genocidio político (según han reconocido ya el Consejo de Estado, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) iniciado en los años 80 y nunca concluido: dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales y entre 4.000 y 7.000 militantes de UP fueron asesinados por paramilitares, militares y narcotraficantes.
Ahora sufre el hostigamiento contra Movice, que sólo en el diminuto departamento de Sucre lleva contabilizadas 104 agresiones violentas, incluidas el asesinato de dos de sus líderes: Rogelio Martínez y Eder Verbel Rocha. “Exigimos que el gobierno reconozca oficialmente los crímenes de Estado, que pida perdón a los familiares de las víctimas y al país, y que articule políticas eficaces para investigarlos hasta las últimas consecuencias”, reclama Íngrid. Y que proteja de manera específica al colectivo mayoritario de víctimas, las mujeres”, colectivo que según la Defensoría del Pueblo suponen el 54% de los desplazados, o el 80% si se incluye a los niños que dependen de ellas.
Reconocer el conflicto sin afrontarlo
“La situación de la gente sigue y seguirá empeorando si no hay negociación. Cada día de guerra es un día malgastado”, enfatiza Íngrid para subrayar lo intolerable de la situación que sufre la población. “El gobierno nuncaha tenido una agenda de paz negociada de verdad, solo momentos en que cada administración ha dado pasos erráticos en función de sus intereses. La reciente Ley de Restitución de Tierras ha sido un avance, aunque no se consultó a las víctimas, y revela una contradicción radical: el Estado reconoce el conflicto armado y sus consecuencias, pero se niega a atajar sus causas y negociar su final”. Y añade: “Nosotros no estamos con ninguno de los actores armados, tampoco con la guerrilla. No coincidimos con ellos porque nosotros no creemos en una solución armada. El conflicto tiene que negociarse. Nosotros apostamos por un acuerdo negociado en el que tiene que participar la sociedad, los actores civiles. No podemos sentarnos a negociar nada con los actores armados”, sostiene. Sus ojos centellean al constatar que algo tan evidente no debería necesitar mayor aclaración.
Sin embargo, nada es evidente en el entorno en el que se mueven las víctimas del conflicto armado en Colombia. “El escándalo de la parapolítica [la revelación de que cientos de políticos afines y simpatizantes del ex presidente Uribe son culpables o acusados de paramilitarismo] revela que Colombia la ha gobernado una democracia genocida, con millones de votos llevados a las urnas bajo la amenaza de las armas”, denuncia la portavoz de Movice.
La política local, emponzoñada
“Y el problema no ha desaparecido. Con Santos ya ha habido 20 defensores de DDHH asesinados”, advierte Íngrid, que no hace referencia a la campaña internacional lanzada el pasado abril, que denunciaba que solo durante el primer trimestre de este año hubo 96 agresiones a defensores de DDHH, entre ellas nueve asesinatos, 68 amenazas graves y cuatro desapariciones. La plataforma Oidhaco, que agrupa a 32 ONGs europeas y americanas de defensa de los DDHH, viene denunciando estos incidentes insistentemente ante la indiferencia oficial europea y colombiana.
La dimensión del problema la revela Íngrid al descender a la pequeña escala. Movice agrupa a nivel nacional 700 organizaciones de víctimas de la guerra, estructuradas en 15 “capítulos regionales”. Ella pertenece al de Sucre, “un pequeño departamento caribeño de 800.000 habitantes cuyos cinco últimos gobernadores han sido detenidos, y el último recientemente condenado por la Corte Constitucional a 48 años de cárcel”, resume. “Pero es que entre la fiscalía y las autoridades locales suman otros 84 imputados. Decenas de testigos de estos juicios han sido a su vez asesinados en total impunidad”. Y esto en un departamento periférico de 800.000 habitantes. “Falta depurar la política local, que hoy sigue en manos de una mafia de paramilitares y narcotraficantes”, demanda Íngrid. “No podemos avanzar si nos tenemos que sentar cada mañana con alcaldes y gobernadores condenados o acusados de parapolítica. Es un ambiente irrespirable y muy peligroso”.

“Si quieren tierra la tendrán, pero sobre sus cajones”
Esta es la transcripción literal de una amenaza electrónica remitida a la oficina de Íngrid Vergara en Movice Sucre el pasado 9 de junio, desde el email aguilasnegras3rageneracion@yahoo.com.ar [‘Águilas Negras’ es un conocido escuadrón de la muerte, entre los más sanguinarios de los paramilitares]. El asunto del correo era “MUERTE A MIEMBROS DEL MOVICE”:
JUAN DAVID DIAZ
LO ESTAMOS DECLARANDO OBJETIVO MILITAR AL IGUAL QUE A LOS OTROS MIEMBROS DEL MOVICE EN SUCRE. NO DESCANSAREMOS HASTA EXTERMINARLOS A TODOS  YA ESTE AÑO HEMOS DADO DE BAJA A DOS DE USTEDES Y PRONTO SERAN MAS.
A USTED LO TENEMOS UBICADO Y PRONTO LE DAREMOS DE BAJA YA NOS ESTAMOS IMAGINANDO LAS CARAS DE LAS RATAS DEL PETRO Y EL CEPEDA CUANDO ACABEMOS CON USTED  SI ES QUE LOS PAISAS NO SE NOS ADELANTAN.
SI QUIEREN TIERRA LA TENDRAN PERO SOBRE SUS CAJONES.
AGUILAS NEGRAS
PD: SU MUJER CADA DIA ESTA MAS BUENA, SU HIJO LO SACAN POCO ¡PERO LO SACAN¡,SU HERMANA REGRESO Y SU MADRE ESTA ESCONDIDA.
POR UNA COLOMBIA MEJOR
¡¡PATRIA O MUERTE¡¡
*          *           *
Esta es la transcripción literal de otra amenaza, dirigida personalmente contra Íngrid Vergara, su pareja Franklin Torres y sus colegas Candelaria Barrios y Pedro Geney, recibida el 10 de junio desde la dirección sangrecorre2011@hotmail.com bajo el lema “aguilas volando”:
HAGA PATRIA, MATE A UN GUERRILLERO!!!
NO HABRA QUIEN LOS SALVE, HACEMOS UN ULTIMO LLAMADO DE ADVERTENCIA: TIENEN UN ULTIMO PLAZO PARA SALIR DE LA ZONA…DESDE ESTE PRECISO MOMENTO HASTA EL DIA MARTES DEBERAN ABANDONAR LA ZONA O SERAN EJECUTADOS DE UNA VEZ POR TODA….EN LOS MONTES DE MARIA NADIE LOS LLAMO…SAPOS GUERRILLEROS GONORREAS HIJUEPUTAS
CANDELARIA BARRIOS ACOSTA
PEDRO GENEY ARRIETA
FRANKLIN TORRES
INGRID VERGARA CHAVEZ ALIAS LA GORDA TU TENDRAS QUE LAMENTAR  CONTINUAMOS CON LA CAMPAÑA: HAGA PATRIA, MATE A UN GUERRILLERO!!! ESTAN ADVERTIDOS…NADIE LES DIJO QUE SE METIERAN DONDE NO SE LES NECESITABA


Fuente, vìa :
http://periodismohumano.com/en-conflicto/%E2%80%9Cel-gobierno-colombiano-ha-de-reconocernos-como-victimas-de-sus-crimenes-de-estado%E2%80%9D.html

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