(apro).- Armados con palos, piedras, pedazos de madera, latas de zinc
y toda clase de escombros, y blindados con una proclama de “no al
narcotráfico”, los vecinos de Las Orquídeas—barrio costarricense ubicado
en la periferia norte capitalina—iniciaron una pacífica rebelión
cívica.
Asidos a una muralla moral, física y social y temerosos por las
consecuencias y los riesgos de una fuga de supuestos narcos, los
moradores lanzaron una inusual protesta callejera e impidieron que dos
mexicanos acusados de traficar 177 kilos de cocaína a Guatemala y a
México, se alojaran en una casa de la colonia y disfrutaran de las
comodidades del arresto domiciliario de 120 días que les concedió un
tribunal de Costa Rica.
La “rebelión de Las Orquídeas”, barriada de Guadalupe en el municipio
de Goicoechea, ocurrió el 19 de mayo al atardecer y fue imitada en la
mañana del 24 por los pobladores de San Jerónimo y El Guarco—barrios del
municipio de Moravia, de la periferia noreste—para decirle no a la
eventual llegada de los mexicanos Rubén Martínez Trujillo y Elvis
Mendoza Rivera, presos desde el 11 de octubre de 2010 luego de un
descubrimiento de tráfico de cocaína.
“No hay paso, no hay paso”, advirtió María Luisa Rojas, una
embravecida habitante de Las Orquídeas que se ubicó cerca de la vivienda
para bloquear el anunciado ingreso de ambos mexicanos. Con un niño en
sus brazos, y mientras los demás residentes del barrio colocaron las
barricadas, Rojas clamó: “Por favor, ayuda para que estos
narcotraficantes no vengan a robarnos la paz en este lugar”.
A poca distancia, policías costarricenses ni reaccionaron para
prohibir el bloqueo de una vía pública. Algunos vecinos se encadenaron
al portón del domicilio que ocuparían los mexicanos. En medio del
confuso escenario, una sorprendente noticia llegó a Las Orquídeas: el
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses anunció
su rechazo a que oficiales de la Fuerza Pública (policía civil
gubernamental) asuman la protección de Martínez y Mendoza.
Tras señalar líos económicos y logísticos en la custodia, el
Sindicato alertó que “no permitirá que se respeten los derechos de dos
sospechosos de narcotráfico, en detrimento de los derechos laborales de
los oficiales policiales costarricenses. De darse tal atropello,
ejerceremos las acciones legales y de hecho para impedirlo”. Con los
mexicanos, la vida de los vecinos está en peligro, recalcó.
Empujados por el repudio de Las Orquídeas, los mexicanos debieron
regresar a las celdas de máxima seguridad en la prisión de La Reforma, a
unos 20 kilómetros al noroeste de esta ciudad, donde han permanecido
desde su captura. Allí quedaron a espera de que jueces, fiscales y
abogados defensores resolvieran un férreo debate de reclamos y
apelaciones acerca de otorgárseles o no el beneficio de la casa por
cárcel.
En la mañana del 24, al rechazo de Goicoechea se unió el de Moravia.
Medios locales de comunicación filtraron la noticia de que por orden del
Juzgado Penal de Pavas, en el oeste de San José, los mexicanos serían
ubicados en casas de habitación de los barrios de San Jerónimo o de El
Guarco.
De pronto, y movilizados por el temor de que los mexicanos se
convirtieran en sus inesperados (y no deseados) vecinos, las comunidades
comenzaron a organizarse y a reunirse frente a las viviendas. En la de
El Guarco, por ejemplo, empezaron gritar una vieja consigna política,
mientras pintaban pancartas: “El pueblo unido, jamás será vencido.
Moravia, unida, jamás será vencida”.
Molesto por lo que calificó como “grave peligro para todo el barrio” y
sentado a un lado de la entrada a la vivienda, Edgar Chavarría, uno de
los pobladores, declaró a Apro: “Nunca nos imaginamos
que la casa viniera a terminar en guarida de unos narcotraficantes que
no queremos tenerlos en Costa Rica”.
“No vamos a permitir que estén en nuestro país y mucho menos en el barrio”, afirmó.
Un numeroso grupo de miembros del vecindario se quedaron desde la
noche del 24 de mayo en una vigila de cautela y allí siguieron durante
el día siguiente, ya que temieron que la operación del traslado de los
mexicanos se realizara de sorpresa, quizás de madrugada, para aprovechar
un eventual retiro de los vecinos.
“Es una resistencia cívica contra el narcotráfico. El primer brote
fue en Goicoechea y pasó a Moravia. Estamos seguros, como país de paz,
de que en cualquier otra parte de Costa Rica en que se dé la alerta de
que va esta gente, la misma situación van a enfrentar. El sistema
judicial debe velar por la seguridad de las comunidades, no por la de
los narcotraficantes”, pidió Chavarría.
“Los narcos a la cárcel. Y si no, que los jueces y sus abogados
defensores se los lleven para su casa, a ver si va a resistir y no va a
poner en peligro a una comunidad que les va a responder de la misma
manera como estamos respondiendo aquí”, insistió.
¡Fuenteovejuna!
Costa Rica registra una creciente resistencia cívica al narcotráfico.
Los costarricenses se han unido a un grupo creado en Facebook para
rechazar a los traficantes.
“Una ciudadanía organizada y activa pondrá a pensar a los políticos y
a sus eventuales ‘narco-financistas’. Los poderes echarán para su saco,
en especial el Poder Judicial que se cree el Olimpo con sus intocables y
altisonantes dioses y diosas”, escribió Bernardo Gómez, uno de los
costarricenses que integran el grupo “Resistencia Cívica al
Narcotráfico”, en Facebook.
A diferencia de otros países, como Guatemala, en los que los
narcotraficantes son protegidos por las comunidades al convertirse en
sus benefactores sociales, en Costa Rica la situación es de cansancio
por la crisis de inseguridad y penetración de las narcomafias.
“Lo que permitió el Poder Judicial lo impidió (…) un indignado barrio
de Goicoechea que ante la posibilidad de tener como vecinos un par de
personajes provenientes de máxima seguridad del penal La Reforma se
levantaron con rejas, pancartas y cadenas para impedir semejante
atropello a su seguridad ciudadana al mejor estilo de una Fuenteovejuna a
la tica”, aseguró la analista política costarricense Nuria Marín, en un
artículo en el matutino La República, de esta ciudad.
“Se está dañando la imagen de un Poder Judicial que en un
ininteligible sentido de defensa de los derechos de los acusados abre de
par en par las puertas para una fácil fuga, con la consiguiente
impunidad de los imputados, o peor aún, el exponer a más violencia a
nuestros ciudadanos”, puntualizó.
La crisis se desató el 16 de mayo, cuando se informó que la juez
Kattia Jiménez, del Tribunal Penal de Pavas, en esta capital, resolvió
el 11 de mayo que los mexicanos pasaran del penal La Reforma a un
edificio de apartamentos en el oeste de San José. La jueza se basó en
que tras más de siete meses de encarcelamiento de Martínez y Mendoza, la
Fiscalía General (Ministerio Público) seguía sin presentar la
acusación.
La resolución, reconfirmada el 19 por el Juzgado y congelada por la
reacción en Las Orquídeas, obligó a la Fiscalía a apelar para pedir
cancelar el arresto domiciliario y mantener encarcelados a los
mexicanos, ante el peligro de fuga por su falta de arraigo en el país.
El 23 en la tarde, la Fiscalía finalmente les acusó de posesión de droga
para el tráfico internacional y de penalidad del corruptor. Al ser
capturados—cerca de Peñas Blancas, puesto de la frontera con Nicaragua,
en el norte del país—, los mexicanos intentaron sobornar al policía
Víctor Medina para que los dejara pasar a suelo nicaragüense, según la
acusación.
En la mañana del 25, y de manera previa a una audiencia para revisar
la petición de la Fiscalía, el Juzgado adoptó una medida que complicó
más el escenario: suspender al abogado Leonel Villalobos—exdiputado y
exviceministro de Seguridad Pública—de la defensa de Martínez y Mendoza,
porque presuntamente visitó a Medina hace varios días en su unidad
policial de la zona norte, para pedirle que variara la versión sobre la
oferta de soborno de los mexicanos.
Medina compareció el 25 en el Juzgado, ante Villalobos y la representación fiscal.
El Juzgado pidió a la Fiscalía abrir una causa contra Villalobos por
obstaculización de la justicia y pasar el caso a conocimiento del
Colegio de Abogados, institución gremial que regula el ejercicio del
derecho en Costa Rica. Además, ordenó que el abogado defensor saliera de
la sala donde se realizaría la audiencia, que fue reprogramada para el
27 de este mes. El co-defensor Gilberto Villalobos tomará el caso, pero
el exviceministro anunció que apelará por su restitución ya que nunca ha
visto a Medina.
Tras la denuncia del policía en su contra, el exdiputado replicó que
“no tengo el placer de conocer” a Medina. “Nunca he visto en mi vida (a
Medina). El señor (Medina) indicó que yo lo había ido a presionar a
Peñas Blancas para que cambiara un informe. En mi vida lo he visto al
señor, pero le dijo al juez delante de mí que yo soy la persona que lo
fue a presionar. El juez me separó de la defensa”, explicó.
Sin embargo, la Fiscalía destacó el valor del testimonio del policía.
“Es un hecho novedoso”, declaró el fiscal de Narcotráfico, Álvaro Montoya, a la salida del juzgado.
La figura de Leonel Villalobos ha sido controversial en el pleito,
pues en 1998 fue sentenciado a 12 años de cárcel por organización para
el tráfico internacional de drogas y en 2002 quedó en libertad
condicional. Asimismo, la juez Jiménez—la misma que aceptó beneficiar a
los dos mexicanos con ”casa por cárcel”—ordenó en enero de 2009 dejar
libre a Villalobos, tras ser acusado de ocultar bienes de un
narcotraficante sentenciado a prisión en Costa Rica en 2007.
Fuente, vìa :
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91743
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