VALPARAISO, 15 de septiembre (apro).- Una carta
escrita por el libertador Bernardo O´Higgins deja meridianamente claro
que Chile, en los inicios de su vida independiente, reconoció la
existencia del Estado mapuche. Más aún, que daba un gran valor a su
relación con este pueblo originario.
La misiva, que había permanecido ignorada por la historiografía
chilena, fue “recuperada” recientemente en el Archivo Nacional por un
grupo de investigadores y dada a conocer el pasado 30 de agosto por el
senador de izquierda Alejandro Navarro, quien milita en el Movimiento
Amplio Social. Fechada el 13 de marzo de 1819 estaba dirigida “a
nuestros hermanos los habitantes de la frontera del Sud”.
Allí, el entonces Director Supremo de Chile, sostiene que los
mapuches –a quienes llamaba araucanos- “prodigaron su sangre por más de
tres centurias defendiendo su libertad contra el mismo enemigo que hoy
es nuestro (España)”. También expresa su deseo de construir una relación
de hermanos entre Chile y el País Mapuche: “os habla el jefe de un
pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a
punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne,
firmando al mismo tiempo la gran carta de nuestra alianza para
presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de
nuestros Estados”.
El tono fraterno de este escrito contrasta con el trato que
actualmente brinda el Estado de Chile a este pueblo originario en el año
del bicentenario: un centenar de indígenas están procesados o
condenados por su eventual participación en ocupaciones ilegales de
tierras y presuntos incendios intencionales. En muchos casos, los
procesamientos han sido fruto de montajes –que han quedado al
descubierto-- los que han contado con el respaldo del Ministerio
Público, la prensa y el gobierno.
En entrevista con Apro, el senador Navarro sostuvo
que, “cuando pensamos el bicentenario de Chile, tenemos que rescatar
también a los que lucharon 300 años en contra de los españoles. Los
mapuches fueron los primeros en luchar por la independencia de Chile.
O’Higgins, en su carta, oculta hasta esta hora, los reconoce como un
Estado, y les propone trabajar como hermanos (…) esos valores y
principios de Bernardo O’Higgins debieran ser recogidos para este
bicentenario, pero de hecho están ocultos y olvidados”.
Navarro señala que algunos historiadores conocieron esta carta pero
no la difundieron, “porque es una carta en donde el padre de la patria
dice que los mapuche son héroes”. El parlamentario culpó a los
o´higginistas de haberla escondido.
El doctor en historia y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez, se refirió –en entrevista con Apro--
a la relación que tuvo en sus orígenes Chile con los mapuches y en cómo
esta fue pasando de ser una relación de cooperación a una de
sometimiento.
“Esto comienza con la invasión española al territorio mapuche, que
significó una larga guerra, la guerra de Arauco, que finalmente culminó
con ciertos acuerdos entre los conquistadores españoles y los mapuches,
estableciéndose la línea fronteriza en el río Bio Bio (600 kilómetros al
sur de Santiago) frontera que fue más o menos respetada sobre todo en
el último siglo de la colonia (siglo XVIII)”, dice Grez.
Subraya que “cuando se formó el Estado Nación llamado República de
Chile, esa línea fronteriza fue reconocida a tal punto que el gobierno
de Ramón Freire firmó –en 1825- el Tratado de Tapihue. Por medio de este
acuerdo se ratificó que Chile y el País Mapuche o Wallmapu, eran dos
estados distintos y que la frontera entre ambos era el río Bio Bio”.
“Pero la República de Chile –añade Grez-- viola décadas más tarde ese
acuerdo y comienza a invadir el Wallmapu (1861), en lo que la
historiografía chilena erróneamente ha llamado ‘la pacificación de la
Araucanía’, que no fue otra cosa que una guerra de conquista, de
despojo, que culmina a comienzos de la década de 1880 con la ocupación
total por parte del ejército y del Estado de Chile de la región de la
Araucanía, reduciendo a los mapuche a una ínfima cantidad de tierra y
condenándolos a la pobreza”.
Grez, quien lideró la confección de una Declaración de historiadores
en apoyo al pueblo mapuche dada a conocer el pasado 1 de septiembre,
estima que la lucha que sostienen los mapuche a lo largo de todo el
siglo XX y hasta nuestros días, “es una continuación de la lucha
histórica del pueblo mapuche por su libertad, su independencia, su
autonomía y la recuperación de sus tierras ancestrales y eso es lo que
está ocurriendo hoy día”.
El historiador acusa al Estado chileno de responder a esta lucha “de
manera muy enérgica, muy brutal, aplicando medidas excepcionales como
ley antiterrorista; el doble juzgamiento de los luchadores mapuche por
justicia militar y justicia civil, respecto a los mismos hechos
presuntamente constitutivos de delito; con la militarización de la
Araucanía; y el empleo de una violencia destinada a romper la
resistencia de este pueblo”.
Tragedia
La huelga de hambre iniciada el 12 de julio y en la
que participan 34 comuneros mapuches, está causando gran impacto en
Chile y en el extranjero. Una muestra de ello es la carta enviada el 27
de agosto por el secretario general de Amnistía Internacional (AI),
Salil Shetty, al presidente de Chile Sebastián Piñera. Allí solicita a
Chile que modifique la Ley Antiterrorista “a efectos de precisar la
definición de los delitos incluidos en dicha ley”.
Shetty cuestiona el hecho que este país permita el
anonimato de testigos en los juicios, lo que, según AI, violaría “la
Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas”.
Así mismo, un grupo de 34 miembros del Parlamento Europeo envió el 8
de septiembre una carta a Piñera; al presidente del Senado, Jorge
Pizarro (DC), y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra
Sepúlveda, en la que expresan su preocupación por "la salud y la vida"
de los 34 activistas mapuches. Los parlamentarios afirman que la huelga
de hambre es "un grito desesperado para llamar la atención a una
situación intolerable y contraria a las convenciones internacionales en
materia de derechos humanos".
También manifiestan que comparten la opinión del Comité de Derechos
Humanos de la ONU –expresada en marzo de 2007-, según el cual “La ley
18.134 ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido
acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social,
relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”.
Los medios de comunicación chilenos no informaron durante largo
tiempo sobre la huelga de hambre mapuche. Esto motivó la reacción del
Colegio de Periodistas, que el 26 de agosto --45 días después de
iniciada la huelga-- expresó --a través de un comunicado firmado por su
presidente Rodrigo Miranda-- que "nos parece preocupante que este tema
apenas aparezca en la agenda informativa de los grandes medios”.
Al comenzar septiembre el cerco informativo se rompió. Y con ello,
las instituciones del Estado chileno han comenzado a movilizarse, con el
fin de evitar un desenlace fatal de cara a las celebraciones del
Bicentenario. El 2 de septiembre, la Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia, Mónica Maldonado, afirmó –en entrevista con Radio Universidad
de Chile-- que a los mapuches en huelga de hambre “se les están
aplicando castigos prohibidos por la ley y los tratados
internacionales”. Hacía alusión al hecho de que los gendarmes que los
custodian los mantienen a oscuras 23 horas al día con el fin de
quebrarles su voluntad y que pierdan la noción del tiempo.
Gendarmería de Chile, institución responsable de las cárceles
chilenas, depende directamente del Ministerio de Justicia y éste de la
Presidencia de la República.
Piñera, preocupado por el curso que están tomando los acontecimientos, envió, el 9 de septiembre al Congreso Nacional, un proyecto de ley que modifica la Ley Antiterrorista. El fin de la aplicación de esta ley es la principal exigencia de los mapuches en huelga de hambre.
De acuerdo con lo expresado por Piñera, al estampar la firma a este proyecto, éste
tiene cuatro objetivos: “tipificar mejor el delito terrorista;
fortalecer el debido proceso de quienes sean juzgados por esa ley;
racionalizar las penas para que sean penas justas y no excesivas, y
fortalecer la capacidad de investigar estos delitos”.
Una semana antes, había enviado un proyecto que modifica a la
Justicia Militar, con el fin que se acaben los dobles juzgamientos que
reciben los presos políticos mapuches (justicia civil y militar
simultáneamente), práctica que ha sido calificada de aberración jurídica
por numerosas organizaciones de derechos humanos, como la Comisión
Ética Contra la Tortura.
Es importante mencionar que los delitos por los cuales son juzgados
los mapuche están contemplados en el Código Penal, por lo que nunca
debieron ser juzgados por militares.
A pesar de los anuncios, los mapuches se han negado a deponer la
huelga, debido a que el gobierno no ha retirado los cargos hechos por
delitos terroristas contra los comuneros presos. Además, la modificación
de la ley antiterrorista no termina con los abusos procesales al no
terminar con los testigos sin rostro. Peor aún, la modificación a la
Justicia Militar anunciada por Piñera, contempla un aumento de penas
contra quienes agredan a policías.
El clima de inestabilidad provocada por los reclamos mapuches alcanzó
mayor connotación luego de que, el 9 de septiembre, cuatro diputados
que visitaban a mapuches presos en la Cárcel de Temuco –capital de la
Región de la Araucanía-- se unieran a la huelga de hambre. Se trata del
diputado comunista Hugo Gutierrez; de los socialistas Sergio Aguiló y
Manuel Monsalve, y de Tucapel Jiménez (Partido por la Democracia),
quienes fueron desalojados del penal violentamente por órdenes directas
de Piñera. Los diputados se trasladaron a la sede de la Central Unitaria
de Trabajadores, de dicha ciudad, donde mantienen su ayuno.
Estos diputados solicitaron a Piñera que convoque a una mesa de
diálogo con los comuneros mapuches en huelga. Piñera se ha negado a
conversar con ellos, buscando que la Iglesia católica haga una mediación
entre el gobierno y los indígenas. El presidente de la Conferencia
Episcopal realizó, el 9 de septiembre, un llamado urgente a los tres
poderes del Estado con el fin de “dar una solución inmediata” a esta
huelga “antes que ocurra un desenlace fatal”.
Es importante señalar que, de acuerdo con analistas políticos y
sociólogos, como José Bengoa, el conflicto chileno mapuche es “el
problema político más complejo e importante que hay en Chile”.
Para Bengoa, autor de la Historia del pueblo mapuche, el problema
radica en el hecho de que el Estado y la sociedad chilena “se han negado
a darle reconocimiento a los mapuches”.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83273
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