(apro).- Recién nacidos en Chile padecen la desprotección de las
autoridades de salud y sufren intoxicaciones por el consumo de alimentos
y fármacos producidos por empresas trasnacionales.
Nestlé vende alimentos para bebés que contienen restos de pesticidas
en dosis que resultan perjudiciales para su salud, sin que el Estado de
Chile supervise estos productos ni establezca límites a su uso.
Por otra parte, el Ministerio de Salud está aplicando masivamente
vacunas, adquiridas a grandes empresas farmacéuticas, que contienen
altas concentraciones de mercurio.
Y para agravar más la situación de los menores, el presidente
Sebastián Piñera ha dado muestras en los últimos días de que no cumplirá
con la que fue una de sus principales promesas de campaña: entregar una
licencia laboral postnatal de seis meses para las madres de los recién
nacidos.
Nestlé, cuestionada
El escándalo estalló el 27 de diciembre pasado. Ese día la Liga
Ciudadana de Consumidores (LCC) dio a conocer que el prestigiado
Laboratorio Andes Control detectó Iprodione --fungicida tóxico de uso
agrícola-- en tres de cinco envases de colados Nestlé. Estos fueron
adquiridos en un supermercado Jumbo de Las Condes (Santiago), el 5 de
diciembre pasado.
Los análisis se hicieron en el contexto de una investigación
financiada por la LCC a productos masivos usados por niños y ancianos.
Según informó la LCC, mediante un comunicado emitido ese 27 de
diciembre, los valores encontrados en los colados de ciruela-pasa y
durazno son 0.04 mg/kg y 0.08 mg/kg, respectivamente. Estos valores
sobrepasan en 400 y 800% los límites máximos establecidos como
aceptables para residuos de pesticidas en alimentos infantiles, según la
norma de la Unión Europea, que es 0.01 mg/kg.
Por cierto, el colado de tutti fruti sometido a pruebas se encontraba justo en ese límite.
El Iprodione es cancerígeno y altamente tóxico por los daños que
provoca al hígado, testículos, ovarios, próstata, riñón y conductos
seminales.
Ese mismo día, la LCC exhortó a Nestlé a retirar voluntariamente del
mercado los alimentos contaminados con sustancias dañinas para la salud.
En caso de no hacerlo, pidió al Ministerio de Salud que suspenda la
distribución de estos alimentos a los beneficiarios del sistema de salud
pública y que prohíba su comercialización.
Sin embargo, nada de eso se ha hecho.
La viceministra de Salud, Liliana Jadue, minimizó el impacto de la
noticia. En entrevista publicada el 29 de diciembre en el diario La Tercera, expresó que “la población debe estar tranquila”, pues los productos “cumplen con la norma sanitaria chilena”.
Lo que no dijo Jadue es que Chile no tiene norma en esta materia. El
Reglamento Sanitario de Alimentos (Decreto 977/96) no fija límites de
residuos de plaguicidas que pueden contener los alimentos consumidos por
niños.
El único artículo que aborda esta materia (492) sólo establece “que
los productos deberán prepararse con especial cuidado mediante buenas
prácticas de fabricación a fin de reducir al mínimo los residuos de
plaguicidas que puedan exigir la producción, almacenamiento o
elaboración de las materias primas o del producto terminado”.
En conferencia de prensa realizada el miércoles 5 de enero, junto con representantes de la LCC y de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida,
la nutrióloga Cecilia Castillo --quien durante diez años dirigió el
Programa de Nutrición del Ministerio de Salud-- solicitó el “retiro
inmediato” de los colados Nestlé.
Además, expresó que solicitará a los legisladores que en el proyecto
de ley de prohibición de plaguicidas más peligrosos, actualmente en
trámite en el Congreso Nacional, se impida el uso de éstos en alimentos
primarios y procesados.
Asimismo, las organizaciones ciudadanas intentarán que se incluya, en
una eventual futura ley sobre el ramo, la obligación del Ministerio de
Salud de realizar monitoreos periódicos a los productos frescos y
procesados.
El Instituto de Salud Pública (ISP), por instrucciones del ministro
de Salud Jaime Mañalich, realizó otro análisis a los productos para
bebés de Nestlé, con el fin de verificar la veracidad de las denuncias
hechas por la LCC.
Este estudio, que fue dado a conocer el martes 4 de enero, arrojó
resultados similares al de la LCC. Los colados de pulpa de durazno y
ciruela-pasas contenían residuos de Iprodione, en niveles de 0.41 y 0.17
mg/kg, respectivamente.
Ese mismo día, Nestlé Chile decidió retirar de circulación, “en forma
voluntaria”, sus colados de durazno, hasta que “concluyan los
estudios”, indicó un comunicado de la empresa.
Fruto de las desavenencias provocadas por este tema entre el ministro
Mañalich y la subsecretaria Jadue, ésta presentó su renuncia el lunes
24. Según versión del diario electrónico La Tercera, a Mañalich le habría molestado el respaldo incondicional que dio la subsecretaria a Nestlé.
En entrevista con Apro, el presidente de la LCC,
Rubén Andino, expresó que “en Chile prácticamente no existe control”
sobre la producción y el comercio de estos bienes. Aseveró que “lo
normal es que se cometan irregularidades sin que la población lo
conozca”.
Sostuvo que la comentada investigación de la LCC estaba orientada a
saber especialmente el estado en que se encuentran los alimentos para
niños, “que son las personas más expuestas desde el punto de vista de la
salud”.
Andino destaca que luego de darse a conocer su estudio, y tras el
revuelo mediático que éste tuvo, se reunió con Mañalich. En la cita,
sostenida en el despacho del ministro el jueves 6 de enero, éste se
comprometió a que, a través de los servicios de salud, se iba a hacer un
monitoreo permanente de los alimentos.
El presidente de la LCC dijo que el tema del mal uso de pesticidas va
más allá de ser un tema de salud. “Este es un problema que afecta a la
economía porque Chile está en la lista de los países que no respetan la
normativa que se ha establecido internacionalmente para regular el uso
de tóxicos en agricultura”.
Afirmó que por esta razón “los productos chilenos están comenzando a ser cuestionados por los mercados internacionales”.
Andino sostuvo que el ministro Mañalich se comprometió a que su gobierno iba a legislar respecto a este tema.
El 1 de junio, un reportaje del programa Contacto de Canal
13 –la segunda emisión más vista de la televisión chilena-- mostró que
la casi totalidad de hortalizas consumidas en Chile están contaminadas
con altas dosis de plaguicidas.
Contacto, al igual que la LCC, contrató los servicios de
Andes Control. Se analizaron 36 muestras de espinacas, lechugas, tomates
y pimentones. Los resultados son escalofriantes: 67% de las lechugas
analizadas presentaron concentraciones de plaguicidas que sobrepasan la
norma chilena. Y si se considerara como parámetro la norma de la Unión
Europea, la rebasaría en 100%.
Un 11% de las espinacas (uno de los productos más consumidos por
bebés en Chile) sobrepasaba el límite de residuos establecido por la
legislación chilena. Estas espinacas contenían trazas de permetrina y
carbendazim, dos pesticidas que alteran los sistemas endocrino y
reproductivo, con efecto crónico que puede afectar la salud y el
desarrollo de los lactantes, provocándoles secuelas graves de por vida.
Es relevante señalar que, en 2006, el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura, realizó el estudio Programa de monitoreo de residuos de plaguicidas en vegetales. En él se analizaron 374 muestras: 233 de hortalizas y 141 de fruta, provenientes de todas las macrozonas del país.
Los resultados fueron espeluznantes: 63% de las frutas y verduras que
se expenden en este país contienen restos de algún tipo de insecticidas
y fungicidas de gran toxicidad aguda y crónica.
Los resultados se mantuvieron ocultos hasta que la Red de Acción en
Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) hizo la
denuncia.
Según estadísticas del Ministerio de Salud, el año pasado 710
trabajadores agrícolas –en su mayoría mujeres-- fueron contaminados con
plaguicidas: adquirieron enfermedades en muchos casos graves e incluso
invalidantes.
De acuerdo con cifras de RAP-AL, en Chile se intoxican cada año cerca
de 3 mil personas por efecto del uso de plaguicidas en agricultura.
En el hospital de Rancagua (unos cien kilómetros al sur de Santiago)
se hizo una estadística que buscaba cuantificar el drama de las
malformaciones congénitas que en forma creciente se venían observando.
De 10 mil 984 nacidos entre noviembre de 1996 y octubre de 1998, 442
tenían malformaciones congénitas. En gran parte éstas fueron
consideradas atribuibles al uso indiscriminado de peligrosos pesticidas
por parte de empresas agrícolas que operan en los alrededores de esta
ciudad, capital de la región de O’Higgins.
J.H. Nazer, T. Aravena y L. Cifuentes sostienen en su artículo Malformaciones congénitas en Chile. Un problema emergente, publicado por la Revista Médica de Chile (2001),
que “las malformaciones congénitas han adquirido gran importancia como
factores que afectan la morbilidad y mortalidad neonatal en Chile”.
Según los investigadores, la importancia relativa de las
malformaciones congénitas como causa de mortalidad infantil aumentó
desde 4.1% en 1970 a 35% en 1998.
En este estudio se plantea que la exposición a pesticidas sería la principal causa de estas y otras negativas estadísticas.
Autismo
Los recién nacidos en Chile no sólo están siendo envenenados con
pesticidas, sino que también con timerosal. Este es un derivado del
mercurio que desde la década de 1930 se usa en las vacunas como
preservante.
El mercurio es neurotóxico aun en muy bajas concentraciones. Provoca
dificultades cognitivas, déficit de atención, ataxia, temblores,
depresión, ansiedad y disturbios gastrointestinales, entre otras
enfermedades.
Más de 400 estudios publicados en revistas científicas de Estados
Unidos y Europa coinciden en que el uso del timerosal puede provocar
autismo. También hay investigaciones que niegan esto o minimizan su
impacto. Sin embargo, debido al principio precautorio en materia de
salud, numerosos países como Dinamarca, Gran Bretaña, Rusia, todos los
países escandinavos, además de Estados Unidos, entre otros, han
eliminado o restringido severamente su uso desde la década de los
noventa.
En este último país, y tomando en cuenta las evidencias existentes,
la Food and Drugs Administration (FDA), el National Institutes of Health
(NIH), el Center for Disease Control and Prevention (CDC) y la Academia
Americana de Pediatría, pidieron en 1999 a las compañías farmacéuticas
fabricantes de vacunas eliminar o disminuir al mínimo el uso de
timerosal.
En Chile, según información oficial entregada por el ISP, las vacunas
pentavalentes (que se inoculan a menores de 2, 4 y 6 meses) contienen
25 microgramos de timerosal. Esto es más de 20 veces lo permitido por la
estadunidense Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por su sigla
en inglés).
Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud, en 2008, uno
de cada 250 niños tenía esta enfermedad. Bastante si se considera que
hace sólo 25 años esta relación era de uno en 5 mil.
En entrevista con Apro, Carmen Gloria Chaigneau,
narró la experiencia vivida por su hijo Domingo, tras recibir a los 19
meses la vacuna DTP de célula completa, que protege contra la difteria,
tétano y tos convulsiva, y que fue prohibida en Estados Unidos en 1986
por los enormes daños que había provocado.
“La noche del 2 de enero del 2006, el mismo día en que le pusimos la
vacuna, mi hijo Domingo presentó una fiebre de casi 40 grados y vómito.
Desde entonces él cambió mucho: se fue hacia dentro, dejó de decir mamá,
dejó de decir papá, perdió casi todo su lenguaje. Entró en depresión.
Empezó a presentar problemas gastrointestinales severos, asma, alergia,
exceso de salivación”.
En su vacunación este menor recibió un total de 26 microgramos (mcg)
de timerosal, pesando 11.5 kilogramos, lo que sobrepasaba en más de 400%
el límite máximo seguro de mercurio establecido por la Organización
Mundial de la Salud. Según la OMS, un niño no debe recibir más de 0.47
microgramos por kilogramo al día. De acuerdo con este parámetro, Domingo
debió recibir como máximo 5.5 mcg de timerosal.
La EPA incluso es más restrictiva y sólo acepta la presencia de 0.1 mcg por kilogramo por día.
A Domingo los médicos chilenos que le atendieron le diagnosticaron
disfasia severa mixta. “Fue recién cuando lo llevé a Estados Unidos
–casi a los 4 años-- que me dijeron que él pertenecía al espectro
autista”, contó Chaigneau.
Desde entonces, Domingo recibe un tratamiento de desintoxicación de
mercurio y otros metales pesados que, según su madre, ha dado “muy
buenos resultados”.
Lo sucedido con su hijo llevó a Carmen Chaigneau a dar una verdadera
guerra contra las instituciones que promueven el uso del mercurio y
otros elementos tóxicos en las vacunas.
El 10 de agosto de ese año, Chaigneau presentó en el 24 Juzgado Civil
de Santiago, la primera demanda (rol C-022277) en contra del Estado de
Chile por la responsabilidad que le habría cabido en el padecimiento de
su hijo. La acción judicial fue dirigida contra el Instituto de Salud
Pública (ISP) y el Ministerio de Salud y se funda en el daño que
ocasiona la vacuna DTP de célula completa.
El 12 de junio de aquel año, fruto del constante cabildeo de los
padres de niños autistas, y en consideración de la enorme evidencia
acumulada respecto al daño provocado por el timerosal en los menores,
los diputados Cristina Girardi y Enrique Accorsi (expresidente del
Colegio Médico de Chile) presentaron un proyecto de acuerdo por el que
se solicitaba al Ministerio de Salud prohibir el uso de timerosal en las
vacunas. La unanimidad de la Cámara de Diputados votó favorablemente
esta propuesta.
Al concluir la votación, la diputada Girardi declaró: “Ante
el riesgo, los países del primer mundo han optado por utilizar la
premisa de la precaución, por ello ya no se utilizan vacunas con
presencia de timerosal, y esto es lo que tenemos que hacer en nuestro
país, ya que las vacunas sin timerosal existen en el mercado”.
El 6 de julio del 2010, Accorsi y Girardi presentaron el proyecto de
ley que elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos
organomercúricos. Este proyecto se encuentra en primer trámite
legislativo.
A pesar de las grandes dudas existentes respecto de este componente, a
los padres no se les advierte sobre sus riesgos. Y que en los centros
de salud de los barrios más elegante de Santiago, como Clínica Las
Condes y Clínica Alemana, se expenden vacunas libres de timerosal a un
precio de 70 dólares.
Los laboratorios que venden las vacunas usadas por el Ministerio de
Salud se han resistido a dejar de usar el timerosal como preservante.
Entre estas empresas destacan: Glaxo Smith Kline, MSD Chile, Sanofi
Pasteur, Pfizer y Novartis.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87850
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