jueves, 11 de enero de 2018

Economía: Ricos cada vez más ricos





En este episodio de 'Keiser Report', Max y Stacy comentan cómo los más ricos del mundo se han hecho un billón de dólares más ricos a lo largo de 2017. En la segunda mitad del programa, Max entrevista a Charlie Shrem, de CryptoIQ.co, a propósito del último debate que vive la comunidad del bitcóin y de los avances positivos de la criptomoneda.

Indignado: Noam Chomsky "La peor campaña terrorista en el mundo es la que está siendo orquestada en…




Sociedad: El lado oscuro de Google y Facebook... Franklin Foer conversa con Moisés Naím



La red social Facebook sabe casi todo de nosotros. Google promete responder todas nuestras preguntas. Amazon lleva todos los productos que queramos hasta la puerta de nuestras casas. Son solo ejemplos, pero las soluciones que aportan estas corporaciones tecnológica esconden una grave amenaza para la humanidad. O al menos eso argumenta Franklin Foer, uno de los más influyentes periodistas estadounidenses, exeditor de la legendaria revista The New Republic, y escritor en la revista The Atlantic.

México: Todo sube… menos los salarios


Ecuador nacionaliza a Julian Assange


Europa: Los fondos buitre aceleran una brutal desposesión de las familias endeudadas...Éric Toussaint – CADTEM

Éric Toussaint – CADTEM

Gracias a la campaña internacional lanzada por el CADTM, se conoce muy bien la acción nefasta de los fondos buitre con respecto a las deudas soberanas: compran títulos de la deuda soberana a precio de saldo (de un 5 a un 20% del valor inicial) antes de recurrir a los tribunales para recuperar el máximo del valor de la deuda.
El mismo tipo de actividad está en plena expansión en el ámbito de las deudas familiares. Hay que señalar que las posibilidades son enormes, ya que en Europa el volumen de créditos privados en suspensión de pagos llega a un billón de euros (1.000.000.000.000 €).[1] Debido al empobrecimiento de las clases populares, el volumen de estos impagos de deudas familiares y de microempresas aumentará inevitablemente.
El modus operandi de los fondos buitre en el ámbito de las deudas privadas es simple. Compran paquetes de deudas impagadas, principalmente, a bancos,[2] a sociedades de telefonía móvil, a sociedades de crédito inmobiliario o empresas de suministro de energía a particulares. En general, esos fondos buitre adquieren esos impagos al 10 % de su valor, y luego mediante el acoso a las personas endeudadas, y también por procedimientos legales, tratan de recuperar del 20 al 30 % del valor inicial de la deuda.
Parece que en Europa, las sociedades financieras especializadas en ese tipo de actividades carroñeras se desarrollaron activamente, en primer lugar, en Escandinavia, debido a la crisis bancaria de los años 1980-1990. Hablamos de la firma sueca Intrum y de Aktiv Kapital (una filial del grupo estadounidense PRA).
Según un estudio publicado por el banco Morgan Stanley, el volumen total de paquetes de deudas impagadas, en posesión de las siete principales sociedades financieras especializadas en la recuperación de la deuda familiar en Europa, se duplicó entre 2014 y 2017, pasando de cerca de 4.000 millones de libras esterlinas a algo más de 8.000 millones (Financial Times, 23 de noviembre de 2017). En 2016, Intrum obtuvo unos beneficios de 197 millones de euros. Cabot, una sociedad británica, 155 millones de euros; Arrow, británica, 118 millones de euros; Hoist, británica, 93 millones de euros; Kruk, una sociedad polaca, ganó 91 millones de euros. En la página web de Arrow podemos leer que 4 millones de familias se encuentran en suspensión de pagos en Gran Bretaña.
En octubre de 2017, Intrum compró en Grecia un paquete de deudas impagadas por un monto de 40 millones de euros. Pero, probablemente, haya pagado solamente 1,2 millones de euros por esa adquisición, o sea, el 3 % de su valor nominal. Según el director de Intrum, Mikael Ericsson, el mercado griego de deudas impagadas de familias ofrece un extraordinario potencial de expansión, ya que en 2017 cerca del 50 % de las deudas están en suspensión de pagos.[3] Es el equivalente, dice, del mercado formado por Europa central y del este.
Con una competencia en aumento entre los fondos buitre, el rendimiento desciende. Mientras que hace 5 años, una «inversión» de un millón de euros en la compra de deudas impagadas podía permitir obtener 3 millones, en 2017 los fondos buitre sacan entre 1,8 y 2 millones.
Hay otros fondos buitre activos en la compra de esas deudas, como el tristemente célebre fondo Elliot, cuyo dueño es Paul Singer. Elliot compró a dos bancos españoles, Bankia y Santander (que adquirió el Popular en junio de 2017), paquetes de deudas impagadas.
Recientemente, tras la ‘resolución’ del Popular,  Elliot sondeó el mercado para comprar antiguos bonos de Popular a precio de saldo (véase Fátima Martín, «Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz», http://www.cadtm.org/Los-fondos-buitre-carronean-con-lo). El grupo estadounidense Blackstone se volvió también muy activo en España (véase en castellano: Fátima Martín, «Blackstone, el casero buitre global: De los alquileres protegidos de Madrid a los narcopisos de Barcelona», http://www.cadtm.org/Blackstone-el-casero-buitre-global). Blackstone tiene actividades muy diversificadas: en principio, se especializa en la concesión de créditos de riesgo a microempresas y a PYMES. Para eso, Blackstone se dotó de una división especial de desarrollo de ese tipo de actividades: GSO. Esa división propone contratos de deudas simplificados, mucho más arriesgados y con mayor remuneración, lo que le permite atraer a pequeñas y medianas empresas (PYMES) que ya no tienen acceso a los créditos bancarios normales. Por otro lado, GSO atrae igualmente a los inversores en búsqueda del máximo rendimiento, en particular, a los fondos de pensiones. A éstos les propone que den un anticipo de fondos para prestarlos a las microempresas privadas y a las PYMES. En cierto modo, el Financial Times, en su edición del 17 de noviembre de 2017, hace sonar la alarma al anunciar que los fondos de pensiones hacen correr grandes riesgos al ahorro de sus miembros, debido a su inversión en los productos creados por GSO.[4] Por lo tanto, en principio, Blackstone es un prestamista —que atrae los fondos de pensiones a la búsqueda de altos rendimientos— y finaliza el ciclo comprando las carteras de deudas impagadas.
Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en Japón (años 1990), en Estados Unidos (2006-2007), en Irlanda e Islandia (2008), en España (2009), decenas de millones de familias de clases populares fueron abocadas a la suspensión de pagos, y comenzaron a ser víctimas de desalojos masivos. En Estados Unidos, desde 2016, 14 millones de familias fueron desposeídas de sus viviendas por los bancos. En España, son más de 300.000 familias. En un contexto en el que el salario real está bajando, el desempleo es masivo y las condiciones de préstamos son abusivas, esas deudas provocan efectos catastróficos para una parte creciente de las clases populares. A veces, esa población tiene que financiar a crédito su consumo corriente, puesto que sus ingresos normales no alcanzan para pagar los gastos de alimentación, vivienda, vestimenta, calefacción, electricidad, salud, educación… Hay firmas que se especializan en las ventas a crédito a sectores frágiles de la población. A menudo, esos préstamos comienzan con un interés cero, con el fin de atraer a los clientes, pero los tipos de interés aumentan rápidamente si aparecen retrasos en el pago, y comienza el acoso. Otra vez más, nos enfrentamos en los países del Norte a un fenómeno masivo de brutal desposesión. Las deudas privadas tienen un papel clave. En Estados Unidos, la justicia contabilizó no menos de 500.000 casos de contratos inmobiliarios abusivos y fraudulentos, pero la cifra real es, indudablemente, mucho más elevada. En España, la legislación utilizada por los banqueros para desalojar a las familias de sus viviendas data de la época del dictador Franco. En Grecia, en el marco del tercer memorando aceptado por el Gobierno de Tsipras en 2015, los bancos comienzan a tener las manos libres para desalojar a las familias incapaces de pagar sus deudas hipotecarias.
La nueva crisis internacional, que comenzó en 2007, reveló el comportamiento fraudulento de los bancos. Como consecuencia de las expulsiones masivas de las viviendas que se sucedieron en Estados Unidos, España y otros países, cada vez hay más personas que cuestionan esas deudas. Y esto pasa incluso en países donde la obligación de pagar un crédito era, en general, incuestionable. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde 2015, reunió alrededor de su persona un importante apoyo popular por haber participado activamente en la plataforma contra los desalojos, realizados por los bancos, de familias incapaces de continuar pagando sus hipotecas. Algunos años antes, hubiera sido inimaginable que una mujer o un hombre fuera elegido para ejercer altos cargos después de haber organizado ocupaciones ilegales de bancos, para defender a las familias que no podían seguir pagando sus deudas.
Por todo el mundo, los movimientos sociales y el CADTM cuestionan el pago de deudas privadas ilegítimas, ya sean hipotecarias o de estudiantes, ya sean reclamadas por grandes bancos privados, por agencias de cobro de deudas, por fondos buitre o por agencias de microcrédito.

NOTAS
[1] Un billón € de deudas en suspensión de pagos (conocido también por la sigla inglesa NPL, Non performing loans). Eso representa, según la Autoridad bancaria europea, el 5 % del total de los créditos concedidos por los bancos de la Unión Europea.
[2] Los bancos son presionados por las autoridades de control y por el BCE para deshacerse de las deudas impagadas (NPLs) revendiéndolas a precios de saldo a terceros, como los fondos buitre.
[3] Sobre las causas de esa elevadísima cantidad en Grecia, véase Éric Toussaint «Grecia: los bancos en el origen de la crisis», publicado el 11 de enero de 2917, http://www.cadtm.org/Grecia-los-bancos-en-el-origen-de
[4]  Financial Times, «Blackstone offers “cove-lite” business loans», 17 de noviembre de 2017.
Autor del libro ‘Le système dette. Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation’, Les liens qui libèrent, 2017. El libro será publicado por Icaria en Enero 2018.

Las Corporaciones-México: La Censura a mi Cuenta en Twitter - Noroña [Videocolumna]




Las Corporaciones: Apple se querella contra ATTAC por criticar la evasión fiscal en sus tiendas....EFE – París


Apple se querella contra una ONG que critica en sus tiendas la evasión fiscal
Apple se querella contra una ONG que critica en sus tiendas la evasión fiscal
Apple se ha querellado en Francia contra ATTAC por las acciones que esta asociación antiglobalización organizó en las tiendas del gigante estadounidense en diciembre para criticar sus prácticas fiscales que considera que son una evasión.
El portavoz de ATTAC, Dominique Plihon, ha indicado, en declaraciones emitidas este jueves por France Info, que este procedimiento pretende amordazarlos y desviar la atención respecto a “la razón principal” de su acción, que era dar cuenta de “la práctica de evasión fiscal masiva que se ha demostrado”.
Una alusión a  la multa de 13.000 millones de euros que le impuso la Comisión Europea el 30 de agosto por las ayudas ilegales que recibió en Irlanda.
Apple en su querella pretende que se impida a la asociación entrar en sus tiendas en Francia por considerar que eso haría correr un “riesgo inminente” a la empresa, a sus empleados y a sus clientes, ya que ATTAC amenaza con repetir esas intervenciones.
Justifica su reclamación de 150.000 euros en caso de que se infrinja esa prohibición por el perjuicio que considera que ya ha sufrido y que podría reiterarse.
A ese respeto, señala su temor de que sus establecimientos sean vandalizados, de que se ponga en peligro la seguridad de sus trabajadores y clientes, y de que la marca de la manzana tenga un perjuicio comercial.
Plion ha replicado que “no hubo vandalismo” y que la acción que organizaron en las tiendas el pasado 2 de diciembre fue “festiva”, “con música y teatro”.
La campaña de ATTAC se planificó para exigir que “Apple pague su multa de 13.000 millones de euros por evasión fiscal y se comprometa a abonar la parte de impuestos que le corresponde en los países donde ejerce realmente sus actividades”.
Para el abogado de la asociación, Julien Pignon las demandas de la compañía “son totalmente desproporcionadas respecto a un principio superior: la libertad de expresión y la libertad de manifestación, garantizadas por la legislación francesa y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
Publicado en el diario.es

vía:https://www.attac.es/2018/01/07/apple-se-querella-contra-attac-por-criticar-la-evasion-fiscal-en-sus-tiendas/

Perú: La lucha está planteada ... Gustavo Espinoza M.

 
 

Finalmente, el pasado 4 de enero, el Genocida de Barbadillo, Alberto Fujimori, abandonó la Clínica Japonesa donde se hallaba internado desde el 21 de diciembre; y, rigurosamente escoltado y protegido por centenares de efectivos policiales, se instaló en una lujosa residencia de La Molina, que lo albergará temporalmente: deberá viajar a Tokio pronto, para “mover” sus cuentas, derivadas de los 6 mil millones de dólares que se robó impunemente.
La vivienda, ubicada en la zona residencial de “La Estancia”, es un predio de casi 2,000 metros cuadrados. Posee dos pisos, 5 dormitorios, 2 salas, 4 baños, 4 cocheras, terraza, jacuzzi, chimenea, otros ambientes, y piscina incluida. Por esa “modesta vivienda”, el nuevo inquilino pagará algo más de 16 mil soles mensuales, casi 6,000 dólares y vivirá solo, sin familia, acompañado apenas por un corte de asistentes a su disposición, que atenderán todos sus requerimientos.
No solo una “cachetada a la pobreza”, como se ha dicho, sino también una suerte de suite privilegiada, de un multimillonario dispuesto a gozar de su inmensa fortuna; y que ha tenido la suerte de experimentar el más grande milagro peruano de todos los tiempos: curarse, en apenas 12 días, de una enfermedad terminal que lo tuvo al borde la muerte.
La Presencia del ex reo en cárcel no ha sido bien acogida por los vecinos del lugar, que han visto perturbadas sus actividades rutinarias. De hecho, la misma noche del jueves los efectivos policiales “acordonaron” la zona, e impidieron el desplazamiento de los propietarios de los condominios adyacentes, alegando “razones de seguridad”.
Al día siguiente un buen grupo de residentes, optó por salir –megáfono en mano- para expresar su descontento por la presencia del nuevo “vecino”. Les incomoda saber que se trata de un genocida, autor, además, de otros latrocinios en perjuicio de todos los peruanos. Una compañía “incómoda”, por cierto, pero que, además, presagia perturbaciones de diverso orden: protestas manifestaciones, repudio.
Al expresar rechazo al recién llegado, los críticos fueron atacados por la policía que, además de golpearlos, les quitó abusivamente el megáfono del que se valían para exteriorizar su queja. Esto, en lugar de “atenuar” el descontento, lo incentivó. Nadie esperaba que el inquilino de la más lujosa vivienda de “La Estancia”, fuera un indeseable con respaldo policial incluido.
Por lo que dicen las redes sociales, las consecuencias de lo ocurrido, no se han hecho esperar. Ayer mismo, desapareció el trinar de las aves en todo el condominio. Y algún ingenioso del lugar escribió: “Ya no cantan las aves. Pronto huirán los perros. Dejará de crecer el pasto. Los días serán más grises. Y el lugar, parecerá un Campo Concentración Nazi…”.
Cualquier parecido con la realidad podría ser, por cierto, pura coincidencia.
Lo que no se puede considerar “coincidencia” es la indignación de los afectados, que creció con la represión policial, la misma que se manifestó en ataques a personas inermes; golpizas injustificables, incluso a mujeres y a menores, y decomiso de equipos de sonido, de propiedad de los manifestantes.
Como es conocido, tales abusos comprometen a la estación de policía de “La Planicie”, contigua a la zona, pero respondieron a “órdenes superiores” dictadas por un Ministro del Interior -el nuevo- cuyo antecedente más notorio fue dedicarse a repartir –al lado de Keiko- almanaques en favor de la candidatura de Fujimori en los fraudulentos comicios presidenciales del año 2,000.
Pero más importante que saber dónde pasará sus próximos días el “chinito de la yuca”, es comprender qué es lo que se trae entre manos la Mafia que él encarna. Por lo pronto, ya logró alcanzar un principal propósito. Ahora, lo que le queda, es acomodar su carga y reiniciar su ofensiva para copar el escenario nacional, como en los años 90.
Su primer objetivo será “poner orden” en sus propias filas, envilecidas por la corrupción y alborotadas por la angurria de unos, y la soberbia de otros. Para “el viejo” está clara la idea: recomponer sus fuerzas, estableciendo un calendario de “reparto”, que le permita a sus cachorros, diez años consecutivos de gestión gubernativa. ¿Podrá hacerlo?
Lo que suele primar en política es –casi- siempre, la correlación de fuerzas. Si los Fujimori logran convencer a la ciudadanía de la operatividad de sus proyectos, podrían, en efecto, incubar la ilusión de su Poder restaurado. Pero para que eso ocurra tendrían que lograr dos propósitos: que el país pierda la memoria; y que los trabajadores y el pueblo, sean aplastados sin piedad.
Trabajando el primer objetivo, tendrá la mafia que restaurar sus viejos vínculos con la burguesía liberal que le fuera temporalmente hostil. Claro que en esa ruta, ya han dado algunos pasos. La integración de un Gabinete de “Unidad Nacional” y la proclamación del 2018 como “el año de la reconciliación”, apunta a tales propósitos.
Eso de la “unidad nacional”, asoma apenas como una patraña ¿qué unidad puede plantearse entre las víctimas y sus verdugos? ¿Qué unidad entre el cuello extendido, y el filudo machete que habrá de cortar la carne? ¿Qué unidad entre el ahorcado, y la soga que lo hizo colgar de una mampara?.
La Unidad Nacional –la verdadera- sólo puede construirse a partir de objetivos comunes y a su vez laudables. Unidad, por ejemplo, para construir la paz, promover el desarrollo, alentar el progreso, mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, pero ¿unidad para restituir el Poder de los asesinos, la capacidad de acción de los que saquearon el país a su antojo? ¿Quiénes estarían dispuestos a construir esa unidad: sólo los cómplices de esos crímenes y los beneficiarios de ellos.
A todos los demás -a millones de peruanos- le sabe a crueldad extrema, y a cinismo, que se hable de la “reconciliación”, y que se proclame este año como el objetivo a lograr. Se “reconciliará” la clase dominante en sus distintas expresiones: PPK con la familia Fujimori; los Graña y Montero con los propietarios de Yanacocha; el Ministro del Interior con el Grupo Colina.
Pero nadie del pueblo se sentirá convocado a “reconciliación” alguna. Desde la base social, los peruanos podremos decir al iniciarse el 2018, lo que decía el poeta: “No tienen año nuevo los pueblos como el mío / será nuevo el paisaje, pero la misma ausencia / será pañuelo nuevo, pero la misma lágrima / será nueva mortaja, pero distinta muerte…”.
Por eso, aplastar a los trabajadores y al pueblo, viene a ser el segundo propósito. Para enfrentarlo, adquiere fuerza la convocatoria a la Jornada Nacional de Protesta programada para el jueves 11 de enero. Deberá ser la más grande expresión ciudadana en lo que va del siglo XX. Superior organizativa y políticamente a la Marcha de los 4 Suyos, de julio del 2000. Más calificada que las movilizaciones del 2011 en torno al Programa Nacionalistas que encarnara originalmente Ollanta Humala, y del que se alejó después. Y más alta, incluso, que la Marcha anti Keiko del 29 de mayo del 2016, que le cerró a la Mafia el paso al Poder en tales comicios.
Deberá ser unida, organizada, consciente y aguerrida. Deberán participar en ella, todos los que tienen una común identidad ciudadana. Todos los ajenos al Indulto intolerable; a la corrupción del Poder en sus expresiones; a la irrita Constitución del 93; a PPK y sus traiciones.
Esta lucha no se resolverá con “nuevas elecciones”, como creen algunos. Sólo será posible encontrar un camino de salida construyendo la UNIDAD DE LOS DE ABAJO y derribando, con la fuerzas de las masas, el régimen de dominación vigente. La lucha, está planteada.

Gustavo Espinoza M., miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.pe 

vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=236412

Palestina: Jerusalén es la capital de Palestina



El pasado 6 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocía a Al-Quds (Jerusalén) como capital de Israel y anunciaba el traslado de su embajada desde Tel Aviv. Así, Estados Unidos se convierte en el único país del mundo en seguir la estrategia de anexión de Israel, el bloqueo a Gaza y sus políticas de apartheid. El primer ministro del régimen israelí, Benyamin Netanyahu, comparó la declaración del presidente norteamericano con la Declaración de Balfour (fechada el 2 de noviembre de 1917, es una carta dirigida por el entonces secretario de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, a Walter Rothschild, banquero influyente en la minoría judía británica, por la que el Gobierno británico se comprometió a hacer todo lo posible para facilitar la consecución de un hogar nacional judío en Palestina, la independencia de Israel y la liberación de Jerusalén. La reacción por parte del pueblo palestino no se hizo esperar y se realizaron multitud de protestas que fueron duramente reprimidas por los soldados israelíes. Como resultado, más de 300 palestinos han resultado heridos y al menos dos han fallecido por disparos israelíes. En ‘Fort Apache’ debatimos sobre la situación de tensión entre Israel y Palestina tras las declaraciones de Donald Trump. Invitados: Teresa Aranguren, periodista Willy Meyer, exeurodiputado de Izquierda Unida (IU) Héctor Grad, miembro de la campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS) de Madrid Carlos Prieto, editor de la New Left Review (NLR) David Perejil, periodista e integrante de la SI de Podemos Ana Sánchez, coordinadora del Comité Nacional Palestino de la campaña de BDS en España

Mundo-Sociedad-Economía: Inteligencia artificial.. el futuro de la especulación financiera... Alejandro Nadal

Alejandro Nadal


El tema de la inteligencia artificial despierta grandes inquietudes. Algunas están relacionadas con complicaciones reales, como el de la pérdida de empleos. Otras se vinculan con el problema de si las máquinas podrían adquirir consciencia de sí mismas en la medida en que alcancen mayores niveles de inteligencia. Ese día no está tan próximo como algunos aficionados del tema creen. Pero eso no quiere decir que no existen razones para preocuparse.

¿Cómo definir la inteligencia artificial (IA)? En términos muy sencillos, se puede definir como una tecnología basada en la recopilación de grandes cantidades de datos para usarlos en un proceso de toma de decisiones con una finalidad determinada. Los datos deben estar relacionados con un tema específico y los parámetros que rodean las decisiones deben estar más o menos bien determinados para alcanzar el objetivo buscado.

Las aplicaciones de la IA ya se dejan sentir en todos los sectores de la economía. Pero su penetración en los mercados financieros es particularmente alarmante. En este terreno la inestabilidad y los incentivos perversos de los mercados han mostrado tener un espectacular poder destructivo en los decenios pasados. Y si los reguladores ya tienen dificultades para supervisar el mercado, con la IA sus problemas se están intensificando.

Hasta hace poco tiempo los métodos utilizados por los especuladores en el sector financiero se basaban en el análisis tradicional sobre rendimientos pasados de algún activo y las perspectivas sobre las empresas o agentes que lo habían puesto en circulación. A pesar de la experiencia de los corredores y los operadores financieros, los sentimientos del mercado nunca fueron fáciles de apreciar y cuando ocurría un tropezón las pérdidas de sus clientes se acumulaban.

Hoy se supone que los nuevos equipos y programas de IA ayudarán a evitar errores y reducirán pérdidas para los inversionistas. La gran diferencia con las herramientas del análisis tradicional estriba en la cantidad de datos que esta tecnología permite procesar y en la velocidad a la que se puede analizar esa montaña de información. Mientras el análisis convencional permitía tomar en cuenta un número limitado de mercados simultáneamente, las herramientas de la IA hacen posible considerar al mismo tiempo un gran número de mercados financieros de diferente naturaleza en todo el mundo.

Lo más importante es que la inteligencia artificial hace posible a los operadores identificar oportunidades de arbitraje que el análisis convencional simplemente era incapaz de reconocer. Con la ayuda de la IA hoy las operaciones de arbitraje se pueden llevar a cabo no sólo al interior de un solo mercado y con productos de la misma naturaleza, sino entre todo tipo de mercados y activos heterogéneos. Así, por ejemplo, el especulador puede hoy identificar oportunidades de arbitrajes entre productos complejos en los mercados de futuros de materias primas y en el mercado mundial de divisas en cuestión de segundos. Las recomendaciones sobre la composición de carteras de inversión están basadas en este tipo de estimaciones, pero la fortaleza de estas sugerencias depende de la inestabilidad general de los mercados financieros.

Es cierto que con la IA las comparaciones de precios probables de múltiples productos y la evolución de variables como tipos de cambio y riesgo cambiario, tasas de interés o inflación se llevan a cabo a una velocidad relámpago. Pero quizá en eso reside el enorme riesgo que esta tecnología conlleva para la estabilidad de los mercados financieros.

Algunos analistas piensan que el uso generalizado de la IA conducirá a una mayor eficiencia y reducirá la volatilidad en los mercados financieros, porque la intervención humana se reducirá a un mínimo. Pero esa creencia no tiene bases sólidas. Lo cierto es que la IA no cambiará la naturaleza de la instabilidad intrínseca de los mercados financieros. De hecho, debido a la velocidad con que se realizan los cálculos y estimaciones al usarse esta tecnología, las fluctuaciones en este tipo de mercados financieros pueden amplificarse. Y, por otra parte, los incentivos perversos que muchas investigaciones han identificado en la dinámica de formación de precios de activos financieros tampoco desaparecen con la IA.

Las computadoras ya están diseñando computadoras cada vez más inteligentes. El matemático John von Neumann vaticinó en 1958 que ese proceso recursivo podría desembocar en una inteligencia superior a la humana y en lo que denominó un punto de singularidad: un punto más allá del cual no sería posible la continuidad de los acontecimientos humanos tal y como los conocemos. Todo eso es posible, aunque probablemente faltan varios miles de años para que las máquinas evolucionen de ese modo. Pero si se hacen más inteligentes, ¿por qué habrían de seguir empecinadas en buscar ganancias económicas en la especulación ciega, en lugar de solucionar los problemas de la humanidad en este planeta?

Twitter: @anadaloficial

vía:
 http://www.jornada.unam.mx/2018/01/10/opinion/019a1eco

Ecuador: el ‘NO’ de Correa en la consulta



El expresidente ecuatoriano Rafael Correa -que arribó el pasado viernes a Ecuador procedente de Bélgica- ha dado inicio a la campaña por el ‘No’ en la consulta popular del 4 de febrero, impulsada por el actual mandatario, Lenín Moreno. Aunque cuestiona en conjunto el referendo, Correa llama a sus seguidores a votar “No” en tres de las siete preguntas, concretamente las referidas a la reelección indefinida, la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la minería a gran escala. En opinión del exjefe del Estado ecuatoriano, la consulta popular de Moreno es una maniobra para dejar atrás la ideología de izquierdas y, de paso, evitar su posible regreso a la Presidencia en 2021. Unos trece millones de electores están facultados para participar en la consulta popular, donde el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y facultativo para los menores de entre 16 y 18 años. Juan Carlos Pilataxi, activista de la Revolución Ciudadana, subraya que “el presidente ha traicionado a muchos ecuatorianos, que es la continuidad de la derecha". Katty Solórzano, investigadora social, dice que “la consulta popular lo que realmente pretende es dejar fuera toda posibilidad de regreso de Rafael Correa y controlar los poderes del Estado”. Víctor Valencia, coordinador para Europa del partido ecuatoriano Centro Democrático, cuestiona al expresidente y se pregunta “cómo puede decir "7 veces NO" ante preguntas que benefician al pueblo ecuatoriano”. Manuel Llamas, periodista, cree que “la guerra a la que están asistiendo los ecuatorianos es una cuestión de lucha entre dos populistas, Lenín y Correa, y que en Ecuador no hay división de poderes”.

México: Votar o No Votar, esa es la Cuestión - Noroña [Videocolumna]


Colombia - “Muerte a cambio de carbón”: La Mina de El Cerrejón en Guajira....Por Dick Emanuelsson y Mirian Emanuelsson

Éste es el desastre del modelo neoliberal de "la Locomotora Minera-Energética" en los departamentos de Guajira y Tolima. (Parte 1): Donde comienza la explotación de los metales, el medio ambiente, la naturaleza y las personas son afectados de dramáticos efectos de la salud. Pero el gran capital minero transnacional enfrenta una creciente resistencia entre los pueblos de América Latina.
Carmen Sierra con una de sus hijas caminan en lo que era su predio de 80 hectáreas. Pero desde el 1994, cuando fue despojada, es prohibida a entrar. Un letrero en la orilla de la carretera dice; ´ÁREA PRIVADA, ¡PROHIBIDO ENTRAR!´. “Aquí he enterrado mis diez placentas y los cordones umbilicales cuando parí mis diez hijos”. Foto: Miriam Emanuelsson.
La lucha indígena, afrocolombiana, campesina y guerrillera por la tierra y el agua en contra la mina de El Cerrejón, la mina de carbón más grande del mundo a cielo abierto. Éste es el desastre del modelo neoliberal de "la Locomotora Minera-Energética" en los departamentos de Guajira y Tolima. Primera parte.
La poderosa industria minera transnacional posee recursos financieros mayores que el PIB de la mayoría de los países del tercer mundo. Donde comienza la explotación de los metales, el medio ambiente, la naturaleza y las personas son afectados de dramáticos efectos de la salud. Pero el gran capital minero transnacional enfrenta una creciente resistencia entre los pueblos de América Latina. Acompáñenos a dos regiones de Colombia, Guajira y Tolima donde los pueblos indígenas y los campesinos se levantan.
Diez placentas wayuu enterradas
El olor de Basilika es fuerte y le hace cosquillas en las fosas nasales. Aquí, antes de que el gigante minero cruzara la tierra con la ayuda del ejército colombiano, con el respaldo de todas estas plantas y cultivos pudieron sobrevivir las 25 familias indígenas wayuu y sus animales. Ahora todo está abandonado y el bosque y la vegetación inevitablemente penetrarán hasta que lleguen los monstruos gigantes que rompen el carbón.
Estamos en el "ÁREA PRIVADA, ¡PROHIBIDO ENTRAR!" como el letrero nos informa cuando pasamos entre las cuerdas de puya de alambre. Entramos en el área que había sido la tierra de la familia wayuu durante siglos.
“Aquí he enterrado mis diez placentas y los cordones umbilicales cuando parí mis diez hijos aquí”. Dice doña Carmen Sierra. Con una expresión amarga del rostro con la cara quemada por el sol, señaló con el dedo el lugar donde fueron enterrados.
El Sagrado Cementerio de los Wayuu está abandonado con su cruz caída, una prueba visual de que aquí la gente vivía y trabajaba. En este campo, no solo este orgulloso y hermoso pueblo nativo cultivó la tierra que les dio los medios que necesitaban para su existencia. Pero a partir de 1994, las 25 familias y otras ocho comunidades wayuu y afrocolombianas fueron sacadas con sus raíces cuando El Cerrejón las expulsó brutalmente en la parte sur del departamento de Guajira. Ahora es propiedad de la compañía.
Carmen Sierra, 57 años y cabeza de la familia wayuu, que era una de una de ocho comunidades wayuu´s en el sur de Guajira que fueron despojadas por ´el Monstruo´ El Cerrejón. Foto: Miriam Emanuelsson.
A pesar que solo tiene 57 años parece mucho mayor. La vida se ha cambiado brutalmente después de que fueron expulsados de las 80 hectáreas de tierra que poseían. Bruno, el arroyo que bajaba desde la cordillera Serranía de Perijá, un antiguo baluarte del Frente 59 de las Farc, casi se ha secado y es hoy una masa nublada y sucia de sedimentos. Más de la mitad de los feroces arroyos y fuentes de agua que garantizaban la supervivencia de las comunidades indígenas y su ganado, principalmente cabras, se han quedado sin el vital líquido.
Porque el conglomerado minero transnacional Carbones del Cerrejón, consume 24 millones de litros de agua por día en un departamento como Guajira donde 87 por ciento es desierto. La población está experimentando una dramática escasez de agua, que en los últimos dos años ha causado la muerte de cientos de niños por desnutrición y las enfermedades que la escasez de agua causa. Es un escándalo que en Colombia fue revelado por los medios durante 2016, pero luego desapareció en un vergonzoso silencio.
El termómetro señala una temperatura de 38 grados centígrados en el lugar más cálido de Colombia. José Manuel Sierra es un hermano menor de Doña Carmen y con el machete corta el monte y los arbustos cuando ingresamos a la propiedad San Vicente de la familia Sierra. José fue uno de los doce hermanos. Hoy, quedan nueve.
Doña Carmen no encuentra palabras en español cuando le pregunto sobre la fuente del agua y recurre a José con una pregunta en el idioma wayuu.
“Toda esta área estaba cubierta de agua”, dijo José, señalando un punto a 2 o 3 metros por encima del pequeño río estancado.
“Aquí nos bañamos y lavamos la ropa”, agrega doña Carmen.
Su padre tenía tanto cabras como ganado, caballos y mulas. Casi nada de esto queda, solo unos pocos de cabras y una mula. El Gobierno colombiano y la compañía minera compensaron la literal expropiación con un par de hectáreas al otro lado de la carretera, pero sin acceso al curso de agua que tienen prohibido utilizar.
“El único ingreso que tenemos hoy es la artesanía que hacemos las mujeres y que se vende a los turistas. Pero es un ingreso muy modesto”.
En la foto el arroyo Bruno, ha sido desviado pero que las comunidades lo defiende con sus vidas. Foto: Miriam Emanuelsson.
Los gigantes Mineras y Energéticas
Hasta el 2002 fue una subsidiaria de la compañía petrolera más grande del mundo, Exxon-Mobile, que llevó a cabo la minería en cooperación con el Estado colombiano. Hoy es Carbones del Cerrejón, llamado brevemente ‘El Cerrejón’ que representa el conglomerado minero. Consiste en tres gigantes mineros transnacionales; el australiano BHP Billiton, el sudafricano Anglo American y el británico-suizo Glencore.
Durante el 2016 las tres compañías tenían juntas una facturación total de 266,7 mil millones de dólares. Los tres tuvieron ganancias a casi 12 millones de dólares. Esta última suma es igual al PIB de Puerto Rico o el presupuesto de la educación en Colombia para el 2017.
‘El Cerrejón’ es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. El Estado colombiano le otorgó a la empresa una concesión que se extiende hasta 2034 en un área de 69,000 hectáreas para la extracción de carbón. Las reservas de carbón se estiman en 5244 millones de toneladas y la extrae 32 millones de toneladas de carbón por año en el valle del Río Rancheria con los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo como centro.
El carbón se transporta hasta nueve veces por día en un una línea de ferrocarril de 150 kilómetros de largo con 80-130 vagones abiertos que esparcen un talco negro de carbón sobre el paisaje con animales y seres humanos como víctimas. En el puerto de Puerto Bolívar, en la costa del Caribe, los barcos se cargan en el orden de 180,000 toneladas de peso muerto (TPM). El conglomerado minero multinacional controla toda la cadena de minería, ferrocarril y puerto.
El Estado colombiano ha entregado 69 000 hectáreas a la multinacional Carbones del Cerrejón, constituida por tres empresas mineras transnacionales con el resultado de decenas de miles de pueblos originarios despojados de sus tierras en el sur de Guajira. Esta enorme zona es un desastre ambiental, matando la misma vida para los seres humanos, los animales y la flora y fauna.
Los investigadores argumentan que el carbono contiene mercurio, plomo, cadmio, arsénico, manganeso, berilio, cromo y otras sustancias tóxicas y cancerígenas. El proceso y lavado del carbón significa que se liberan muchas partículas y productos químicos como agua contaminante y afectan la salud pública y los sistemas ecológicos. En el caso del agua, los investigadores en los EE. UU. han encontrado niveles elevados de arsénico en el agua potable en las áreas de extracción de carbón.
Doña Carmen, su familia y animales no están libres de ser afectados. En la inmensa área de 69,000 hectáreas se levantan montañas de más de 70 metros de los residuos de la mina que rodea al municipio de Albania en tres flancos. La población acusa a la compañía de albergar los venenos que penetran en las aguas subterráneas.
Estado-Paramilitarismo-Compañía
Misael Sucarays Ipauana es nuestro Cicerón por dos días en Guajira. Él sorprende al presentarse como responsable de las comunicaciones de (Sütsüin Jieyuu Wayuu) Fuerza de Mujeres Wayuu de La Guajira.
“Es más un nombre simbólico para la organización que también contiene hombres. La mujer Wayuu es algo sagrado, la mujer es la cabeza de toda la sociedad wayuu. Es la que da ese nombre y ese origen a este pueblo. Cuando se decidió organizar fue algo simbólico de dar ese nombre como un homenaje a la mujer”.
Y la verdad es que tenemos la misma experiencia durante los dos días de estancia en Guajira y en sus diferentes comunidades; ¡la mujer tiene la batuta!
Esa es la ruta del tren más "sucio" del mundo, que con sus más de cien vagones sin techo riegan una capa finita del polvo negro a las comunidades, la naturaleza y a su gente. Más de una fueron aplaudidas las voladuras de la locomotora de ese tren por parte del Frente 59 de las FARC-EP.
“Cuando hay un conflicto o guerra surgida, la mujer son las únicas que pueden a entrar a ese territorio. Las mujeres son las únicas que pueden dar la cara sin temor a que le pueden hacer algo. En cualquier conflicto, a la mujer no le tocan”.
Sucarays cuenta que la organización se formalizó después que el paramilitarismo llevara a cabo muchas masacres contra el pueblo wayuu en Guajira:
“Hubieron muchas masacres, muchas mujeres fueron muertas en manos de ellos. Varios líderes decidimos organizarnos y decir <>. Decidimos que las mujeres eran en esa facultad de hablar y de poder reclamar y denunciar sin que pudieran correr el riesgo, mirando de la visión y de la cultura propia que respetamos mucho a las mujeres”.
Pero los paramilitares no respetaron si eran mujeres u hombres, niños o ancianos. Las masacres fueron de la mano con las manipulaciones y amenazas de la compañía minera a la población para vender sus tierras a la compañía con el respaldo del Estado colombiano. Los que se negaron fueron nombrados colaboradores de la guerrilla. Luego gradualmente tomaron la tierra que tienen hoy. Además, falsificaron documentos de bienes inmuebles que fueron legalizados por el Estado, relata Sucarays.
Él afirma que el Estado ha sido el principal aliado de la compañía minera para expulsar a la población. En la constitución, dice Misael, hay un artículo que dice que las Fuerzas Armadas se encargan para vigilar de la seguridad física de cada ciudadano colombiano. Pero aquí en Guajira, dice Misael, están al servicio de la empresa multinacional y el poder real en el país.
Comunidades wayuu´s, afrocolombianas y campesinas en una toma de la ruta de más de 150 kilómetros del tren.
“Los grandes terratenientes y caciques de la cultura occidental que han llegado acá han querido apropiarse el territorio. Incluso los hijos de (Álvaro) Uribe en una época comenzaron a comprar predios, engañando a la gente que vivía cerca la costa de Cartagena para acá, comprando tierra para construir grandes hoteles. Aquí en Guajira no lograron entrar. Pero sí empezaron comprar tierra en Maiá para construir un complejo turístico ahí, pero no lo lograron porque se logró frenar a tiempo. Y como los paramilitares estaban acá, les fue difícil mantenerse y de mandar a acallar a los que estaban haciendo la denuncia”.
¿Hay una alianza entre el Estado, autoridades regionales corruptas, paramilitares y El Cerrejón?
“Sí. El Estado ha sido el socio más grande que ha tenido la multinacional para el despojo del territorio (de las comunidades wayuu y afrocolombianas). Como te mencioné sobre el artículo de la constitución y el papel de las FFAA de la protección física de cada colombiano, aquí en Guajira las FFAA, la policía y las autoridades están al servicio de las grandes multinacionales y los grandes poderes. Porque prestan vigilancia a la empresa de Cerrejón”.
Dice Misael que en vez de proteger a la población, protegen a la empresa. Relata sobre el ejemplo de la comunidad afrocolombiana en Tabaco que fue despojada de sus tierras por las fuerzas especiales de Esmad (fuerzas policiales antidisturbios).
“Maltrataron a la gente. Hubo mujeres que les hicieron abortar, niños que fueron afectados por el gas, los golpes que les dieron a los dirigentes, todo quedó grabado, registrado en donde las maquinarias de El Cerrejón comenzaron a tumbar las viviendas. Metieron buldóceres para tumbar todo, no importando que ahí vivía gente todavía.
En la masacre de la Bahia Portete en el municipio de Uribia, en el Alto Guajira, fueron asesinados 12 integrantes de la comunidad wayuu, entre ellos varios niños, por los paramilitares. Éstos necesitaban tener un control del puerto para la exportación de la cocaina. Tanto la policía nacional como los militares locales del Ejército de Colombia jugaban un papel fundamental en el encubrimiento, tanto de la masacre como en el envío de la droga al exterior.
Podemos hablar que Cerrejón cuenta con poderío armado legal o ilegal, pero lo tiene”.
¿Igual como la Drummond? [1]
“Igual como la Drummond. Está en lo mismo. La Fuerza Pública está al servicio de ellos. No podemos negar que hace lo que la multinacional dice. Incluso los mismos gobernantes están al servicio de la multinacional.
Las autoridades ambientales están al servicio de quien lo mejor pague en el caso de Cerrejón. La licencia [ambiental] la consigue a través de manipulaciones de los funcionarios públicos que reciben dinero y están al servicio de la empresa. Le dan la licencia sin ningún estudio sin ir al territorio ¿qué lo que están haciendo? Firman y ¡listo!
Estamos en una lucha tan grande contra un enemigo tan grande y somos unos pocos y ellos son muchos porque tienen el poder. Pero no hemos desistido y estamos dándole y vamos a seguir adelante en la defensa de la fuente hídrica. En un foro realizado por Corpo-Guajira [2] se preguntó por qué llevan 16 arroyos que han acabado, y un funcionario de la institución dijo que era la primera vez que la corporación otorgaba una licencia ambiental para este tipo de desviación de un arroyo (caso Bruno).
¿Cómo es posible que un funcionario no sabe cómo desviaron los otros arroyos para que lo interviniera, si es la máxima autoridad ambiental de Guajira? ¿Cómo, entonces, consiguió la multinacional los permisos ambientales para desviar o intervenir las otras fuentes o cuencas?
Como muchos dirigentes populares expresa un total rechazo cómo las grandes corporaciones mediáticas manipulan y desinforman sobre las realidades que tienen que ver con la actuación de la empresa, las autoridades y el desastre ambiental que sufre los pueblos en Guajira.
“Esos medios también están en favor de los intereses del gobierno y grandes empresarios. Nunca van a estar en favor a los intereses del pueblo. Por eso hemos organizado y capacitado una red de comunicadores sociales jóvenes wayuu que viven adentro de las comunidades para que ellos cuenten lo que está pasando.
No queremos ser más utilizado para que las grandes empresas de medios de comunicación nos tengan como la rata del laboratorio para experimentar. Y mostrar cosas que no es de ahora. La problemática del territorio viene desde que la multinacional entró al territorio. Antes no existía ningún grupo armado ilegal aquí en Guajira. No conocíamos lo que era la guerrilla o paramilitares, ni al ejército, el ejército solo se veía en las bases o en los batallones. La policía se veía adentro del casco urbano. Incluso había pueblos donde no existía puestos de policía. Todo era tranquilo. Entró la minería y entraron los grupos ilegales como guerrilla y paramilitares. La minería dividió la familia en Guajira.
Y que es un trabajo peligroso, crear una opinión en contra y desafiar la concesión minera más poderosa del mundo”, da testimonio de la amenaza para el presidente de la organización, Karmen Ramírez Boscán. En 2016 se vio obligada de abandonar Colombia y establecerse en Suiza, donde recibió asilo político luego de acusar a la compañía de delitos ambientales y de haber expulsado a los indígenas. Pero por el valiente trabajo, la Fuerza de Mujer Wayuu recibió este año el Premio Nacional en defensa de los Derechos Humanos, otorgado por el la seccional sueca de la Diakonia, con el apoyo del gobierno sueco.
Estos son los millonarios del Mundo Minero, según Bloomberg
Con miles de millones en ganancias, la industria extractiva de metales es una de las que mayores inversiones mueven en sus operaciones en el mundo. No obstante, las fluctuaciones en la cotización de las principales materias -oro, cobre y plata- la convierte un sector de alto riesgo. Pese a ello, ¿quiénes son los hombres y mujeres más ricos del sector minero en el mundo?
De acuerdo a la lista de multimillonarios elaborada porBloomberg, el empresario mexicano Alberto Bailleres lidera el ránking de esta industria con un patrimonio de US$13,8 miles de millones y se ubica en la posición 69 de la lista global de millonarios de esa misma publicación. De acuerdo a Bloomberg, el empresario mexicano Alberto Bailleres lidera el ránking de Mineros más ricos.
A sus 83 años, el dueño de Industrias Penoles ha superado los ingresos por US$13,5 miles de millones de Lakshmi Mittal (India), los US$ 13,1 miles de millones de Iris Fontbona (Chile) -similares al patrimonio de la australiana Gina Rinehart- así como otros grandes participantes del rubro minero. En la lista, en la que participan de forma mayoritaria ejecutivos de Rusia, también están presentes magnates de México e Italia en las primeras diez posiciones.
Top Ten Minero del mundo
1. Alberto Bailleres
El mexicano es el millonario que lidera la lista de los hombres más ricos de la industria minera. Con US$13,8 miles de millones en su haber, el empresario de 83 años dirige a Industrias Peñoles, productora de plata, oro y metales industriales. Tiene operaciones en Chile, México y Perú y tuvo ingresos por US$5 miles de millones en el 2013. Además, es dueño de la tienda por departamento Grupo Palacio de Hierro, proveedores de seguros de Grupo Nacional Provincial y Grupo Profuturo y posee una participación minoritaria en Femsa, el embotellador más grande de Coca-Cola en América.
2. Lakshmi Mittal
Ejecutivo natural de la India, con un patrimonio de US$13,5 miles de millones. Mittal es el presidente y accionista mayoritario de ArcelorMittal, la más grande siderúrgica del mundo. Establecida en Luxemburgo, la compañía se dedica a los sectores mineros, energéticos y de refinería y hace negocios en 60 países del globo. En la lista total de multimillonarios, Mittal se ubica en el puesto 72.
3. IRIS FONTBONA
Matriarca de una rica familia chilena, posee una fortuna de US$13,1 miles de millones, lo que la ubica en el puesto tres de gigantes del sector minero. Ella controla Antofagasta PLC, la séptima productora de cobre del mundo. Posicionada en la casilla 76 del ránking general.
4. Gina Rinehart
Con US$13,1 miles de millones, la australiana es cuarta en la lista de hombres y mujeres más ricos del rubro minero. Ella es presidente de Hancock Prospecting, firma que recoge regalías de las minas de hierra de su país. Además, tiene participaciones en dos de las más grandes compañías de medios en Australia. ten Network y Fairfax Media. Rinehart está en la posición 79 de la lista general de multimillonarios.
5. Alexey Mordashov El ruso cierra las cinco primeras ubicaciones de esta lista con ingresos por US$12,7 miles de millones. El empresario es el mayor accionista de Severstal, la tercera más grande siderúrgica de Rusia. También participa en la productora de oro Nordgold, la productora de equipos de energía Power Machines y TUI, la operadora más grande de turismo de Europa. Se ubica en el puesto 85 de la lista total de Bloomberg.
6. Vladimir Potanin
A sus 54 años, es el CEO de Norilsk Nockel, la mayor productora de níquel del mundo. Con US$12,4 miles de millones en sus cuentas, es dueño del 30,4% de la empresa instalada en Moscú, empresa que tuvo US$11,5 miles de millones en ingresos el 2013. Se ubica en el lugar 87 de la tabla total de hombres más ricos del mundo.
7. Sara Mota de Larrea
La mexicana es una de las mujeres más poderosas de la industria minera con US$9,7 miles de millones en la cartera. Ella y su hijo Germán Larrea controlan el Grupo México, la séptima productora de cobre más grande del mundo. Operan minas de zinc, molibdeno, plata y oro en México, Chile y Perú, las mismas que significaron ingresos por US$9,3 miles de millones el 2013. Mota de Larrea también tiene participación en el mayor operador de ferrocarriles de México así como en la firma, con sede en Phoenix, Southern Copper.
8. Vladimir Lisin
Con una producción de 15,4 millones de toneladas de acero y ganancias por US$10,9 miles de millones el 2013, es imposible dejar de nombrar al empresario, multimillonario con un patrimonio de US$8,9 miles de millones. Presidente y accionista mayoritario de Novolipetsk Steel, una de las cuatro mayores siderúrgicas de Rusia. Es el multimillonario 135 de la lista de Bloomberg.
9. Oleg Deripaska
El presidente y miembro del consejo de supervisión de Basic Element, se ubica noveno entre los multimillonarios de la actividad minera, con una fortuna de US$8,5 miles de millones. Su empresa opera en 19 países y maneja el 48% de United Co. Rusal, la más grande productora mundial de aluminio. También posee el 80% de GAZ Group, la segunda más grande fabricante de autos de Rusia. Estas inversiones lo posicionan en el lugar 145 de la tabla general de multimillonarios.
10. Paolo Rocca
A sus 62 años, el patriarca de la familia más rica de Italia, cierra la lista de los 10 hombres y mujeres más poderosos del sector minero, con US$8,4 miles de millones en sus bolsillos. Rocca está al mando de Techint, grupo industrial con sede en Argentina, enfocado en la fabricación de productos de acero, manufacturas, ingeniería y construcción, además de participación en la exploración de gas y el segmento de cuidado de la salud. Su familia también es dueña de Tenaris, productora de tubos de acero. El ejecutivo tiene interés en la producción de petróleo y la infraestructura.
Por Dick Emanuelsson y Mirian Emanuelsson
7 de enero de 2018
Notas
[1] Minera transnacional estadounidense, vecina de Cerrejón en el departamento de Cesar, donde los paramilitares asesinaron seccionales enteras de dirigentes sindicales de la empresa.
[2] Máxima autoridad ambiental del departamento
Fuente: Prensa Rural

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_-_Muerte_a_cambio_de_carbon_La_Mina_de_El_Cerrejon_en_Guajira

Argentina: La persecución a Página|12 y AM 750


Iglesia Católica-Chile-Perú: Entretelones de la visita de Francisco a Chile y Perú ....Bernardo Barranco V.

Bernardo Barranco V.




El Papa encontrará Chile y Perú, dos países andinos, muy transformados. Su visita será en circunstancias muy diferentes. En ambas naciones hay grandes expectativas y se esperan magnas concentraciones humanas para ver y escuchar a uno de los pontífices más populares en la región. La oficina de prensa de la Santa Sede anunció desde el 19 de junio 2016 que Francisco realizaría la esperada visita a Chile, del 15 al 18 de enero, y a Perú del 18 al 21 de enero de 2018. En Chile, el pontífice visitará Santiago, Temuco e Iquique. En Perú estará en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Por tanto, en unos días más, se concretará la gira del Papa argentino, en medio de expectativas sociales, religiosas, ambientales y hasta geopolíticas.

Francisco inicia 2018 con un doble rasgo. Por un lado es el líder mundial con mayor aceptación en el concierto internacional. Por otro, es cuestionado por los sectores conservadores católicos por querer flexibilizar la postura de la Iglesia ante los divorciados vueltos a casar y sus constantes críticas al sistema económico mundial, por idolatrar al dinero y al mercado como reguladores de la vida del planeta. En efecto, la popularidad del papa Francisco se ha incrementado, en especial en Latinoamérica. El sondeo efectuado por Gallup International ha revelado que el porcentaje de ciudadanos que tiene una estimación favorable del pontífice es 74, 57 puntos por encima de los que lo consideran de forma desfavorable (17 por ciento). Entre las 53 mil 769 personas de 55 países encuestadas a finales del año pasado, mostró a Francisco como el líder mundial que más opiniones favorables recogió (56 por ciento), por encima de políticos como la canciller alemana, Angela Merkel (49 por ciento), el presidente francés, Emmanuel Macron (45 por ciento). También Francisco está a punto de celebrar su quinto año de pontífice. A diferencia de los sectores ultraconservadores que lo tachan de Papa herético, los sectores progresistas desesperan, pues no han visto materializar las reformas ni las principales promesas que el pontífice enarboló al inicio de su mandato. Muchas palabras y buenas intenciones pero pocas concreciones. Hay reproches por los signos contradictorios, como fue su presencia en las exequias fastuosas del protector de pederastas Bernard Law, ex cardenal de Boston. La sola presencia de Francisco causó desconcierto en unos y desolación en otros.

Los sectores beneficiarios del crecimiento económico en la región ven con preocupación las constantes críticas de Francisco al sistema global. Afirma de diferentes maneras que éste excluye y descarta a amplios sectores de la población. Se sienten agredidos por el discurso del pontífice, y lo descalifican de la siguiente manera: El Papa no entiende nada de economía, recoge en su análisis José Joaquín Brunner; ¿Acaso Francisco quiere volver al fracasado camino del socialismo?; Bueno, Bergoglio es un peronista, nada más; Parece que hubiera leído a Laclau; o bien, Aquí vamos, de vuelta hacia la teología de la liberación. Por otra parte, la carta que la presidenta Michelle Bachelet, publicada en el diario El Mercurio, fue elocuente al afirmar que: Nuestro país ha cambiado para bien en estos 30 años. Mientras la visita de Juan Pablo II tuvo lugar durante una dictadura, hoy el Chile que lo recibe es plenamente democrático, libre y respetuoso de la Constitución y de las leyes. La jefa de Estado destacó que en las tres décadas pasadas la pobreza ha disminuido radicalmente (de 47 a 11 por ciento), la cobertura y acceso en educación desde los primeros años se ha multiplicado (de 15 a 50 por ciento) y la esperanza de vida ha sobrepasado 80 años. Algunos sectores pusieron en duda las aseveraciones de la presidenta, matizando que más de 40 por ciento de la población está en un grado de vulnerabilidad, es decir, personas que viven constantemente con el peligro de caer en la pobreza. Sin embargo, el cambio más importante en la sociedad chilena es la creciente percepción negativa de la Iglesia local, en especial de la jerarquía. Cuando el papa Juan Pablo II visitó Chile, la Iglesia gozaba de un gran prestigio. Era un factor de contrapeso a la dictadura de Augusto Pinochet; se distinguió por la defensa de los derechos; la formación cívica política, y fue un espacio de reflexión alterno. Ahora los católicos han descendido a cerca de 70 por ciento y los escándalos de abuso sexual a menores por parte del clero han agudizado la opinión crítica de los ciudadanos hacia la jerarquía que protegió a pederastas y se manejó torpemente con turbiedades.

La visita a Chile puede guardar una sorpresa. Un contundente posicionamiento de Francisco sobre el derecho al acceso al mar que ha demandado históricamente Bolivia. El Papa ya ha apoyado públicamente dicha pretensión, desde su viaje en 2015. En términos geopolíticos, es tema tabú, la diplomacia chilena ha procurado que el Papa se abstenga de dar opiniones sobre el problema con Bolivia hasta que se pronuncie el tribunal de La Haya, a finales de 2018. A Francisco le encanta mediar, lo hizo entre Cuba y Estados Unidos, entre las diferentes fuerzas políticas y militares en Colombia por alcanzar la paz y ahora este diferendo.

En Perú, las circunstancias son muy diferentes. En un país de mayores contrastes, el Papa apuntalará los sectores indígenas y llamará la atención para proteger la Amazonia. No es casual que haya elegido el pequeño y desconocido Puerto Madero como punto de peregrinaje. Ahí defenderá a los indígenas de formas de semiesclavitud, trata, y explotación de la minería clandestina. Sin embargo, el temá álgido en Perú es político. La democracia peruana ha vivido una amarga Navidad. La secuela de escándalos basados en unas confesiones de Odebrecht, ahora salpicó al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien se salvó el 21 de diciembre de ser destituido por incapacidad moral por un Congreso en que la mayoría fujimorista votó dividida y que ya le había derrumbado a cinco ministros y tenía paralizado a su gobierno. Kuczynski, en pago, ha indultado a Fujimori, el dictador que asoló Perú, que cometió crímenes terribles contra los derechos humanos y desvalijó el país con corrupciones a mansalva. La visita del Papa se da en medio de un álgido y dramático debate entre la corrupción de la clase política y la institucionalidad. Se teme que la visita de Francisco sea aticlimática, distractora. La visita es portadora de una agenda tan diferente que pueda alejar de un tema que ha incendiado el país. Estaremos muy atentos a las visitas.


vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/10/opinion/016a1pol

Chile-Iglesia Católica: La Iglesia recibe al Papa ocultando el fallo por abusos sexuales del ex obispo de Iquique....Por : Gabriela Pizarro y Pedro Ramírez en Reportajes de investigación







En 2012 el obispo de Iquique fue acusado de abuso sexual a dos menores. Marco Antonio Órdenes se refugió en Perú y su rastro se perdió. CIPER confirmó que está en Santiago y que fue autorizado a oficiar misa. Su causa terminó, pero un grupo de obispos operó para aplazar la difusión del fallo y evitar un escándalo antes de la visita del Papa. Esta es la última página del largo expediente de ocultamiento y protección con que la jerarquía ha manejado el problema que más ha dañado su poder e influencia. Al menos 11 obispos se han visto involucrados como agresores o encubridores. Esta es la historia.

Por Gabriela Pizarro y Pedro Ramírez

En la web oficial de la Iglesia Católica chilena (iglesia.cl) el nombre de Marco Antonio Órdenes Fernández figura en la nómina de los “obispos eméritos”. Ahí comparte espacio con prelados de extenso trabajo pastoral, como Sergio Contreras, Tomás González, Bernardino Piñera, Manuel Camilo Vial y Juan Luis Ysern. Pero Órdenes no está en esa lista por haberse acogido al descanso tras la jubilación. Está allí porque fue acusado ante el Vaticano de abusos sexuales contra menores en abril de 2012, hace casi seis años, y se vio obligado a abandonar abruptamente la diócesis de Iquique, que tenía a su cargo. Órdenes ya había sido acusado en 2009 por el mismo joven denunciante, pero ante la justicia civil. Y a pesar de la indagación de la Fiscalía, la Iglesia lo mantuvo en el cargo hasta que el escándalo explotó en Roma.

Desde entonces Órdenes está virtualmente “desaparecido”. La iglesia no entrega datos sobre su paradero ni sobre el estado en que se encuentra la investigación canónica que se le sigue. La única información oficial que la Conferencia Episcopal ha publicado sobre él en todo este tiempo es su foto y su nombre en la nómina de los obispos eméritos. Una publicación que le recuerda a los fieles que –a pesar de que en su momento admitió que mantuvo conductas impropias con menores y que circula una grabación donde dice que actuó por “calentura”– todavía ostenta el primer grado de la jerarquía eclesial y debe ser tratado con la dignidad de “monseñor”.

Aunque hay al menos 11 obispos que se han visto envueltos en denuncias de abusos –como posibles agresores o encubridores–, el caso de Marco Antonio Órdenes es emblemático. Lo es por el rotundo testimonio que lo inculpa (un ex acólito que asegura que se enamoró de él siendo quinceañero y que se desilusionó cuando supo que había mantenido una relación con otro menor). Lo es por la crudeza de las propias palabras del obispo en la grabación subrepticia que le hizo la víctima. Lo es porque el fiscal que lo investigó declaró que no había duda sobre la veracidad de la denuncia, pero, por las fechas en que ocurrieron los hechos, debió entregar los antecedentes a la justicia antigua. Y lo es, finalmente, porque ocurrió lo que muchos profetizaron: en los estrados de la vieja justicia penal y en el tribunal eclesial la causa se diluyó hasta conseguir que su recuerdo se evaporara en la memoria de la opinión pública.


Papa Francisco

La falta de transparencia en el caso de Marco Antonio Órdenes escaló aún más. En el tribunal eclesial el caso está, en los hechos, cerrado. Nada queda pendiente. Pero, los obispos decidieron postergar el anuncio del fallo hasta después de la visita del Papa Bergoglio.

Personas que conocen con precisión lo que se discute en la Conferencia Episcopal –en su asamblea plenaria, en su comité permanente y también en sus pasillos–, confirmaron a CIPER que Órdenes está en Santiago y que oficia periódicamente la eucaristía dominical en el Monasterio de las Hermanas de Belén, en Casablanca, con autorización del obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte. Las mismas fuentes indican que los obispos, en una decisión extraoficial, decidieron postergar el anuncio del dictamen hasta después de la visita de Francisco, aunque un sector de los prelados se opuso a la dilación.

El comunicado que anuncia el resultado de la larga investigación ya estaría hecho. Por los detalles que hasta ahora se conocen, todo hace pensar que, a pesar del tenor de las pruebas en su contra y por la continuidad que se le ha dado al ejercicio de su ministerio sacerdotal, es altamente probable que el dictamen –que debe ser sancionado por el Vaticano- sea exculpatorio para Órdenes o con una sanción menor.

En la antesala de la llegada del Papa Francisco, el ocultamiento del fallo para Marco Antonio Órdenes puede ser una chispa que encienda la pradera en el tema que más daño ha provocado en la imagen e influencia de la Iglesia Católica: la opacidad con que ha tratado los abusos sexuales cometidos por clérigos.

Históricamente, la Iglesia toleró estas agresiones y sólo trasladó de parroquia a los denunciados, exponiendo a nuevas víctimas, encubriendo sus agresiones. La recurrencia de los abusos sexuales al interior de la Iglesia solo se hizo visible con la judicialización de los casos, tras la denuncia contra el sacerdote José Andrés Aguirre Ovalle, el cura “Tato” (condenado en 2002). Desde entonces el clero se ha dividido en dos: los que están por la transparencia total y aquellos que abogan por la opacidad para proteger a la institución.

La puja entre ambos bandos quedó en evidencia cuando el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, al asumir la presidencia de la Conferencia Episcopal (CECh) dispuso que se retirara de la web oficial de la iglesia la nómina con los nombres de los clérigos que han sido sentenciados por abusos de menores (tanto en la justicia penal como en la eclesiástica).

En su momento, la publicación y actualización de esa nómina había sido la bandera más alta conquistada por quienes impulsan la política de “tolerancia cero y transparencia cien”. Ezzati la cambió por una lista sin nombres, solo con el número de sentenciados. Hoy ni siquiera esa nómina se publica y sólo se accede a esos antecedentes pidiéndolos directamente a la CECh.


Ricardo Ezzati

Ezzati está entre los 11 obispos que se han visto envueltos en denuncias de abusos. Se le acusa de haber protegido al religioso salesiano Rimsky Rojas cuando el ahora arzobispo era el superior de esa congregación y solo lo trasladó a Punta Arenas. También operó para que una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, no pudiese dar testimonio en una actividad de la Iglesia Católica en Roma y para que no fuese nominado en una comisión creada por el Papa Francisco para atender a menores. Así quedó expuesto en una serie de correos publicados por El Mostrador en los que Ezzati coordinó una estrategia con el cardenal Francisco Javier Errázuriz –apuntado como encubridor del sacerdote Karadima– para bloquear a Cruz en el Vaticano.

Además de Órdenes, Ezzati y Errázuriz, los obispos involucrados en casos de abusos son Gonzalo Duarte (Valparaíso); Juan Barros (Osorno); Santiago Silva (obispo castrense y presidente de la CECh); Cristián Contreras Molina (San Felipe); Horacio Valenzuela (Talca); Andrés Arteaga (obispo auxiliar de Santiago); Tomislav Koljatic (Linares); Bernardo Bastres (Punta Arenas), Jorge Medina (obispo emérito de Valparaíso) y Francisco José Cox (arzobispo emérito de La Serena).

“CARIÑO” Y “CALENTURA” EN IQUIQUE

El obispo emérito de Ancud, Juan Luis Ysern, es desde 2012 el abogado defensor del obispo Marco Antonio Órdenes en el proceso canónico. Ysern confirmó a CIPER que Órdenes se encuentra actualmente en Santiago, que oficia misas en un ambiente privado (aunque no aclaró dónde) y que trabaja como jefe de personal en una empresa (pero dijo no tener más detalles sobre el nombre o el rubro de esta).

Como abogado defensor, Ysern aseguró que está convencido de la “absoluta inocencia” del obispo Órdenes, aunque aclaró que le ha dicho que debe prepararse para cualquier veredicto.

Los hechos por los que se acusa a Órdenes ocurrieron en 1997. La víctima, Rodrigo Pino Jelcic, tenía 15 años, era acólito y deseaba ser sacerdote. Las declaraciones del joven sobre su relación con Órdenes causaron impacto:

–Empezó primero con tocaciones, con besos, caricias, más allá de una amistad (…). En un principio los abusos fueron obligados, pero después no lo fueron, porque me enamoré de él –relató Pino a La Segunda en 2012, poco después de que llevó su denuncia a la nunciatura, obligando a Órdenes a abandonar apresuradamente su cargo y refugiarse en Perú. Allí se perdió su rastro. Hasta ahora. Solo se sabía que en 2015 había recibido autorización de Roma para volver a Chile al funeral de su madre.

Rodrigo Pino ha declarado que en 2008 conoció a un joven de 18 años que también fue abusado por Órdenes. Por este motivo al año siguiente hizo la denuncia de manera anónima a la justicia ordinaria. La investigación no prosperó, pero se reactivó en 2012, cuando entregó los antecedentes a la Nunciatura Apostólica.

Tras hacerse público el caso y luego de estar un tiempo ausente, Órdenes comunicó su renuncia. “Estoy crucificado, golpeado y silenciado en la cruz. Espero, en la fe, estar mañana resucitando en un tiempo nuevo”, dijo frente a los micrófonos en octubre de 2012.


Ex obispo de Iquique Marco Antonio Órdenes

La investigación penal continuó. En 2013 el fiscal a cargo, Raúl Arancibia, confirmó que la acusación era completamente veraz: “Los antecedentes reunidos por mí en diversos testimonios, en diversas diligencias, ratifican en todas sus partes que lo denunciado es efectivo”, aseguró. A pesar de ello, y por la fecha en que ocurrieron los abusos, se decretó la incompetencia de la fiscalía y el caso debió pasar a la justicia antigua.

Una de las principales pruebas presentadas por Rodrigo Pino es una grabación de dos minutos, donde se escucha una conversación entre él y el obispo:

—Yo contigo experimenté el cariño (…) sentí que te estaba queriendo —dice el sacerdote.

— ¿Y el Camilo? —le pregunta Pino, refiriéndose al otro menor involucrado.

—Estamos hablando para los dos, solo para los dos. Yo creo que él se insinuó, me molestó y eso yo lo tengo que llamar hoy día… porque me lo puse delante de Dios, yo lo he cuestionado entero… eso es calentura —explica Órdenes en voz baja.

—O sea con él tuvo calentura y conmigo no —replica Pino en el audio.

—Sí, tengo que reconocerlo que es así (escuche aquí el audio completo).

Para el defensor Juan Luis Ysern esta prueba no es concluyente:

-Es una grabación muy corta, que está fuera de contexto. Hay palabras que alguien puede interpretar de una forma, pero son de otra.

LA NÓMINA QUE CENSURÓ EZZATI

La recopilación hecha por un reportaje de La Tercera indica que desde 2002, año de la condena al cura “Tato”, se han conocido al menos 80 casos de abusos (a menores y adultos). La cifra es prácticamente coincidente con la información presentada este miércoles 10 de enero por la organización Bishop Accountability, que se dedica a registrar los casos de abusos cometidos por sacerdotes en todo el mundo. La entidad cuenta con 79 nombres de consagrados que han sido acusados de abusos en Chile (vea aquí la base de datos de Bishop Accountability con casos chilenos)

Del total de sacerdotes, religiosas y diáconos denunciados, la Conferencia Episcopal solo considera en su nómina aquellos que han recibido una sentencia ejecutoriada por abusos a menores, tanto de los tribunales civiles como de los eclesiásticos. Con ese filtro, la lista se reduce a 32 consagrados: 17 condenados por la justicia civil y 15 por la canónica (vea la nómina que la CECh entregó a CIPER).

El criterio establecido por la Conferencia Episcopal deja fuera todos los casos que están siendo investigados, sobre los que no aporta ni un solo dato, aunque algunos se arrastran por cinco o seis años (como ocurre con el obispo Órdenes).


Cristián Precht

También omite los nombres de los sacerdotes que ya fallecieron. De hecho, el secretario general adjunto de la CECh, el diácono Jaime Coiro, confirmó a CIPER que es una materia en discusión si se debe retirar el nombre del clérigo condenado tras ocurrir su deceso. Otro debate es si seguirán en la lista los sacerdotes que ya cumplieron su sentencia, como sucede con el ex vicario de la Solidaridad, Cristián Precht (vea el reportaje de CIPER sobre las acusaciones contra Precht).

Asimismo, cumplieron sus sentencias los sacerdotes Julio Raúl Inostroza Caro, (diócesis de San Felipe, recibió condena canónica a tres años de suspensión del ejercicio público del ministerio y labores pastorales); Juan Carlos Orellana Acuña (también de San Felipe, con condena penal a cuatro años de cárcel, su congregación lo obligó a vivir en una comunidad sacerdotal con acompañamiento permanente y en la actualidad es vicario en la parroquia Santa Ana de Longotoma con prohibición de trabajar con menores); Julio Dutilh (diocesano de Santiago, la sentencia canónica lo obligó a peregrinar todos los meses durante un año para orar por la mujer a la que efectuó tocaciones y tras cumplir el castigo volvió a la parroquia Santa María de Las Condes como vicario) y Francisco Cartes Aburto (claretiano de Talca, condenado a cinco años de libertad vigilada por abuso de menor, absuelto en el juicio canónico, ahora sirve a la misma diócesis como capellán de religiosas en Curicó).

También cumplió sus sentencias civil y canónica el sacerdote Víctor Hugo Carrera Triviño, condenado en 2005 a 541 días de presidio menor que cumplió en libertad. La justicia eclesial de Punta Arenas, donde cometió los abusos, lo suspendió de por vida del ejercicio ministerial pero solo en esa diócesis, por lo que puede seguir actuando como sacerdote fuera de esa zona. En el obispado de Punta Arenas informaron a CIPER que en 2007 se unió al movimiento de los Focolares y abandonó la región.

En el caso del sacerdote filipino Richard Aguinaldo Apóstol, de la congregación del Verbo Divino, nunca recibió condena canónica pero si fue sentenciado por la justicia ordinaria: cuatro años de libertad vigilada por abusar de un menor en el Liceo Alemán. Tras cumplir su condena, retornó a Filipinas en abril de 2017, donde reside con su madre. Nada le impide retomar el ejercicio del ministerio sacerdotal, pero el superior del Verbo Divino en Chile, Graziano Beltrami, sostuvo que es poco probable que lo haga.

El aspecto más discutible de los criterios con que la Conferencia Episcopal elabora su lista, es que deja fuera de la nómina a los abusadores sexuales de adultos. El tema es altamente delicado en una institución donde con frecuencia los fieles someten su voluntad a una supuesta autoridad espiritual. Si bien en este último caso es más difícil probar el abuso en la justicia penal, es una conducta que sí recibe sanción en el Derecho Canónico. Por lo mismo, religiosos y laicos consultados por CIPER estiman que bajo un criterio de máxima transparencia y coherencia con las normas internas, la CECh debiese publicar los nombres de todos los abusadores sin importar la edad de la víctima.

Ese filtro utilizado por la Conferencia Episcopal permite que se concreten situaciones absurdas y altamente violentas para los denunciantes. Así ocurre con Jeremiah Healy Kerins, sacerdote columbano conocido como padre Derry, quien está confesó de haber abusado sexualmente de un menor de 16 años en los años 80. El nombre de Healy figuró en la nómina de sentenciados publicada por la CECh hasta 2013. Luego desapareció. En su congregación explicaron a CIPER que se le sancionó por abuso sexual, pero no contra menores, porque en los años en que ocurrió la agresión el Derecho Canónico no consideraba a los adolescentes de 16 años como menores de edad (vea el reportaje de CIPER donde Healy admite la veracidad de las denuncias).

En la nómina de la CECh tampoco aparece un nombre “connotado”: el del ex superior mundial de los mercedarios, Pedro Mariano Labarca Araya. Desde el Vaticano recibió la sanción máxima que puede afectar a un consagrado: la expulsión del estado sacerdotal. El secretario general adjunto de la CECh, Jaime Coiro, explicó a CIPER que Labarca no figura en la nómina porque la congregación Mercedaria –que llevó la investigación– nunca aclaró si los abusos involucraban a menores. La información fue corroborada por el encargado de comunicaciones de los mercedarios, Jorge Paredes (ver reportaje de CIPER).

La CECh tampoco aporta información sobre los procesos contra sacerdotes que se suicidaron al enterarse de las denuncias en su contra (como Rimsky Rojas, Rodrigo Allendes y René Aguilera) ni acerca de aquellos que abandonaron el sacerdocio (como Rafael Villena y Alfredo Soiza-Piñeyro).

Asimismo, no está en la nómina el sacerdote belga Afonso Gielis, acusado de abusos contra menores pehuenches que vivían en un hogar en Santa Bárbara, en la zona del alto Bío Bío. Gielis fue denunciado en al menos dos oportunidades, se le abrió un proceso en la justicia civil en 1992 que no prosperó, pero solo fue trasladado de diócesis (de Los Ángeles a San Bernardo, por petición del fallecido obispo Orozimbo Fuenzalida). En 2010 fue retenido por la justicia belga y sometido a proceso en su país por los abusos contra niños chilenos (vea el reportaje de CIPER sobre el caso de Gielis).

Tampoco hay información sobre la investigación al sacerdote Plácido Soto Quiroz, denunciando en mayo de 2011. Oficiaba como párroco en la diócesis de Linares, pero abandonó ese cargo cuando se le inició una investigación canónica. Nunca se conoció el resultado de esa indagatoria y Soto, aunque dejó de ser párroco, siguió ejerciendo su ministerio como capellán de un hogar de ancianos. Falleció en septiembre de 2017 y en su biografía divulgada por la revista diocesana no se mencionan las acusaciones que enfrentó.

No hay datos en la nómina de la CECh sobre el sacerdote Roberto Salazar Soto, a pesar de que sí tiene una condena canónica que lo expulsó del clero en 2013 por abusar de un menor. Salazar integraba la comunidad de San Francisco de Sales, a la que también pertenecía Héctor Valdés Valdés, otro condenado por abuso de menor y removido de por vida del ejercicio sacerdotal. Ambos, Salazar y Valdés, fueron superiores de su congregación.

En la nómina de la Conferencia Episcopal al menos hay un caso en que se aplicó una condena canónica que luego se rebajó. El sacerdote Nibaldo Escalante Trigo fue sentenciado en 2008 a la suspensión de por vida del ministerio sacerdotal en público, pero en la diócesis de La Serena informaron a CIPER que actualmente se le permite ejercer algunos actos del ministerio fuera de su hogar con la explícita autorización del arzobispo local.

CIPER detectó dos casos de sacerdotes salesianos que no figuran en la nómina de la Conferencia Episcopal, aunque fueron condenados por su congregación. Uno de ellos es por abuso contra un adulto. Y aunque el segundo es por una agresión a un menor, no está en la lista de la CECh porque la familia denunciante pidió la reserva total. Así lo confirmó a CIPER el superior de los salesianos, Alberto Lorenzelli, quien no entregó los nombres de los religiosos sancionados.

Una figura destacada que fue objeto de denuncias pero que nunca fue investigada por la justicia eclesial, es el ex superior de los jesuitas Eugenio Valenzuela, quien solo enfrentó una investigación interna de su congregación que lo ratificó como jefe provincial y que determinó que no se configuraron delitos eclesiásticos. Sus denunciantes llevaron la causa a Roma, donde tampoco se dio lugar a un juicio canónico. Pero, la Congregación Para la Doctrina de la Fe delegó en los jesuitas la responsabilidad de aplicar una sanción acorde a los hechos denunciados. Consultado por CIPER, el superior provincial jesuita, Cristián del Campo, rechazó informar cuál fue la sanción impuesta, argumentando que no correspondía a delitos contemplados por el Derecho Canónico. Hoy Valenzuela está a cargo del templo del colegio San Ignacio de Alonso Ovalle.

OBISPOS INVOLUCRADOS

La investigación de CIPER identificó al menos nueve denuncias de abusos que siguen a la espera de una resolución canónica aunque algunos superan los cinco años de tramitación.


Fernando Karadima y Diego Ossa

Más allá de los juicios extensos y poco transparentes, hay casos en los que la impunidad ha sido la única respuesta. El más connotado de ellos es el de Diego Ossa, diocesano dependiente del Arzobispado de Santiago y parte del círculo de hierro de Fernando Karadima. A pesar de que enfrentó una denuncia por abuso sexual formulada por un adulto, nunca ha sido investigado por la iglesia. En lugar de eso, desde que salió de la comunidad de El Bosque que lideraba Karadima ha sido trasladado por distintas parroquias, entre Pudahuel, Huechuraba y Lo Prado, enfrentándose al rechazo de los feligreses. Actualmente ejerce como vicario parroquial en el templo de Nuestra Señora de la Paz en Ñuñoa.

Ossa solo fue investigado por la justicia ordinaria en la arista económica del caso Karadima, a raíz de los $10 millones que pagó a Óscar Osbén, la persona que denunció haber sido abusado por él en 2003. En julio de 2010, el entonces arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, envió una carta a Ossa explicándole lo que debía decir para disfrazar dichos pagos: “Seguramente recuerdas mi proposición para hacer más verosímil tu versión: que el dinero entregado era una obra de misericordia, y no una medida para acallar a un denunciante”, escribió Errázuriz en la carta publicada por The Clinic.

Errázuriz ha sido sindicado por las víctimas de Karadima como uno de los encubridores del influyente ex párroco de El Bosque, pues desestimó las denuncias iniciales e hizo permanentes esfuerzos para invalidar las pruebas en su contra. Una negligencia y complicidad que también le atribuyeron a su sucesor, Ricardo Ezzati.

Junto a Errázuriz y Ezzati, también han sido acusados como protectores de Karadima los obispos Juan Barros (quien, por lo mismo, enfrenta una dura oposición de comunidades católicas que lo rechazan como pastor de la diócesis de Osorno), Andrés Arteaga (obispo auxiliar de Santiago), Tomislav Koljatic (Linares) y Horacio Valenzuela (Talca). Los cuatro formados por Karadima. Koljatic y Valenzuela en 2010 enviaron cartas al secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, en las que entregaron información falsa para descalificar a las víctimas (vea el reportaje de Ciper).

Al obispo Horacio Valenzuela también se le acusa de haber protegido al sacerdote Francisco Valenzuela Sanhueza, a quien solo trasladó de diócesis cuando se conocieron las denuncias en su contra y que fue condenado a 15 años de prisión en 2013. En este caso también es sindicado como encubridor el obispo de San Felipe, Cristián Contreras Molina, quien recibió al clérigo en su diócesis tras su paso por Talca. Todas estas revelaciones las hizo el obispo emérito Manuel Camilo Vial, al declarar en el juicio civil, donde reveló que el cura acusado también había sido denunciado en 1990 cuando dejó embarazada a una menor.

También se han visto envueltos en denuncias por abusos los obispos Gonzalo Duarte (Valparaíso, como encubridor y por comportamientos impropios con seminaristas); Santiago Silva (obispo Castrense y presidente de la Conferencia Episcopal, como encubridor de abusos contra seminaristas cuando era obispo auxiliar de Valparaíso); Bernardo Bastres (Punta Arenas, se le acusa de no haber actuado cuando era inspector de la congregación salesiana, respecto de un sacerdote que mantenía pornografía infantil), Jorge Medina (obispo emérito de Valparaíso, por no reaccionar al conocer una denuncia de abusos contra un seminarista) y Francisco José Cox (arzobispo emérito de La Serena, que se refugió en Alemania cuando se conocieron sus múltiples agresiones a menores y jóvenes seminaristas).


Cristián Contreras Molina

La situación que enfrenta el obispo de San Felipe, el mercedario Cristián Contreras Molina, es particularmente delicada. Aunque se trata de una diócesis pequeña, San Felipe es una de las que acumula más denuncias por abuso sexual a nivel nacional: al menos seis. Y entre los denunciados se cuenta el propio obispo Contreras. Tres sacerdotes de su diócesis lo acusaron de actos impropios. Uno de ellos en 2013 declaró bajo juramento haber presenciado cómo el obispo tocaba los genitales de un menor por sobre su ropa e incluso denunció que él mismo recibió una proposición sexual por parte de Contreras.

La investigación al obispo Contreras quedó a cargo del cardenal mexicano José Francisco Robles, quien a inicios de 2014 envió a dos sacerdotes para investigar en terreno (vea el reportaje de Ciper). En junio de ese año, la Congregación para la Doctrina de la Fe concluyó que las acusaciones eran falsas y absolvió a Contreras. La causa penal, según comunicó el obispado de San Felipe en su momento, fue archivada por “falta de antecedentes”.

EL ESCÁNDALO DE LOS MARISTAS

Cuando toda la Iglesia Católica chilena entraba de lleno en los preparativos de la visita de Francisco, en agosto pasado recibió un verdadero mazazo que reflotó un tema que todos querían dar por superado: el encubrimiento a los abusos a menores. El 29 de ese mes explotó el escándalo de los hermanos maristas. Desde 2010 sabían que uno de sus integrantes había abusado de al menos 14 niños de dos colegios de la congregación (Instituto Alonso de Ercilla y Colegio Marcelino Champagnat) y durante siete años lo ocultaron.

El abusador, Abel Pérez Ruiz, fue finalmente denunciado por la misma congregación ante la Fiscalía en esos últimos días de agosto y se inició una investigación interna. El terremoto que sacudió al Arzobispado de Santiago aumentó de intensidad con las declaraciones del vocero y delegado provincial para la protección de menores de la congregación, Mariano Varona, quien intentó justificar por qué no se actuó antes. Contrario a todos los instructivos del Vaticano y de la Conferencia Episcopal chilena, que urgen la presentación de las denuncias, Varona dijo que el “retraso” se debió a que no contaban con protocolos y que todo se destapó en 2017 porque las víctimas se movilizaron para presionar a los maristas.

Abel Pérez ejerció como profesor de matemáticas durante 40 años en los colegios de la comunidad marista. Varona explicó que solo cuando se destapó el caso Karadima, Pérez se dio cuenta de que lo que había obligado a hacer a los niños –sexo oral, masturbación y tocaciones, según han relatado las víctimas- eran delitos y no “debilidades”. Fue entonces que confesó sus abusos, pero según Varona, no se hicieron denuncias porque “no teníamos en ese momento esa sensibilidad, esa de denunciar. No se nos pasó por la mente”.

La indagatoria traería más sorpresas ingratas: otros cinco miembros de la comunidad marista cometieron abusos. Al menos uno de ellos, Luis Cornejo Silva, también había confesado años atrás, lo que originó su viaje a Bolivia en 2013, donde fue asaltado y apuñalado, por lo que permanece en estado vegetal. Otro acusado es Armando Alegría y de los tres restantes, dos ya fallecieron y la identidad del último se mantiene bajo reserva.

El nuevo vocero de la congregación marista, Ernesto Reyes, confirmó a CIPER que ya enviaron al Vaticano los antecedentes sobre Cornejo y Pérez. Según explicó, están a la espera de la respuesta para expulsarlos de la congregación y del clero. También señaló que en marzo Mariano Varona será relevado de su cargo como delegado provincial para la protección de menores.


vía:
http://ciperchile.cl/2018/01/10/la-iglesia-recibe-al-papa-ocultando-el-fallo-por-abusos-sexuales-del-ex-obispo-de-iquique/

Brasil: Parecer da AGU provoca onda de despejos, morte e desesperança para indígenas Guarani Kaiowá e Terena no MS.... Instituto Humanitas Unisinos - ADITAL



Parecer do governo Temer paralisa demarcações e reforça onda de despejos contra comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul.


Os efeitos do Parecer 01/2017 da Advocacia-Geral da União (AGU), o chamado Parecer Antidemarcação, já podem ser sentidos pelos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, sobretudo na região de Dourados. O estado possui um acentuado passivo com relação à regularização fundiária de territórios tradicionais no país. O parecer tem a função de manter o quadro como está, apontam as lideranças indígenas, na medida em que obriga toda a administração pública a aplicar as condicionantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Entre elas está a tese do marco temporal, que restringe os direitos territoriais dos povos definindo que só podem ser reconhecidas as terras que estivessem sob sua posse em 5 de outubro de 1988.

Existe uma crise humanitária na Reserva de Dourados se arrastando há pelo menos duas décadas. Os 16 mil indígenas Guarani Kaiowá e Terena vivem confinados em três mil hectares e buscam terras para “desafogar” a situação. Para a Reserva os indígenas foram levados no decorrer do final da primeira metade do século XX, como política de colonização de “terras devolutas” do então estado do Mato Grosso, e em 5 de outubro de 1988 estes povos não estavam nas terras tradicionais de onde foram retirados com violência. Dessa maneira, a cada retomada ou ocupação de terra fora da Reserva, estes indígenas sofrem ações de reintegração posse que desde o ano passado têm como principal argumento deferidor a tese do marco temporal.

“Por seu caráter amplo, e também por ser da AGU, o parecer possui capacidade de influenciar a Justiça Federal. Afinal, é uma posição do Poder Executivo – o poder que tem a responsabilidade administrativa pela demarcação. Como a retomada de terra é a alternativa dos povos para garantir o território tradicional, esse parecer é o combustível necessário para abastecer a usina de reintegrações de posse, com destaque para as decisões de primeira instância”, declarou a jornalistas de Brasília uma das coordenadoras da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Sônia Guajajara.

Neste contexto se encontra uma ocupação Terena reintegrada à força pela polícia, no início de dezembro. O grupo, composto por oito famílias (cerca de 50 pessoas) e oriundo da Reserva, foi surpreendido pela Tropa de Choque. Os acessos ao sítio em que os indígenas estavam foram fechados. Tratores destruíram casas e dezenas de indígenas foram atingidos pelas balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. “Parecia que estavam preparados para uma guerra. Foi horrível. Atacaram com tudo, não tivemos nem tempo de reagir. Quando percebemos já estávamos na rodovia. A interditamos em protesto e mais uma vez a Tropa de Choque chegou atirando balas de borracha, bombas. Uma desumanidade”, explica Zuleica Terena.

Para os integrantes do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) Regional Mato Grosso do Sul, trata-se de um movimento de despejos reforçado agora pelo parecer.

“Ano passado tivemos Apyka’i, Itapoty e Nhu Vera. Sempre a partir da Reserva. Então há um aumento de violência na região de Dourados. São centenas de indígenas que não cabem na Reserva. Buscam novas ocupações ou retomadas e sofrem represálias dos policiais em ações violentas de despejo”, destaca o missionário Matias Benno.

“Isso mostra quais serão os próximos passos da polícia em Dourados e já deixa a sombra do desespero pairando sobre todas as áreas. Sem dúvida o Parecer da AGU é um elemento a mais para aumentar a preocupação: com as demarcações paralisadas, os indígenas vão para as retomadas. Com isso, novas reintegrações baseadas no marco temporal podem ocorrer com a truculência policial”, destaca a missionária do Cimi Regional MS, Lídia Farias de Oliveira.

Um outra reintegração de posse saiu nas últimas semanas contra o tekoha – lugar onde se é – de Nhu Vera. Os argumentos relativos ao marco temporal estão presentes no pedido de despejo atendido pela Justiça Federal. No acampamento moram 50 famílias, cerca de 250 pessoas, que já estão no local há sete anos vindas da Reserva de Dourados. A área fica nas proximidades do despejo contra o grupo Terena. Se trata de um território cujos limites estão na fronteira da Reserva.

“Os proprietários da fazenda retomada”, conta uma das lideranças Guarani e Kaiowá, “engoliu a aldeia Bororó”. Com efeito, a presença indígena também foi “engolida”. “A tese do marco temporal legaliza esses crimes, expulsões a todo custo, assassinatos e genocídio dos patrícios (indígenas). Impede a reparação, transforma a Constituição numa revista de piada”, protesta Lindomar Terena.

O cenário deveria ser outro. Desde 2007, portanto há dez anos, o governo federal desrespeita um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), estabelecido junto ao Ministério Público Federal (MPF) do Mato Grosso do Sul, onde em dois anos a Funai deveria demarcar um conjunto de terras indígenas, os chamados Peguá. “A precariedade em que vivem os indígenas, em boa parte, se deve ao fato de que eles não têm endereço, vivem em acampamentos e áreas não reconhecidas pelo Estado. Desta forma, são privados dos serviços públicos como fornecimento de água e energia elétrica”, destacou o MPF em nota divulgada no último dia 12 de dezembro.

A comunidade do tekoha Pyelito Kue, em Iguatemi, a 470 km ao sul de Campo Grande (MS), destacam os procuradores do MPF, ficou nacionalmente conhecida em 2012 quando divulgou uma carta de repúdio à decisão judicial que determinou a reintegração de posse da área que ocupavam. Ou seja, após os dois anos determinados pelo TAC para a demarcação da terra Guarani e Kaiowá. À época, os indígenas disseram que a determinação da Justiça levaria a comunidade a morrer pela terra, “já que a sobrevivência dos indígenas na região estaria inviabilizada”. No total, são sete terras indígenas e 39 tekohas – pactuados pelo TAC – dos povos Guarani e Kaiowá e Ñandeva. A multa decorrente do não cumprimento do TAC deveria ser revertida às comunidades, o que também não aconteceu.

Apyka’i: mais uma cova na beira da estrada

O corpo de Cleusa Benites Guarani e Kaiowá foi enterrado entre dois barracos de lona, instalados num barranco com poucos metros quadrados de ocupação e dividido por cinco famílias – o número já chegou a nove. A cova foi aberta no pequeníssimo espaço usado pelas crianças para as brincadeiras, entre a cerca do latifúndio e o asfalto da BR-463. O lugar é conhecido como Curral do Arame e está na região chamada de a “Faixa de Gaza” brasileira, no cone sul do Mato Grosso do Sul. “Não queremos retomar o Apyka’i, mas apenas enterrar a Cleusa com os demais parentes. É um pedido para as autoridades”, diz dona Damiana Guarani e Kaiowá. A Cleusa era uma das poucas adultas e chegou ao barranco, com as demais famílias, vinda de mais um despejo do tekoha – lugar onde se é – Apyka’i, realizado em 6 de julho do ano passado, um dia chuvoso e cinza, por agentes da Polícia Federal. A tese do marco temporal esteve presente nas justificativas da ação de despejo.

É incerta a causa da morte de Cleusa. O corpo foi encontrado não muito distante do acampamento. “Como a situação para o grupo é de extrema dificuldade, sobretudo com alimentação, os indígenas relataram que Cleusa tinha saído para coletar doações. Horas depois foi encontrada sem vida”, explica Lídia Farias de Oliveira, missionária do Cimi Regional MS. Os Guarani e Kaiowá não observaram hematomas ou ferimentos em Cleusa, conforme relatam. Para emissários da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que providenciaram o caixão para o enterro, tratou-se de um mal súbito ou infarto. Há entre os indígenas os que acreditam em atropelamento, pois Cleusa estava bem de saúde. Sem a devida investigação, entretanto, o que se sabe é que Cleusa morreu longe de seu tekoha e no que pode ser considerado um sacrifício pela terra tradicional.

Para os Guarani e Kaiowá do Apyka’i se tornou rotina enterrar seus mortos. Nos últimos anos, nove integrantes da comunidade morreram vítimas de atropelamentos. Sem contar as mortes por desnutrição e as inúmeras violências desferidas por capangas, pistoleiros e reintegrações de posse. Um indígena chegou a morrer envenenado pelos agrotóxicos utilizados pela fazenda que se sobrepõe ao tekoha. O grupo vem sendo dizimado sob o olhar passivo das autoridades públicas. Por mais de uma década, as nove famílias do Apyka’i viveram na beira da estrada, sofrendo ataques de seguranças privados, tendo seus barracos criminosamente incendiados a mando de produtores rurais, bebendo da água podre dos córregos envenenados pela monocultura – figurando, assim, como uma espécie de “comunidade modelo” do genocídio que sofrem os povos indígenas no Brasil.

Desde 2013, os indígenas retomam parte do território reivindicado como tradicional, onde incide a fazenda Serrana, propriedade de Cássio Guilherme Bonilla, arrendada para a gigante do setor sucroalcooleiro Usina São Fernando. Os moradores do tekoha sobrevivem essencialmente de doações e de cestas básicas oferecidas por apoiadores e pela Funai. Não tem acesso à água, à floresta, è educação, saúde, à segurança ou a dignidade mínima. Instalada em Dourados em 2009, a usina é um empreendimento do Grupo Bertin, um dos maiores frigoríficos produtores e exportadores de itens de origem animal das Américas, e da Agropecuária JB, ligada ao Grupo Bumlai, especializado em melhoramento genético de gado de corte. Um dos territórios utilizados pela usina para produzir cana é reivindicado pelo povo Guarani e Kaiowá do Apyka’i.

Em 2010, sob perigo de perder sua licença de operação em função de diversos descumprimentos legais em questões trabalhistas, ambientais e indígenas, a usina teve de assinar um termo de cooperação e compromisso de responsabilidades na Justiça. Entre as condicionantes estabelecidas pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Federal (MPF), a usina era obrigada a não renovar o contrato de arrendamento da fazenda Serrana, de Cássio Guilherme Bonilha Tecchio, propriedade que incide sobre o território reivindicado como Apyka’i pela família de Damiana, quando o atual findasse. Em 2015, José Carlos Bumlai foi preso no decurso da Operação Lava Jato, acusado de fazer parte de um esquema de corrupção e fraude no pagamento de dívidas de campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores.

“Não acredito no governo, as coisas só pioram”

Leila Rocha Guarani Ñandeva está há 18 anos numa luta intermitente pela terra tradicional. “Tentamos de tudo para ficar em paz na nossa terra. Eu mesma já caminhei em vários lugares de governo, Justiça para ver se sai resultado da terra, mas o que nos restou foram as retomadas”, diz. Leila é da Terra Indígena Yvy Katu/Porto Lindo, demarcada em 2005 e localizada no município de Japorã (MS), onde os Guarani Ñandeva iniciaram a luta de reconquista territorial há 29 anos. Em 2003, para pressionar o governo federal e o judiciário, os indígenas realizaram a primeira retomada do território tradicional, expulsando não-indígenas de 14 diferentes fazendas na área reivindicada.

Os ataques à demarcação de Yvy Katu só aumentaram. Em 11 de maio de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou recurso a fazendeiros que contestavam a demarcação. A decisão favorável tratava da revisão dos limites da Terra Indígena Yvy Katu/Porto Lindo. Em 1991, os limites da reserva, demarcada em 1928, foram revisados e se reconheceu que ela correspondia a 9.454 hectares. Um fazendeiro questionou a demarcação com um embargo declaratório que afirmava, com base na tese do marco temporal, que os novos limites reconhecidos não correspondiam ao “conceito de ocupação tradicional”, pois os indígenas não estariam lá em 5 de outubro de 1988. “Isso virou moda no Mato Grosso do Sul: o marco temporal é um assassino dos Guarani Kaiowá. Não somos respeitados. Nosso direito foi retirado. Se não estávamos nas tekoha no dia da Constituição é porque nos tiraram de forma forçada, confinaram nosso povo nas reservas. Branco pretende cometer a mesma violência pela segunda vez”, ressalta Leila.

Os Guarani Kaiowá e Ñandeva, confirma Leila, decidiram que vão autodemarcar as terras indígenas. “Vamos fazer a nossa homologação”, diz. Ela acredita que muitas mortes ainda ocorrerão, mas “nossa luta não tem fim. Estamos ali e não vamos recuar. Jamais vamos abandonar a nossa mãe. Somos originários dessa terra, nossa vivência, nossa família. Sem terra nós não somos nada. A terra pra nós é algo muito valioso”. Leila lembra da vez em que o cano de uma arma de fogo foi empurrado contra o seu peito, das palavras de ameaça e de ter enfrentando inúmeras vezes a Polícia Federal. “Fomos saqueados, mas queremos agora apenas um pedaço dessa terra que nos tiraram. Nos acharam pelados em terras cobertas por florestas neste Mato Grosso do Sul hoje desmatado, doente”.

A indígena aponta para um árvore e explica como seu povo entende a relação dele com os brancos: “Somos as raízes desta terra, os outros são os nossos galhos e nossa folhas. Veja essa árvore: tem o pé, os galhos e as folhas. Passarinho faz ninho no galho. Surgiu outra vida que encontrou nessa árvore um lugar para seguir adiante. Pra todo mundo serve essa terra, acreditamos nisso, mas pra gente também”. Quando caminha entre os gabinetes dos ministros do STF, Leila pensa: “Já caminhei tanto por esses órgãos, por Brasília, já fomos para outros lugares do mundo denunciar e ver se governo toma as providências. Já foram nos tekohas, essas autoridades todas, recebemos com rituais e em paz. Eu penso que não adianta mais. Branco vai continuar judiando da gente. Ainda bem que temos a Aty Guasu. Não estamos desamparados porque ali vamos tomar as nossas decisões”.

Fonte: Instituto Humanitas Unisinos - ADITAL

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Brasil_Parecer_da_AGU_provoca_onda_de_despejos_morte_e_desesperanca_para_indigenas_Guarani_Kaiowa_e_Terena_no_MS

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
Malas noticias en los periòdicos, asesinatos, enfermedad, pobreza, dolor, injusticias, discriminaciòn, guerras, lo grave es que nos parece normal.

Ecologia2