lunes, 11 de diciembre de 2017

Argentina-La Dictadura: Otra represión ......Balearon a un diputado durante una protesta en Neuquén....pagina12



A tono con la feroz represión contra trabajadores estatales de la semana pasada, policías de Neuquén y también de la Federal dispararon gases y balas de goma a trabajadores de una maderera de esa provincia que reclamaban sobre la ruta 7 contra 90 despidos en esa empresa que cerró el mes pasado. Hubo cinco detenidos y uno de los heridos fue el diputado provincial del FIT Raúl Godoy. “Me dieron un balazo a un metro de distancia y por la espalda. Tengo fractura de peroné”, relató desde el hospital al que debió ser trasladado.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de ayer, cuando obreros de la Maderera MAM, ubicada en el parque industrial provincial, fueron reprimidos frente a esa compañía por exigir la reincorporación de los despedidos. Sin mediar palabra, los policías provinciales y del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOP) avanzaron contra ellos sin mostrar la orden judicial que habilitaba ese procedimiento.

El responsable del operativo represivo, comisario Víctor González, dijo haber actuado bajo “una orden judicial” del fiscal Pablo Vignaroli y encontró una particular forma de justificar la violencia y el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas que él comandó: “Ellos (por los trabajadores) empezaron a quemar cubiertas, cuando es tóxico para todos”, argumentó.

La presencia de Godoy en ese lugar fue “para acompañar a los trabajadores” de MAM, empresa a la que él conocía por ser obrero de la fábrica recuperada Fasinpat, ex Zanon. Cuando las fuerzas de seguridad se apostaron frente a los trabajadores “pedí a los policías la orden (de desalojo) y también hablar con el jefe del operativo, y se rieron”, contó. “Les dije que era funcionario público”, aclaró. Tampoco le dieron respuesta. Así quedó el tobillo del diputado provincial de FIT Raúl Godoy.

“Reprimieron gratuitamente. No hubo enfrentamientos de ningún tipo. Estábamos de espaldas”, describió luego durante una entrevista con Radio 10. “Me dispararon por la espalda cuando estaba retirando a una compañera para que no la golpearan. Fue una bala de goma, pero como tiraron a un metro de distancia me destrozaron el pantalón, la zapatilla y el tobillo. Tengo fractura de peroné”, agregó.

El responsable policial del desalojo y titular de la comisaría del Parque Industrial dijo a la radio provincial LU5 que “Godoy vino de la misma forma violenta que los que estaban en el predio y siendo un diputado uno espera otra reacción, de diálogo no de discordia cuando nosotros estábamos trabajando tranquilamente”. Además, González puso en duda que las heridas en la pierna de Godoy hayan sido por un disparo: “Eso es lo que él manifiesta, está en materia de investigación”, afirmó.

Según Godoy, la policía “está recebada en Neuquén”. Es por eso que llamó a “no naturalizar” este tipo de hechos, similares a la represión del 30 de noviembre contra trabajadores tercerizados del hospital Castro Redon, que ocupaban el lavadero de ese centro asistencial. La policía entró allí y disparó en la zona cercana a Pediatría.

Godoy cuestionó al gobierno provincial por reprimir a “90 familias que se quedaron en la calle” y advirtió que si los gremios y las organizaciones no le ponen un freno a esta escalada, “esta política represiva va a avanzar todo lo que la dejan avanzar”.

Varias organizaciones sociales, gremiales y políticas, además de trabajadores de otras empresas, marcharon hasta la Maderera MAM para apoyar la protesta de los despedidos.


vía:
https://www.pagina12.com.ar/81507-otra-represion-a-los-balazos

Venezuela: Elecciones tuteladas, la nueva arma del imperio en contra de Venezuela.... Carlos E. Lippo





Carlos E. Lippo
Rebelión




Considero que es un hecho irrefutable el que los Estados Unidos han venido utilizando casi todas las armas de su arsenal intervencionista con el objetivo manifiesto de exterminar a la revolución bolivariana, sin tener para ello la más mínima justificación a la luz de los postulados del derecho internacional. En demostración de esto es posible mencionar, entre muchas otras y sólo a manera de referencia, las siguientes acciones ejecutadas por el imperio en los últimos 18 años con el único y abyecto propósito de acabar con nuestra revolución:


La frustrada intervención militar directa de diciembre de 1999, encubierta bajo el manto de una supuesta intervención de carácter humanitario, en ocasión del terrible fenómeno natural conocido como el “el deslave de Vargas”, atribuido por el entonces obispo de Caracas, Cardenal José Ignacio Velasco, a un “castigo del cielo” por pretender aprobar en un referéndum la constitución que actualmente nos rige. Siendo oportuno y necesario señalar que se trató de una intervención “solicitada” de manera inconsulta por el general Raúl Salazar, aquel militar traidor que fuese el primer ministro de la defensa del Comandante Chávez (1).


El cruento golpe militar perpetrado en abril de 2002, que mantuvo separado del poder al Comandante Chávez durante 47 horas y causó una importante cantidad de bajas civiles, afectos al gobierno y opositores, que cayeron víctimas de los disparos de unos francotiradores controlados por los golpistas, en ejecución de un falso positivo de inspiración gringa con el cual pretendieron justificar su acción los conspiradores militares (2).


El paro sabotaje de la industria petrolera nacional entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de 2003, que produjo pérdidas superiores a los 30.000 millones de dólares al haber intervenido el “cerebro” de PDVSA para generar la obstrucción irreversible de numerosos pozos de petróleo liviano en el occidente y oriente del país y provocar la destrucción de valiosos equipos e instalaciones industriales; todo ello planificado y coordinado por SAIC, empresa dependiente de la CIA (3) y socia mayoritaria de PDVSA en su empresa informática INTESA.


El magnicidio del Comandante Chávez, presidente de la república y líder máximo de la revolución bolivariana, iniciado al parecer durante el año 2003 y perpetrado de forma progresiva mediante la inoculación de “nanopartículas” generadoras de metástasis, hecho del cual estamos absolutamente convencidos aun no habiendo sido plenamente comprobado científicamente, por ahora (4).


La feroz guerra no convencional, en sus principales variantes: económica, financiera, psicológica, cibernética y diplomática, que habiéndose iniciado sobre Venezuela desde que el Comandante Chávez decretase a mediados del año 2004 el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana, ha llegado a extremos de terror durante los dos últimos años, traduciéndose en un auténtico bloqueo económico-financiero del país y en un frustrado aislamiento diplomático.


La formulación, financiamiento y control de ejecución del llamado “Plan Estratégico Venezolano”, documento presentado por la USAID a la contrarrevolución venezolana representada por Julio Borges, María Corina Machado y Ramón Guillermo Aveledo, en marzo de 2013 (5), que se ha constituido en el guion fundamental para las actividades de sabotaje, terrorismo y desestabilización que viene realizando la contra desde aquellos días.


La amenaza de guerra no declarada que representa la Orden Ejecutiva dictada por Barack Obama el 09 de marzo de 2015, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, renovada por el mismo Obama en marzo de 2016 y pocos días antes de dejar la presidencia en enero de 2017, la cual ha servido de fundamento a Donald Trump tanto para que nos amenazase con una intervención militar en agosto del presente año como para que aprobase una serie de sanciones de carácter económico-financiero sin tener que solicitar la aprobación del congreso.


El macabro plan intervencionista contenido en el documento del Comando Sur, suscrito por el almirante Tidd, identificado en inglés como: “Venezuela Freedom-2 Operation - Phase preceding - Executive summary. 25.2016, February/Admiral Kurt W. Tidd, Commander U.S. Southern Command (SOUTHCOM)”, ampliamente comentado en un artículo de nuestra autoría titulado “La no tan nueva estrategia del Comando Sur en contra de Venezuela” (6), ampliamente demostrativo del tutelaje, real y sin eufemismos que ejerce el imperio sobre la dirigencia de la contrarrevolución venezolana y la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).


La extremadamente grosera injerencia que ejerciese el imperio durante todo el año 2015, alineando a la canalla mediática internacional en sus tareas de: desprestigiar al gobierno bolivariano; endurecer los elementos de guerra económica generadora de desabastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad; atacar de manera directa e injustificada al Consejo Nacional Electoral; y difundir hasta el cansancio las falsas promesas de la oposición venezolana en medio de la campaña para las elecciones legislativas de diciembre de ese año, en las cuales resultó ganadora por un amplio margen.

Al terminar de escribir esta primera cuartilla es necesario decir que tendríamos que escribir quién sabe cuántas más para poder registrar la totalidad de las acciones injerencistas y demás agresiones perpetradas por el imperio en contra nuestra a todo lo largo del desarrollo de nuestra revolución, cosa que no haremos por no ser éste el objetivo de este artículo.

El haber registrado las anteriores agresiones sólo tiene como propósito el apoyar nuestra hipótesis de que no habiendo obtenido el éxito hasta ahora, a pesar de habernos causado profundos daños, el imperio se apresta a extraer una nueva arma de su arsenal intervencionista, desde luego que sin desechar ninguna de las ya utilizadas.

Esta nueva arma consiste en hacer de las próximas elecciones presidenciales venezolanas, previstas para ser celebradas en diciembre de 2018, unas elecciones totalmente tuteladas por el funcionariado cipayo de la OEA y la Unión Europea, tal como lo han hecho con las elecciones en Honduras con las que están propinando un auténtico golpe suave, aunque no tan blando; y esto a pesar de la reconocida calidad de nuestro sistema electoral automatizado, no totalmente invulnerable a la acción de los piratas cibernéticos al igual que cualquier sistema real existente, y de que la legislación electoral venezolana no prevé la figura de “observadores internacionales”, ya que en su lugar contempla la de “acompañantes internacionales”, con atribuciones totalmente distintas de las de aquellos, basadas en el respeto a la soberanía y a la libre determinación de los pueblos.

En apoyo de lo anterior podemos mencionar la altamente contradictoria orden impartida a la dirigencia de la oposición venezolana de no participar en las elecciones locales a celebrarse el próximo domingo, aduciendo su crónica desconfianza en la imparcialidad del CNE, pero si participar en las próximas presidenciales, bajo el mismo CNE, que pretenderían entonces mediatizar como producto de unos eventuales acuerdos de la mesa de diálogo gobierno-oposición recientemente instalada en la República Dominicana.

Unas recientes declaraciones del camarada Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación e Información, quien es además uno de nuestros más conspicuos representantes en la mesa de diálogo, hablan en favor de la validez de la hipótesis que hemos planteado en párrafos anteriores; dichas declaraciones señalan textualmente lo siguiente: "Lo dijimos: Venezuela no va a ir a un evento electoral, ni va a lograr un acuerdo, ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro, de Donald Trump, y frente a las autoridades españolas, canadienses, o de otra índole" (7).

Para la participación en esas pretendidas “elecciones presidenciales tuteladas” es evidente que el imperio le torcería el brazo a la caterva de precandidatos (Henry Falcón, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles Radonsky, María Corina Machado, Julio Borges y Tomas Guanipa, entre otros, sin descartar a Antonio Ledezma, fugitivo de la justicia y Leopoldo López, cumpliendo condena en su casa), que se han autoproclamado hasta ahora, que dicho sea de paso, se odian a muerte entre ellos, para forzar la “candidatura unitaria”, de alguien ajeno a la política partidista activa que bien pudiera ser el acaudalado empresario Lorenzo Mendoza Jiménez, auténtico zar del procesamiento y sobre todo la distribución de alimentos quien no casualmente ha sido uno de los actores más implacables de la guerra económica por medio del desabastecimiento selectivo de los rubros no alcohólicos distribuidos por sus empresas.

En apoyo a esta extemporánea candidatura ya comienzan los áulicos del empresario de la cerveza y la harina pre cocida de maíz a exaltar sus virtudes y hasta una palangrista de medio pelo se ha atrevido a adelantar lo que sería su programa de gobierno, en el cual ofrecería promover justamente todo lo contrario de lo que como empresario felón y activista solapado de la oposición ha promovido, así como dar continuidad a algunas de las políticas gubernamentales que más ha combatido, tales como: ajustar los precios de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos y atender el impacto social, es decir, destinar “temporalmente” una parte de la producción de los rubros de primera necesidad para los proyectos sociales, mientras se activan las empresas del estatales (8).

Como hemos señalado en artículos anteriores, el más reciente de ellos publicado pocos días después de las elecciones regionales del 15 de octubre, con el título: “Las elecciones del 15-O deben ser las últimas que hagamos bajo el engañoso formato de la democracia burguesa” (9), proponemos cambiar la naturaleza de nuestros propios procesos electorales, heredados del formato falaz de la democracia burguesa que aún no hemos logrado abatir con estos 18 años de revolución; por ser éste un formato engañoso, según el cual los electores nos vemos compelidos a votar por candidatos que en la mayoría de los casos no conocemos, bajo la fuerte influencia de campañas publicitarias diseñadas bajo las mismas técnicas de mercadeo capitalista aplicables a la promoción y venta de cualquier producto de consumo masivo y que como ningún otro permite la mediatización del electorado con base en la explotación de circunstancias inducidas, sean éstas reales o ficticias.

Si hemos convenido en la realización bajo el mismo formato, de las elecciones de alcaldes convocadas para el próximo domingo, es por la inmensa contradicción que ellas han generado en el seno de la oposición, que ha debido optar entre obedecer las órdenes del amo imperial, no participando en ellas, o participar de manera solapada y encubierta, como lo están haciendo muchísimas organizaciones e individualidades en abierto desafío al dictado imperial. También, porque siendo previsible que las fuerzas opositoras participantes sean pulverizadas por el chavismo, según opina Luis Vicente León que es uno de sus más conspicuos representantes (10), ello contribuiría a aumentar la división, el desaliento y la desmoralización en el seno de sus adherentes.

Sin embargo, a diferencia de lo señalado por el camarada Rodríguez, no creemos que se trate de no convocar a elecciones presidenciales hasta que sean revocadas las sanciones impuestas por el imperio y sus aliados, sino de no convocarlas hasta que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no haya diseñado y aprobado un nuevo formato comicial que estando en sintonía con el Estado Comunal que deberá ser implantado por esa misma instancia, sea capaz de ofrecer una razonable impunidad ante la fuerte y perniciosa injerencia extranjera, que no habrá de cesar en un futuro previsible, así como contra ofertas electorales engañosas de cualquiera de los participantes.

¡Hasta la Victoria Siempre!

¡Patria o muerte!

¡Venceremos!


http://www.alainet.org/es/articulo/187388


http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147847


https://www.rebelion.org/hemeroteca/venezuela/pvdsa130103.htm


https://actualidad.rt.com/actualidad/209451-identificar-arma-tecnologia-cancer-hugo-chavez


https://actualidad.rt.com/opinion/eva_golinger/view/110489-documento-evidencia-plan-desestabilizacion-venezuela-golinger


http://celippor.blogspot.com/2016/04/800x600-normal-0-21-false-false-false_17.html


http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-conf%C3%ADa-alcanzar-acuerdos-oposici%C3%B3n-equilibrio-social-del-pa%C3%ADs


https://venepress.com/article/La_propuesta_electoral_de_Lorenzo_Mendoza1511986629875


https://www.alainet.org/es/articulo/188729


http://www.lechuguinos.com/luis-vicente-leon-derrota-oposicion/

celippor@gmail.com 


vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235150

Palestina: Programa especial de HispanTV por decisión de Trump sobre Al-Quds












Palestina: Jerusalén.....Desata la guerra






México-La Dictadura: Riesgo real para todos, militarizar la seguridad en México...l Estado no justifica estrategia: ONU y CIDH...Emir Olivares Alonso



David Kaye y Edison Lanza critican que no pase nada tras los asesinatos de Breach y Valdez


Genera autocensura el terror al que están sometidos comunicadores de cuatro estados, señalan





Los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, David Kaye y Edison Lanza, en el contexto de la entrevista, la semana pasada en PolancoFoto Jesús Villaseca


Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Militarizar la estrategia de seguridad interior en México representa riesgos reales para todos, incluidos los periodistas, afirmaron los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza. Señalaron que es una dinámica que no ha funcionado y el gobierno no ha rendido cuentas suficientemente para justificar por qué seguir con una estrategia militar.

En entrevista con este diario señalaron que lo que más daño le hace al periodismo en México no es que asesinen a un reportero, sino que además no pase nada.

El mensaje de impunidad es aún más contundente si en casos emblemáticos como el de Miroslava Breach y el de Javier Valdez, corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, las investigaciones aún no arrojen resultados.

Así es como los relatores especiales sintetizan la realidad que enfrentan los periodistas en el país. El más peligroso de América Latina para ejercer la profesión.

Los expertos internacionales realizaron una visita de trabajo a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre, que incluyó entrevistas con representantes gubernamentales, con más de 250 periodistas y miembros de la sociedad civil procedentes de 21 entidades y con directivos de medios. Además de la Ciudad de México, viajaron a Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas, donde la situación de violencia es más crítica que en la capital, señalan. En unos meses presentarán su informe de fondo sobre su labor en el país.

Detallan los riesgos para la libertad de expresión en el país para los reporteros y los consorcios informativos. En la violencia en su contra, concluyen, participan tanto integrantes del crimen organizado como agentes y funcionarios gubernamentales, con la idea de callarlos o usar su labor en su beneficio.

Sin instituciones

En 2010, sus antecesores Catalina Botero y Frank La Rue hallaron una situación de alto riesgo para la prensa nacional y una carencia de instituciones para hacer frente a la problemática.

Siete años después, los actuales relatores señalan que si bien se han creado instancias como el Mecanismo de Protección para Periodistas o la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la violencia en su contra es tan alta o hasta peor como ocurría hace siete años.

–¿Qué percepción tienen de la situación que enfrentan los periodistas?

Lanza: Aunque hay riesgos, vemos una mejor situación en la Ciudad de México que en los estados. La violencia se da sobre todo en esos niveles. También conocimos casos de muchos reporteros de los estados desplazados a la capital, quienes viven en condiciones angustiantes porque no pueden hacer periodismo, que es su profesión, y están con el impacto sicológico y emocional de la violencia que los ha traido hasta aquí. En los cuatro estados que visitamos percibimos que están aterrorizados porque han visto morir o desaparecer a sus compañeros o porque han sido amenazados, esto genera un efecto de autocensura muy fuerte.

Otra cosa ilustrativa es que pudimos conocer algunas prácticas del crimen organizado contra la prensa. En ocasiones utiliza la violencia contra los periodistas para imponer sus propósitos. Otras, porque estuvieron coludidos con dirigentes políticos o para silenciarlos. Los periodistas locales además desconfían de las autoridades y de los órganos de procuración de justicia, se sienten desprotegidos y vulnerables.

Feadle sin colmillos

–¿Luego de la creación del mecanismo y la fiscalía, qué sigue?

Kaye: El Mecanismo ha generado cierta confianza, pero necesita más recursos y más personal para ser efectivo, llegar a todo el país y tener más coordinación con las autoridades locales. En el caso de la Feadle se requiere un fiscal independiente del gobierno federal. Celebramos que el actual, Ricardo Sánchez, está cambiando el enfoque. Se tienen que crear unidades como la de protección de testigos, la de atención especial a mujeres periodistas, la que analice que el posible móvil del crimen puede estar relacionado con el ejercicio periodístico. Sí, tienen que ser sancionados quienes jalan el gatillo, pero también quienes ordenaron la ejecución. Si esto no se consigue, los agresores, funcionarios o cárteles, seguirán percibiendo que la Feadle no tiene colmillos.


–¿Qué representa en estos casos la impunidad?

Lanza: La sensación entre los colegas de los periosistas asesinados y de sus familiares es de impotencia y desconexión. Al país se le hace daño al matar a un comunicador y dejar el tena en la impunidad, pero si se dan casos como en de Javier Valdez o Miroslava Breach y no pasa nada, es enviar el mensaje de que los agresores pueden atentar contra cualquiera.

“Queremos destacar el valor por la profesión de los periodistas, por el querer hacer un trabajo independiente [como lo hacían los corresponsales de La Jornada], y también el papel extraordinario de la sociedad civil, que ha empujado muchos de los avances en materia de libertad de expresión que hoy existen en México.”

(Los relatores se dicen sorprendidos de que más de 50 por ciento de las denuncias de crimenes y acosos contra reporteros sean contra de agentes del Estado, sobre todo en el ámbito local. Lamentaron que pese a que se trata de actores identificables y perseguibles, no se les finquen responsabilidades, y lejos de ello sean los periodistas los que tienen que huir o dejar de publicar.)

–¿Vieron voluntad gubernamental para resolver esta crisis?

Lanza: Es importante destacar la apertura del gobierno mexicano para que esta visita se hiciera en medio de un año de crisis de violencia contra los periodistas [van 11 asesinados en 2017]. Hace unos meses, el presidente [Enrique] Peña Nieto se comprometió públicamente al más alto nivel con este ofrecimiento, y nos consta que hubo mayores recursos. Donde se debe mostrar el verdadero compromiso es que esos recursos se mantengan, tiene que ser una política de Estado y no una decisión coyuntural adoptada como reacción al asesinato de un periodista relevante [Javier Valdez].

–¿La estrategia de seguridad es un riesgo para los periodistas?

Kaye: No hemos terminado de procesar este análisis. Ahora el Congreso analiza la ley de seguridad interior que militarizaría la estrategia y representa riesgos reales para todos, incluidos los periodistas. Es una dinámica que no ha funcionado y el gobierno no ha rendido cuentas suficientemente para justificar por qué seguir con una estrategia militar.

Sin apoyo de dueños

–¿Los medios de comunicación están preparados para esta crisis?

Kaye: No lo creo. Al escuchar a todos los periodistas con los que hablamos pudimos observar que los dueños de los medios no los apoyan ni en la práctica diaria. Y cuando están bajo amenaza menos. No cuentan con condiciones laborales que les permitirían ser reubicados y seguir trabajando en ese medio. Muy seguido los reporteros bajo amenaza pierden sus trabajos y otras empresas mediáticas tampoco los contratan. Nos reunimos con directivos de medios y reconocieron que necesitan ser más solidarios. Eso es bueno. Ojalá se traduzca en cambios.

Lanza: Nos impactó ver que los corresponsales de medios nacionales no se sienten parte de la familia del medio de comunicación, sino que lo ven como un trabajo más. Estas empresas de carácter nacional podrían otorgarles seguros de vida, mejores salarios y prestaciones; sobre todo respaldarlos al hacer una investigación completa y profunda.


vía:
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/10/politica/003n1pol

Perú: La cosa esta que arde...Gustavo Espinoza M.





Gustavo Espinoza M.
Rebelión



La intervención física en los Cuarteles de Keiko Fujimori en Lima, caldeó el escenario nacional y puso en jaque a la Mafia justo en el momento que retomaba la ofensiva, dispuesta a hacerse de todos los resortes del Poder. En otro escenario, el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica dispuso la ciudad de Jerusalén fuese la capital de Israel. No le importó la historia, las creencias de la gente, las religiones, ni el contexto Se guió, apenas, por su conocida vocación belicista que lo lleva a generar conflictos en uno u otro rincón del planeta.

La cosa está tan revuelta aquí, que mañana podríamos enterarnos que el Donald de hoy resolvió también que la Presidenta del Perú sea Keiko Fujimori. Por lo pronto, ya cubrió de elogios al chinito de la yuca y aseguró de él, que había sido un “magnífico mandatario”. De pronto podría, el precario habitante de la Casa Blanca, llegar a la conclusión que “sería mejor” tensar las cuerdas en América Latina y alborotar el cotarro en esta parte del mundo, con un cambio inesperado. Después de todo, hoy está Temer en Brasil y Macri en Argentina; en tanto que Washington busca consumar un nuevo Golpe de Estado en Honduras.

Que Trump pueda pensar en la posibilidad de deshacerse de Pedro Pablo Kuczynski, pareciera francamente remoto y hasta iluso. Después de todo, PPK es “hombre de ellos” casi desde su nacimiento, hasta nuestros días, Iría entonces contra toda lógica acabar con esa relación idílica para tentar una aventura cualquiera. Pero el nuevo Halcón es imprevisible. Con él, cualquier cosa puede ocurrir.

La verdad es que en las últimas semanas el escenario político peruano se ha deteriorado de tal manera que las instituciones formales, penden de un hilo. Desde el Congreso de la República la Mafia Fujimorista pretendió colocar al Presidente contra las cuerdas exigiéndole “comparecer” ante una Comisión Investigadora Parlamentaria. En verdad, la idea no era propiamente “investigarlo”, sino más bien doblegarlo, “maletearlo”, humillarlo. Demostrarle que, en este país, ellos son el Poder, y que él, con su investidura a cuestas, “está en sus manos”.

Fracasado el intento de citarlo contraviniendo disposiciones constitucionales, los inquisidores del Legislativo, optaron por convocar a su esposa, la señora Nancy Lange, como un modo de arrinconarlo aún más. “si no vienes tú, traemos a tu mujer, ya verás”, pareció ser el mensaje crudo y directo que llegó a la sede gubernamental capitalina en los últimos días

Es en este esquema, que se analiza abiertamente el pedido de Vacancia del Jefe del Estado, solicitado formalmente por una congresista sedienta de figuración. Ella misma fue la que incendió la pradera con la citación a la “Primera Dama”, que fuera acogida al instante por la Comisión Lava Jato que encabeza la fujimorista Rosa Bartra. Este es, casi, el epilogo de una historia que lleva más de un año. Y es que, como lo dijimos desde un inicio, el Presidente peruano de origen foráneo, está en la línea de mira. Lo quieren echar del gobierno las fuerzas más conservadoras y corruptas de la vida nacional, empeñadas –como están- en apoderarse, uno a uno, de todos los resortes del poder para hacer su agosto en enero, es decir, pronto.

En verdad, eso estaba alcance del entendimiento de cualquier persona con dos dedos de frente. La Mafia no le perdonaría nunca a Pedro Pablo Kuczynski el haber vencido a Keiko en los comicios del 2016, como no le perdonó a Ollanta Humala haberlo hecho el 2011, Esas afrentas, se pagan, y a muy alto precio.

Que eso habría de ocurrir, se sabía desde julio del año pasado, cuando el mandatario peruano comenzó su gestión gubernativa. Y por eso se le aconsejó siempre una defensa estratégica que se desenvolviera a la ofensiva. Ella no ocurrió. El Presidente optó por una voluntad conciliadora y buscó “acuerdos bajo la mesa” con la idea de “asegurar la gobernabilidad”. Una a una sus propuestas fueron rechazadas al tiempo que la “Prensa Grande” insistía en una sola letanía.

Para “asegurar la gobernabilidad” -decía- hay que hacer un “pacto” entre PPK y el Fujimorato, una suerte de “convivencia” que facilite la libertad del “chinito de la yuca”, cuyos crímenes y latrocinios gozan, aún hoy, de virtual impunidad. Como tal “acercamiento” no pudo concretarse por la decidida resistencia ciudadana; entonces vino la descarga de fusilería que aparece hoy.

¿Podría la Mafia Fujimorista “vacar” al Jefe del Estado? Es claro que podría hacerlo. Votos tiene, suficientes, en el Congreso de la República para adoptar la decisión, promover el desgobierno y convocar a nuevos comicios en los que el Keikismo correría en cancha virtualmente en solitario. Por lo pronto, se ha rasgado las vestiduras victimándose con el tema de “sus locales”, pero allí se han intervenido documentos incriminatorios que les complicaran la vida. Lo veremos.

En política, la definición de asuntos, tiene otros aditamentos. La movilización popular tendrá un notable papel, sin duda. Y ella –que se expresa ya sensatamente contra la corrupción en todos sus matices- no dejará de tener en su línea de mira a los principales implicados en la misma: Alan y Keiko; comprometidos ambos en desaguisados de la más alta envergadura.

La presión de los medios deberá ser, también tomada en cuenta. Después de todo, ellos son un Poder, Y han de jugar sus propias cartas para consolidar su dominio y salvar lo que quede después del Tsunami brasileño: O’Debrecht, OAS, Lava Jato y otras. Apostarán a lo más rentable, sin lealtad a valores, principios, o leyes. Como en todos los casos, el pragmatismo será su divisa.

Y la embajada yanqui jugara su papel. En todas partes, es la encargada de organizar -en nuestro tiempo- los Golpes de Estado. Así ocurrió en Tegucigalpa para derribar a Manuel Zelaya en acción que ahora se repite; en Asunción –contra Lugo- y en Brasilia para acabar con la administración de Dilma. ¿Será el Perú una excepción?. Quizá si una señal con el dedo defina en lo inmediato el tránsito de la crisis peruana. Si apunta hacia arriba, PPK podría conservar la esperanza. Si hacia abajo, marcaria un nuevo, y funesto, rumbo.


vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235144

México-La Dictadura: La Ley de Seguridad y el control policiaco y militar, y las respuestas ....Antonio Gershenson

Antonio Gershenson





Tenemos que considerar todo el marco que rodea a la forzada aprobación, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, de la Ley de Seguridad Interior.

No sólo debemos verlo en el marco nacional, sino también en el marco internacional, por ejemplo el caso de Honduras, con un fraude electoral en curso que podría, para el imperio, ser uno de los ensayos previos a la elección mexicana de julio de 2018, y en general a las acciones políticas del próximo año. Y las intervenciones estadunidenses también, por ejemplo, contra Venezuela y contra Cuba. Y en el resto del mundo.

El Senado ha estado rodeado de policías y con la presencia militar, con un riguroso control de entrada. Incluso las calles de acceso han estado seriamente controladas.

En este diario, el pasado miércoles 6 de diciembre de 2017, se publicó en la página 4 que: “La minuta de Ley de Seguridad Interior que envió la Cámara de Diputados al Senado es un proyecto muy preocupante, pues está demostrado que una década después de que las fuerzas armadas fueron desplegadas en labores de seguridad pública la violencia no ha disminuido y tanto los agentes estatales como los federales siguen perpetrando violaciones a derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein.”

Y se informa que en un comunicado enviado desde Ginebra, Suiza, sede de la ONU-DH, convocó al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior y a que se abra un debate público con la sociedad civil, expertos de la academia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el modelo de seguridad que requiere México.

La misma CNDH, al día siguiente, publicado el viernes, mediante su presidente, Luis Raúl González Pérez, dice en una conferencia en el Colegio de México:


En opinión de lo que yo represento, (esta ley) no lo resuelve. ¿Por qué? Porque estamos a 11 años de que hablamos de profesionalización de policías y hoy damos un giro diferente; pareciera que queremos dar respuesta a lo que iba a ser transitorio, a dejarlo en una permanencia o en una actitud en el tiempo.

González Pérez lamentó que los legisladores no hayan abierto un amplio debate acerca de la iniciativa de ley, pues no se ha dado opción para escuchar diferentes voces y puntos de vista que permitan tener con prudencia, de manera mesurada, una reflexión que aborde (el tema) de una forma más integral y no parcializada.

Se han visto otras protestas en el nivel nacional, contra ese proyecto de ley. Entre ellas, las que se dieron en el Primer Encuentro de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil, del pasado martes 5 de diciembre. Claro, además, se aprobó un amplio programa de los sectores populares involucrados, y conteniendo también demandas generales.

Entre los participantes estuvieron varios de los principales sindicatos de rama (telefonistas, electricistas, mineros y metalúrgicos, universitarios), además centrales sindicales. De igual forma, intervinieron representantes de las principales asociaciones campesinas. Cuauhtémoc Cárdenas por su parte saludó el encuentro a nombre de su organización.

Candidatos del PRI a nivel presidencial y de la Ciudad de México, se dan por triunfantes, pese a que las encuestas los mandan al tercer lugar o incluso al cuarto en la capital. Nuevamente quieren engañarnos, pues ya están acostumbrados a decir mentiras, en este gobierno y en todos. En cuanto a la reforma energética empezaron ofreciendo una producción de 3 millones de barriles de crudo diario, cuando se producían poco más de 2.5 millones. La actual verdad es de menos de 2 millones de barriles de crudo diarios.

antonio.gershenson@gmail.com



vía:
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/10/opinion/019a2pol

Argentina-La Dictadura: El Poder oculto detrás de Macri


El Imperio: La máquina del apocalipsis en manos de Donald Trump....La relevancia actual de Daniel Ellsberg, denunciante de conciencia.... Amy Goodman y Denis Moynihan





Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy Now!




En 1971, Daniel Ellsberg hizo públicos los Documentos del Pentágono, miles de páginas de la historia secreta del departamento de Defensa estadounidense sobre la injerencia de Estados Unidos en Vietnam, que expusieron las mentiras del gobierno y ayudaron a terminar la guerra. El consejero de seguridad nacional del presidente Richard Nixon, Henry Kissinger, calificó a Ellsberg como “el hombre más peligroso de Estados Unidos”.

Ahora, con sus 86 años de edad, Ellsberg ha revelado por primera vez que los Documentos del Pentágono no fueron los primeros expedientes clasificados que retiró de su lugar de trabajo, un área de máxima seguridad. En su nuevo libro, titulado en inglés “The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner” (“La máquina del apocalipsis: confesiones de un planificador de guerras nucleares”), detalla sus primeros años en el Pentágono y por qué se llevó miles de páginas sobre los planes de guerra nuclear que estaba desarrollando Estados Unidos y que dan cuenta de la descabellada política de guerra nuclear estadounidense elaborada hace más de 55 años atrás. Es aterrador que sus revelaciones sigan siendo relevantes al día de hoy.

El pasado 20 de julio en una reunión en el Pentágono sobre asuntos de seguridad nacional, el presidente Donald Trump presuntamente habría sorprendido al personal militar que se hallaba reunido con él cuando sugirió que quería que el arsenal nuclear estadounidense fuera diez veces mayor. Fue después de esa reunión que, según se dice, el secretario de Estado, Rex Tillerson, calificó a Trump como un “maldito imbécil”. En agosto, Joe Scarborough, de la cadena NBC , citando una fuente anónima, afirmó que Trump le había preguntado a un asesor de política exterior sobre el uso de armas nucleares. Scarborough dijo: “[Trump] preguntó tres veces sobre el uso de armas nucleares. En un momento preguntó que, si las teníamos ¿por qué no podíamos usarlas?”. Durante más de 70 años, el presidente de Estados Unidos ha tenido el enorme poder de lanzar armas nucleares, pero solo uno lo ha usado: Harry Truman, cuando ordenó el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki. El ataque nuclear causó la muerte de cientos de miles de personas. Trump, que parece disfrutar del sonido de los tambores de guerra y de hostigar a sus oponentes, como el líder supremo de la nuclearizada Corea del Norte, Kim Jong Un, podría estar arrastrándonos al borde de una guerra nuclear.

El denunciante Ellsberg, al describir los planes de guerra nuclear del presidente Dwight Eisenhower, que le habían sido encomendados para su mejora en los primeros meses del gobierno de Kennedy, nos dijo en una entrevista para Democracy Now!:
“Estaban locos. Querían hacer planes de atacar primero, por orden del presidente Eisenhower. [El presidente] no quería ningún plan de guerra delimitada de ningún tipo con la Unión Soviética, bajo ninguna circunstancia, porque eso le permitiría al Ejército solicitar enormes cantidades de divisiones o incluso armas nucleares tácticas para tratar con los soviéticos. Así que exigió que el único plan para luchar contra los soviéticos, bajo cualquier circunstancia, como un encuentro en el corredor de Berlín, el acceso a Berlín Occidental, o sobre Irán, que ya era un punto conflictivo en ese momento, o Yugoslavia, si hubieran ingresado [los soviéticos], como sea que empezara la guerra; con un levantamiento en Alemania Oriental, por ejemplo. Como fuera que comenzara, el plan dirigido por Eisenhower era una guerra sin cuartel, que contemplaba dar el puntapié inicial de la primera guerra nuclear, suponiendo que los soviéticos no hubieran usado armas nucleares. Y ese plan pretendía, en nuestro primer golpe, atacar todas las ciudades. En realidad, cada población de más de 25.000 habitantes, en la Unión Soviética y en cada ciudad de China. Una guerra con Rusia inevitablemente iba a involucrar ataques en cada ciudad de China. En el curso de este ataque no habría reservas. Todo se iba a lanzar tan pronto como estuviera disponible, era una amplia operación de transporte de armas termonucleares. Todo se iba a lanzar contra la Unión Soviética; pero no solo contra ellos. Las naciones cautivas, los llamados países satélite de Europa del Este –miembros del Pacto de Varsovia–, serían atacados en sus defensas antiaéreas, que se encontraban cercanas a ciudades, en sus sistemas de transporte y en su sistema de comunicaciones. Así que todo eso también iba a ser aniquilado”.

Ellsberg recordó que en 1961, el Estado Mayor Conjunto pronosticó fríamente que el plan provocaría la muerte de más de 600 millones de personas en todo el mundo, cuando la población mundial era de solo 3.000 millones. “Seiscientos millones, eso era como cien Holocaustos. Y cuando tuve en la mano la hoja de papel con esa cifra, que le habían enviado con orgullo al presidente, pensé: ‘Esto es lo que vamos a hacer. Este es el plan más cruel de la historia. Es una locura’”.

Ellsberg fue convocado al Pentágono para ayudar a manejar la crisis de los misiles en Cuba en 1962, conocida como la Crisis de octubre y considerado como el momento en que la humanidad estuvo más cerca de la aniquilación nuclear. Su experiencia personal de esos años sustenta su opinión sobre la hostilidad de Trump hacia Corea del Norte. En cuanto a los arsenales nucleares de ambos países, señala: “Tanto Trump como Kim están usando las armas de las que disponen en este momento para llevar adelante su enfrentamiento, tal como lo han hecho muchos presidentes, como descubrí más tarde. Hay un capítulo en mi libro en el que hablo sobre un par de casos, tal vez tres decenas de casos, la mayoría secretos, en los que los presidentes llegaron a realmente apuntar el arma, además de llevarla ostentosamente en la cadera todo el tiempo, como en la OTAN . Creo que uno de nuestros comandantes simplemente dijo: ‘Usamos las armas todos los días, en cada momento del día’, lo cual es cierto. Las usamos en la cadera. Pero en este momento, están siendo apuntadas. Y están siendo apuntadas por dos personas que están haciendo muy buenas imitaciones de personas dementes. Podrían estar fingiendo. Espero que estén fingiendo… Pero fingir estar loco con armas nucleares no es un juego seguro. Es un juego de ‘a ver quién es más gallina’. Con armas nucleares de por medio”.

Pese a la preocupación generalizada sobre la estabilidad mental de Trump, el presidente sigue manteniendo el control del arsenal nuclear más potente del mundo. Entre otras cosas, ha prometido hacer llover “fuego y furia” sobre Corea del Norte, una nación de 25 millones de habitantes. El general de la Fuerza Aérea estadounidense John Hyten, comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, que está a cargo de la supervisión de todo el arsenal nuclear del país, aseguró a la población en un foro público realizado en noviembre: “No somos estúpidos”, y afirmó que él rechazaría una orden ilegal de Trump para el lanzamiento de un ataque nuclear.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, no conforme con dejar en manos de los generales el control de las decisiones de Trump, celebró el pasado 14 de noviembre una audiencia para considerar un cambio en la ley y prohibir que el presidente pudiera, él solo, lanzar un ataque nuclear. El senador republicano Bob Corker, de Tennessee, que ha declarado públicamente su temor de que Trump pudiera comenzar una Tercera Guerra Mundial, presidió la audiencia. El senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, resumió el propósito de la audiencia con estas palabras: “Nos preocupa que el presidente de Estados Unidos sea tan inestable, tan volátil. Que tenga un proceso de toma de decisiones tan quijotesco y pueda ordenar un ataque con armas nucleares que esté totalmente fuera de lugar en cuanto a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Estamos más cerca de una guerra nuclear de lo que lo estuvimos en muchas décadas y es por ello que el ejemplo de Daniel Ellsberg como denunciante, así como su llamado a que los empleados del gobierno expongan los actuales planes apocalípticos, son más importantes que nunca.

© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/12/8/la_maquina_del_apocalipsis_en_manos


vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235110

Argentina-La Dictadura: La corrupción del gobierno de Macri


España: Y los neonazis se juntan.... José M. Murià

José M. Murià




El pasado 11 de noviembre la Universidad de Salamanca, una de las más conservadoras y devaluadas de España a pesar de su prosapia, le concedió el doctorado honoris causa al señor Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea desde el 1o de noviembre de 2014.

No escapó, al buen observador, que era una rápida y justa recompensa por el respaldo irrestricto que, si se hace caso omiso de los principios democráticos del organismo que coordina, brindó el sujeto de marras a la represión que por diversos caminos, a partir del 1o. de octubre anterior, desató sobre Cataluña el actual gobierno de España.

A cambio el galardonado centró su discurso de agradecimiento en una feroz arremetida contra lo que llamó varias veces el veneno nacionalista.

Lo dijo sin morderse la lengua, a sabiendas de que su anfitrión y el gobierno que encabeza son herederos sanguíneos o culturales del nacionalcatolicismo o el catolicismo salvaje esgrimido por el franquismo, que viene a ser la versión peninsular del nacionalsocialismo (nazismo) alemán o del fascismo italiano.

Sale a cuento el tema porque el señor Juncker también está familiarizado por vía paterna con la militancia nazi, su suegro fue también un destacado dirigente nazi de Luxemburgo, país que él mismo gobernó después.

Es decir: Mariano Rajoy y Juncker en el aspecto ideológico tienen en común una arbolada genealogía cuyas ramas maternas son perfectamente zangoloteables.

¡Bonitas fichas tiene Europa para jugar a la democracia! Lamentablemente no son las únicas, ya son muchos los expertos que vislumbran un renacimiento del totalitarismo que no sucumbió del todo tras la Segunda Guerra Mundial.

Pero ambos personajes tienen otra coincidencia importante: la falta de honestidad y de honradez. El Partido Popular español sigue sin superar enormes acusaciones de corrupción que ha dado lugar incluso a una larga serie de asesinatos de altos militantes que no se han resuelto, y muy sospechosas muertes de piezas importantes a causa de infartos oportunos.

Por su parte, el señor Juncker todavía no ha solventado el escándalo que estalló a poco tiempo de tomar posesión, cuando 80 periodistas de 26 países destaparon una movida chueca, pues en el Luxemburgo de su tiempo benefició fiscalmente a unas 340 empresas multinacionales de altos vuelos.

Éste es el tipo que acusa de venenoso al nacionalismo catalán que tantas muestras ha dado de vocación pacifista, dialogante, democrática y europeísta, aunque el europeísmo catalán es muy distinto del amante de las transnacionales armamentistas y enemigas de los sectores de ese continente que se aferran a un gran respeto por la vida, la armonía, la equidad y en especial la justicia, todo lo cual el señor Juncker parece que no ha visto siquiera de lejos.

vía:
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/09/opinion/014a1pol

México-La Dictadura: Cienfuegos en Campaña Presidencial y la Ley de Seguridad Interior - Noroña [Videocolumna]


Argentina-La Dictadura: La ciencia bajo proceso judicial....Preocupación en el mundo científico por el procesamiento de un investigador argentino por los glaciares...pagina12



Científicos nacionales e internacionales manifestaron su apoyo al ex director de la Unidad Ejecutora dependiente del Conicet encargada de inventariar los glaciares del país, el investigador mendocino Ricardo Villalba, procesado por el juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga la violación a la ley de glaciares, tras los derrames de la minera Barrick Gold en la mina Veladero de San Juan. Las críticas al procesamiento también llegaron a las prestigiosas revistas científicas Science y Nature, que publicaron sendos artículos sobre el tema. Además, la comunidad científica hizo circular una carta de apoyo en las redes que cosechó 3.610 firmas, en Argentina y el exterior. El abogado Diego Seguí, que impulsó la denuncia desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, sostuvo que el científico “es el hilo más delgado de toda esta cadena de incumplimientos con la ley de Glaciares” (ver aparte).

Los apoyos a Villalba, quien ocupó el cargo de director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) desde 2005 hasta 2015, cruzaron fronteras, disciplinas científicas y ganaron las páginas de varios medios de comunicación especializados.

El 27 de noviembre, Casanello procesó, prohibió de salir del país y embargó en cinco millones de pesos a quien dirigió el organismo del Conicet encargado del Inventario Nacional de Glaciares (ING). Según el juez, el ingeniero forestal doctorado en Geociencias por la University of Colorado y actual Investigador Superior del Conicet, cometió abuso de autoridad y favoreció a la minera porque, según sostiene en el escrito, se podrían haber evitado los derrames si la institución hubiera cumplido con la ley de glaciares. En su argumentación, sostiene que el Ianigla, al inventariar las geoformas del ambiente glacial y periglacial mayores a una hectárea de extensión, dejó fuera las de menor dimensión como las que hay en Veladero, y desprotegió el área.

Sin embargo, los científicos que salieron a apoyar la gestión de Villalba, muchos de ellos especialistas en el tema, sostuvieron no sólo la importancia de la entidad en el relevamiento de los recursos hídricos, sino que también avalaron la decisión técnica de inventariar cuerpos de hielo a partir de una hectárea.

En la revista Science, el director del proyecto Global Land Ice Measurements from Space, un proyecto internacional de monitoreo de glaciares, Bruce Raup, sostiene que “el proceso de hacer ese inventario no fue inusual. Ese límite de tamaño es una práctica estándar”. En tanto

un glaciólogo de la agencia nacional de investigación francesa CNRS, en Toulouse, Etienne Berthier remarcó que “esta increíble historia ilustra la falta de confianza y el creciente desafío de los formuladores de políticas y el público en general hacia los resultados científicos”. “Esto es peligroso”, agregó y remarcó que “un resultado altamente perjudicial podría ser que los científicos dejarían de expresarse en público en un momento en que su experiencia es cada vez más necesaria”.

En la revista Nature, Tom Veblen, un geógrafo de la Universidad de Colorado, sostuvo que “claramente, no existe una relación entre el mapeo real y el derrame de cianuro”, y agregó que “Ricardo está siendo utilizado como chivo expiatorio, sin dudas”, dijo el hombre que fue asesor graduado de Villalba.

También desde la comunidad científica chilena dedicada a la investigación del cambio climático mostraron su solidaridad y preocupación con el procesamiento. La carta que lleva la firma de varios investigadores y científicos, entre ellos el de Rene Reyes, director Agrupación de Ingenieros Forestales del Bosque Nativo; Olga Barbosa, presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile; Antonio Lara, Investigador Principal Centro del Clima y la Resiliencia CR2, sostiene que “la superficie mínima utilizada por el Ianiglia se encuadra plenamente dentro del estándar científico internacional, representando incluso un nivel de detalle mayor que muchos de los inventarios realizados en países como Suiza, Francia y Canadá” y que Chile usa “el mismo límite de superficie glaciar que se usó en Argentina”. Además, remarcan que “la minera se encontraba instalada mucho antes de la sanción de la ley y no ha sido declarada responsable por el derrame tóxico”.

La solidaridad también llegó desde el grupo de investigación Future Earht Université Pierre et Marie Curie Paris, France; a lo que se sumó un Manifiesto de la comunidad científica internacional presente en el congreso internacional del cambio climático (ICCCI 2017).

En el ámbito local, expresaron su repudio a la medida del juez desde la Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico Conicet Mendoza; el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Äridas (Iadiza); el consejo directivo del Inahe-CCT Mendoza, organismo dedicado a temas vinculados al ambiente y los recursos naturales, entre muchos otras adhesiones que pueden consultarse en la página abierta por colegas de Villalba para visibilizar los apoyos

(https://con-cienciaxnuestrosglaciares.000webhostapp.com/apoyo).

vía:  https://www.pagina12.com.ar/81513-la-ciencia-bajo-proceso-judicial

Chile: La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política....Por : Equipo CIPER






Los detalles del vertiginoso ascenso del alcalde Miguel Ángel Aguilera (PS) siguen sorprendiendo. Aquí se cuenta cómo armó su red de poder en la zona sur y su historia con el traficante “Chino” Pinto, quien ya operaba en 2012 en los grupos de choque de sus campañas. En 2013, su estrecho colaborador Francisco Olguín fue detenido tres veces en autos robados. CIPER investigó los negocios de su círculo y descubrió licitaciones por $1.030 millones adjudicadas por la Municipalidad de San Ramón a familiares de sus socios políticos y a una empresa de un funcionario socialista del Gobierno Regional.

Hoy poco queda del joven y combativo socialista de la Población La Bandera que forjó su liderazgo en los años 80 en la lucha contra la dictadura. Miguel Ángel Aguilera supo tempranamente que esos pergaminos no serían suficientes para abrirse paso en la transición. En 1992 y con solo 29 años fue derrotado en la primera elección municipal que enfrentó en San Ramón. La comuna donde creció solo le entregó un 4,8% de los votos.

En los 25 años siguientes Aguilera hizo lo necesario para convertirse en una pieza clave del poder político oficialista. Soterradamente construyó una red que lo llevó primero a la alcaldía de San Ramón en 2012 (con el 50,3% de los votos) y que en apenas cinco años lo encumbró hasta la vicepresidencia de su partido. En 2016 fue reelecto alcalde de su comuna con un sorprendente 70,3%. Con ese capital logró manejar una importante cuota del Comité Central socialista y su bendición era el salvoconducto para quien aspiraba a un cargo de representación popular en la zona sur de Santiago.


Jorge Pinto Carvajal (captura Informe Especial)

La vida le sonreía hasta que este 1 de octubre un reportaje de Informe Especial (TVN) hizo trizas el bajo perfil que había cultivado y sacó a la luz su relación con el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto y contratos irregulares en el municipio. Las revelaciones incendiaron la pradera en el oficialismo, sumergieron en una crisis al PS, golpearon la candidatura presidencial de Alejandro Guillier y amenazan con explosionar la red de poder que Aguilera construyó en la última década.

CIPER investigó la extensa red de influencias políticas y de negocios sobre la cual Aguilera edificó su poder. Al escrutar los contratos municipales y empresas privadas de su círculo de hierro, emergieron licitaciones por más de $750 millones y una concesión de estacionamientos adjudicadas a sociedades en las que participa Daniel Parra Soto, sobrino del aliado histórico de Aguilera y ex concejal de San Ramón, Julio Soto Martínez.

Soto y Aguilera impulsaron el proyecto que le cedió un terreno municipal de 15 mil metros2 -frente a la Autopista Vespucio Sur- a una automotora controlada por Marcela Rosales, integrante del Comité Central del PS (ver reportaje anterior de CIPER). En el Parque Automotriz Vespucio San Ramón, uno de los mayores puntos de venta de autos usados en Santiago, más de 80 vendedores subarriendan a la empresa de Rosales espacio para ofrecer sus vehículos. Uno de los más importantes es Erni Soto, hijo del ex concejal Julio Soto, quien en este momento tiene 39 vehículos a la venta.

Fue Erni Soto quien en 2012 habría incorporado a Jorge “Chino” Pinto a los grupos de choque que trabajaron para el alcalde Aguilera en las primarias de ese año. Ese capítulo, que se cuenta en detalle más abajo, grafica la violencia con que actúan los adherentes de Aguilera para imponer su dominio en la política local.

Una de las sociedades que ocupó para su constitución el domicilio del Parque Automotriz Vespucio San Ramón, es propiedad de Juan Carlos Bastías Olea, quien tiene dos condenas por narcotráfico.


Francisco Olguín Guzmán (captura Informe Especial)

El negocio de los autos también ocupó durante algún tiempo a Francisco Andrés Olguín, quien fuera hasta hace dos semanas el jefe de gabinete del alcalde Aguilera. Olguín, quien ha dicho que compraba y vendía autos usados, fue sorprendido en tres ocasiones en 2013 (entre febrero y julio de ese año) a bordo de vehículos robados. En dos de ellas fue condenado y en la tercera obtuvo una suspensión condicional de la pena. Olguín acumula varias detenciones y formalizaciones por otros delitos como daños simples y lesiones (ver aquí su historial de detenciones).

Otro de los miembros del círculo de hierro de Aguilera es José Miguel Zapata (PS), actual concejal de San Ramón y funcionario del Gobierno Regional Metropolitano. La investigación de CIPER descubrió que Zapata creó en 2007 la sociedad AIES, la que se adjudicó al menos seis licitaciones en San Ramón entre 2014 y 2015, las que suman un total de $283,5 millones. Si bien Zapata hoy no aparece oficialmente en la sociedad, CIPER corroboró que sigue siendo su controlador.

El acarreo de votantes, el amedrentamiento de los rivales y el generoso empleo de recursos públicos en favor de sus adherentes, son tres factores clave que han abonado la carrera de Aguilera. Sus agresivos partidarios son imbatibles a la hora de movilizar electores para inclinar votaciones internas del PS o primarias (de concejales y alcaldes de comunas aledañas, parlamentarios y consejeros regionales) donde compiten candidatos que pueden ampliar su influencia.

La misma fuerza territorial se desplegó con eficacia cuando San Ramón se convirtió en un balón de oxígeno para la recolección de firmas de Alejandro Guillier: los escuderos de Aguilera consiguieron 1.500 fichas en una sola jornada.
EL “CHINO” EN CAMPAÑA

La aceitada maquinaria para movilizar votantes fue el trampolín que impulsó a Aguilera a las ligas mayores. Fue en este campo de agresivas disputas electorales donde se tejieron sus vínculos con el narcotraficante Jorge Pinto Carvajal. El “Chino” Pinto, a pesar de su prontuario, fue contratado a honorarios por la Municipalidad de San Ramón desde marzo de este año, apenas a un mes de haber salido de la cárcel.


Botillería de Goycolea con Pedro Lagos (Fuente: Google street view)

La familia de Pinto Carvajal tiene una antigua historia en la Población La Bandera, la misma donde creció el alcalde Aguilera. En esa población, los Pinto tienen dos botillerías, un minimarket y un bar. Una de las botillerías, la que está ubicada en Goycolea con Pedro Lagos, figura a nombre de Miguel Ángel Sánchez Yáñez. El joven de 21 años es yerno del “Chino” Pinto y fue detenido en septiembre cuando conducía una camioneta en la que se transportaba a Concepción 20 kilos de pasta base de cocaína. Por el mismo delito fue detenido Jorge Pinto.

CIPER comprobó que la relación entre el alcalde y el “Chino” se remonta, al menos, hasta 2012. El 1 de abril de ese año, para las primarias municipales de la Concertación, Aguilera obtuvo el pase para convertirse en jefe comunal, abriendo la senda que lo encumbró en la directiva del PS. En esa campaña de 2012, el “Chino” formó parte de un grupo que amedrentó a los partidarios de Genaro Balladares (DC), el escollo que Aguilera debía sortear para competir por la alcaldía.

La primaria terminó en escándalo. A la hora del recuento, el “Chino” Pinto encabezó un piquete que le propinó una golpiza y amenazó con armas de fuego a seis integrantes del comando de Balladares.


Julio Soto Martínez, ex concejal del PRI

El “Chino” fue identificado como el líder de ese grupo de choque en varios documentos internos de la DC, lo que prueba que sus vínculos con Aguilera no se remiten solo al contrato a honorarios de este año. CIPER tuvo acceso a un correo electrónico enviado el 4 de abril de 2012 por un dirigente local DC al entonces secretario nacional de ese partido, Víctor Maldonado, actual subsecretario general de la Presidencia. En ese mensaje se denunció que Erni Soto, hijo del ex militante DC y luego concejal de San Ramón por el PRI, Julio Soto, fue quien llamó a Pinto para que irrumpiera en el local de votación donde se produjo la golpiza.

“Los agredidos fueron cuatro de seis personas, pues una huyó en su auto y la otra se encerró en el vehículo en el que había llegado. Los agresores fueron cuatro, armados. Comandados por Jorge Pinto Carvajal (alias Chino Pinto), llamados por el hijo de Julio Soto, ex DC y hoy PRI. Pinto cuenta con un prontuario de seis condenas cumplidas y se le busca por armas, drogas y lavado de dinero”, dice el mensaje que se envió a Maldonado.

En el correo se adjuntaron las fotografías de dos de los agredidos, uno de ellos con un hematoma en un brazo producto de un “cachazo” de pistola. La segunda víctima, con un golpe en la boca, era Francisco Andrés Olguín, quien posteriormente se pasó al bando de Aguilera e integró el círculo de hierro que el alcalde instaló en la municipalidad. El lunes 16 de octubre, Olguín renunció a su cargo de jefe de gabinete del edil, tras ser cuestionado en el reportaje de Informe Especial porque no se le apartó de ese puesto cuando en 2015 cumplió condena por receptación y manejo en estado de ebriedad.

Dirigentes DC de la comuna recuerdan que en esa campaña de primarias la entonces senadora Soledad Alvear fue sacada a empujones de un local por un grupo encabezado por Pedro Jaque Cavada, hoy asesor clave de Aguilera, cuestionado por dobles contratos en la municipalidad y expulsado del PS.

El recuento de votos estuvo plagado de escaramuzas. En ese clima, el resultado tuvo tintes dramáticos: triunfó Aguilera por apenas 17 votos. La DC exigió un nuevo conteo: según sus cálculos, la victoria era de Balladares por 11 votos.


Plaza inaugurada por el alcalde Aguilera durante su mandato (Fuente: Municipalidad de San Ramón)

Uno de los líderes DC de San Ramón indicó a CIPER que todo lo ocurrido en esa jornada, incluyendo la agresión del “Chino” Pinto, fue informado en detalle al entonces presidente del partido, Ignacio Walker, y quedó plasmado en escritos que se redactaron –con asesoría del ex subsecretario de Justicia, Jaime Arellano– para presentarlos al Tribunal Electoral de la Concertación.

–Mandamos hasta el prontuario policial y la foto del “Chino”. Pero, cuando se vio el caso, los miembros titulares del tribunal no se presentaron. Sesionaron los suplentes y perdimos 4 a 1. No quisieron enfrentarse con Aguilera –dijo a CIPER un dirigente DC.

Cinco años después, el escándalo igual golpeó la línea de flotación de Aguilera por sus vínculos con Jorge Pinto. Tras una temporada en la cárcel, el “Chino” obtuvo la libertad condicional en febrero pasado y al mes siguiente la municipalidad lo contrató a honorarios en un proyecto de mantención de áreas verdes (vea el decreto municipal). Inicialmente, el contrato era por tres meses, hasta junio pasado, pero en julio fue revalidado hasta diciembre (vea ese nuevo decreto). El “Chino” no pudo completar el trabajo: desde el 5 de septiembre está en prisión preventiva por el envío de los 20 kilos de pasta base a Concepción.

En los dos decretos de contratación el honorario estipulado para Pinto –$555 mil mensuales­– excede largamente lo que se paga al resto de sus “colegas” en ese proyecto. La mayoría percibe $133 mil, $177 mil, $222 mil y, en el mejor de los casos, $333 mil mensuales.

El round de las primarias de 2012 no es el único episodio que muestra cómo operan las redes de Aguilera en San Ramón. La Corte de Apelaciones de San Miguel guarda un antecedente que también lo grafica.


José Miguel Zapata, concejal y funcionario del GORE (Fuente: Municipalidad de San Ramón)

El 18 de marzo de 2013 el abogado de la CUT, Rubén Jerez, ingresó un recurso de amparo preventivo para el “cese de las amenazas de detención”, acusando al alcalde Aguilera y al entonces concejal Julio Soto Martínez. El documento, al que tuvo acceso CIPER, indica que entre el 1 y el 8 de ese mes los dirigentes sindicales Ana Barrera, Berta Ponce, Nolberto Díaz, Marco Canales, Leonardo Gutiérrez, Antonio Gálvez y Esteban Maturana, concurrieron al Centro de Salud Familiar (Cesfam) La Bandera a recibir los reclamos de trabajadores por despidos injustificados y abusos laborales. Allí fueron amedrentados por un grupo de 15 personas que, según la denuncia, estaban “bajo la dependencia” de Aguilera y Soto (vea el recurso).

El tribunal finalmente desestimó el recurso, basándose en dos documentos exculpatorios: uno del propio Aguilera y otro de una dirigente sindical de la misma municipalidad. En el primero, el alcalde sostuvo que no concurrió en esas fechas al Cesfam y que no mandató a nadie a intimidar a los denunciantes (vea ese escrito).

El segundo documento es de Ana Barrera, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud de la Municipalidad de San Ramón. En ese texto, la dirigenta explicó que no fue amenazada por el alcalde, ya que él no estaba cuando sucedieron los hechos. Pero confirmó que sí recibieron “insultos y amenazas por parte de algunos funcionarios municipales, los cuales constan en la denuncia efectuada en la 31 Comisaría de San Ramón” (vea esa carta).
LA RED DE SANTIAGO SUR

La contratación de una persona con antecedentes por narcotráfico, fue el plato fuerte de la emisión de Informe Especial. Pero el reportaje también acreditó una serie de anomalías relacionadas con nepotismo y dobles contratos que benefician a los allegados a Aguilera.

La fuerza de estas pruebas provocó que el Tribunal Supremo del PS resolviera expulsar del partido al propio alcalde Aguilera, a su cuñado José Luis Barrera Pino, a su mano derecha Pedro Jaque Cavada y a la hermana de este último, Katherine Jaque Cavada (vea aquí el fallo íntegro).

Respecto de la expulsión de Barrera Pino, encargado de los recintos deportivos de San Ramón, el fallo del Tribunal Supremo del PS, señala:


Marcela Rosales, dueña de la Automotora Vespucio San Ramón

“Que, en el caso del militante José Luis Barrera Pino, quien aparece en un audio reproducido en el reportaje (…) ofreciendo trabajo a Jorge Antonio Pinto Carvajal, resulta evidente su directa responsabilidad en los hechos”.

Este fallo es el primer golpe que recibe en el PS la extensa red política que Aguilera tejió desde que asumió la alcaldía. Su eficiente máquina para movilizar electores le había permitido en la última interna socialista, instalar un grupo de sus partidarios en el Comité Central. Allí figuran su esposa, Giovanna Barrera Pino; la controladora de la sociedad que administra la automotora que funciona en un terreno de la municipalidad, Marcela Rosales Belmar, y su hija, Marcela Aliste Rosales; y la concejal de San Ramón Roxana Riquelme.

Hasta 2016 eran miembros del Comité Central del PS el también concejal de San Ramón José Miguel Zapata, el esposo de Marcela Rosales, Luis Aliste Carvajal y Eduardo Bermúdez Romero. Este último ahora es secretario nacional de Organización del PS, encabezó el proceso de refichaje de militantes del partido y actualmente se desempeña en el área de exonerados del Instituto de Previsión Social (IPS). Asimismo, la hermana del alcalde, Mónica Aguilera (PS), es consejera del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) y postula a su reelección.

Aguilera ha extendido sus dominios hacia las comunas aledañas. En ellas mueve sus peones para manejar las elecciones internas del oficialismo y así poner o sacar alcaldes y concejales de acuerdo a sus intereses.

La esposa y la hija del alcalde de Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna (PPD), han sido contratadas en San Ramón. En los registros de Transparencia de la municipalidad figura la esposa de Bruna, Mónica Faundes Pino, empleada a honorarios como técnico superior de enfermería hasta mayo de este año por $602 mil mensuales. Su hija, Camila Bruna Faundes, quien postula a diputada en el distrito 13 por el PPD, aparece contratada como enfermera al menos hasta septiembre pasado con un honorario de $888 mil.

Los documentos de Transparencia registran que el concejal de La Cisterna Patricio Ossandón (PS) también ha trabajado a honorarios en el municipio de Aguilera: primero en el programa Más Capaz de Sence, por $999 mil mensuales, hasta junio pasado. Luego figura como asesor en proyectos de seguridad ciudadana y participación, por $888 mil, con contrato hasta diciembre. Información publicada por El Mercurio indica que también habrían trabajado en San Ramón los concejales de La Granja Silvana Poblete y Juan Valdés, ambos socialistas, además del concejal de Lo Prado Jimmy Arce, también del PS.

Dos concejales de La Pintana han sido contratados a honorarios en San Ramón: Rubén Urrutia (PRSD) y Juan Bustamante (PC). Urrutia como abogado en el área de Salud entre abril y junio de 2017, con $1,2 millón mensual. Bustamante recibió $500 mil en abril y mayo de este año, como administrativo del sector Salud.

En La Pintana, Aguilera también trató de posicionar como futuro candidato a alcalde a su jefe de gabinete, Francisco Andrés Olguín. Y su cuñado, José Luis Barrera, intentó instalar un centro de acción social, lo que fue interpretado como una plataforma para proyectar una postulación al concejo municipal de La Pintana.
LOS MISTERIOS DE LA AUTOMOTORA

El Parque Automotriz Vespucio San Ramón se ha convertido en el eje donde se cruzan distintos personajes de la trama donde se teje el poder del alcalde Aguilera. Administrado por una sociedad de Marcela Rosales Belmar, la que paga a la municipalidad 200 UTM mensuales ($9,3 millones), CIPER detectó a más de 80 vendedores de autos que operan allí.

Una de las sociedades que registra domicilio en la automotora es “Bastías y Zamorano y Compañía Limitada”, cuyo socio Juan Carlos Bastías Olea registra condenas por narcotráfico. En 2010, Bastías fue condenado a 10 años por pertenecer a una red que digitaba traslados de cocaína de Arica a Santiago, utilizando para ello a mujeres adolescentes. En 1997 había sido condenado a cinco años y un día por tráfico de cocaína.


Parque Automotriz Vespucio San Ramón

La familia de Marcela Rosales tiene historia en el negocio automotor. Su padre y varios de sus tíos participan en Automotriz Comercial Bulnes y en Automotriz Los Reyes Vespucio. El Parque Automotriz Norte, ubicado en Huechuraba, a un costado del Movicenter, es de su tío José Eduardo Rosales Abad y de Lorena Contreras González.

Marcela Rosales ha sido durante años una aliada política de Miguel Ángel Aguilera. Integraron la misma lista para el Comité Central del PS en 2015, y en 2016, durante la campaña de Rosales para ser alcaldesa de Conchalí, ella contó con la colaboración de Ángel Omerovich, ex jefe de gabinete de Aguilera en San Ramón entre 2012 y 2015.

Omerovich formaba parte del comando presidencial de Alejandro Guillier, al menos hasta fines de septiembre, como el mismo lo publicó en redes sociales. Después del reportaje de Informe Especial Omerovich no ha vuelto a postear sobre su trabajo en esa campaña.
ZAPATA Y SU EMPRESA FANTASMA

San Ramón es una de las comunas que concentra más inversión del Gobierno Regional Metropolitano (GORE). Las calles de la comuna lucen múltiples áreas verdes, recintos deportivos, luminarias y mejoramiento de infraestructura, lo que explica la alta votación con la que Aguilera se reeligió en 2016.

Aguilera tiene dos arietes en el Gobierno Regional: su hermana Mónica, que es consejera regional y postula a la reelección; y José Miguel Zapata Vergara, jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE, la que colabora en la elaboración del presupuesto de inversión y coordina su ejecución, seguimiento y control.


Cancha inaugurada durante la gestión del alcalde Aguilera (Fuente: Municipalidad de San Ramón)

En paralelo, Zapata es concejal de San Ramón y controla una sociedad que ha firmado contratos millonarios con el mismo municipio para proyectos que, en algunos casos, tienen financiamiento del GORE.

Coordenadas-Asesorías en Investigación Social (AEIS) es una consultora que se ha adjudicado seis licitaciones en la Municipalidad de San Ramón por un total de $283,5 millones, entre 2014 y 2015. CIPER descubrió que si bien José Miguel Zapata Vergara la creó en 2007, y después ha entrado y salido de ella, las facturas (todas enviadas a su mail personal, ver aquí), los correos electrónicos (ver aquí) y los testimonios de sus trabajadores, confirman que el funcionario del GORE sigue siendo su único controlador.

De hecho, la consultora hoy no tiene cuenta corriente, por lo que Zapata utiliza su cuenta personal para gastos e ingresos.

Profesionales que trabajaron para esa empresa, relataron a CIPER las irregularidades que presentan las licitaciones que ésta se ganó en San Ramón. Una de ellas es la elaboración de un diagnóstico de seguridad comunal, el que se adjudicó en agosto de 2015, y cuyas bases fueron conocidas por la consultora de Zapata con antelación, ya que habría trabajado en ese proyecto desde 2014 con la Secretaría de Planificación del municipio. Por ese contrato se pagaron $15 millones.

Los otros cinco contratos son por trabajos en diseño y planificación de inversión pública, precisamente el área en la que Zapata se desempeña en el GORE.

“No declaré esa empresa porque no tenía relación legal con ella”, respondió José Miguel Zapata cuando CIPER le preguntó por qué no incluyó a la consultora AIES en su declaración patrimonial cuando asumió como concejal de San Ramón.

-Hago una autocrítica, pero nunca me puse en una situación de negociación incompatible. Pero a lo mejor debí desligarme completamente de la empresa. Lo que pasa es que la había creado hace más de diez años, en ella he trabajado mucho tiempo y, a lo mejor, en el futuro vuelva a trabajar en ella. Mientras no haya una negociación incompatible no constituye un delito -añadió Zapata.

La relación con la política siempre estuvo presente en AEIS. CIPER revisó encuestas de campaña realizadas en el call center de la consultora previo a la elección municipal de 2016 en las comunas de Independencia, Huechuraba, Recoleta, Conchalí, La Granja, Arica, Ovalle y Montepatria. La indagación de CIPER arrojó que AEIS solo hacía el trabajo de campo subcontratada por Sintaxis, propiedad de Iván Schütz, ex tesorero del Instituto Igualdad, vinculado al PS y del que fue despedido en 2013.
EL SOBRINO

“Me ofende lo que me estás diciendo. Porque los estacionamientos yo los licité solo y me vi súper perjudicado, porque al mes me quitaron casi el 70% de ellos”, afirmó Daniel Parra Soto cuando CIPER le consultó sobre la influencia que el alcalde Aguilera y su tío, el ex concejal Julio Soto, habrían ejercido para que él obtuviera el contrato para administrar inicialmente más de 500 estacionamientos en la comuna de San Ramón.

CIPER detectó que ese contrato es uno de los 12 que las sociedades en las que participa Parra han firmado con el municipio de San Ramón. Además de la concesión de estacionamientos, se ha adjudicado 11 licitaciones por un total de $750 millones, entre 2015 y 2017, por mejoramiento de áreas verdes, recintos deportivos e infraestructura educacional.

Tres sociedades de Parra son las beneficiadas: Inversiones Grupo Blangil, M.R. Inmobiliaria y Construcción y Stacionar y Seguridad. Las tres solo han ganado licitaciones públicas en San Ramón y fueron constituidas entre 2013 y 2015.

-Todo lo he hecho por Mercado Público y totalmente transparente. Y también he perdido muchas licitaciones. Me han sacado multas millonarias porque me he atrasado. Mi tío (Julio Soto) nunca ha tenido participación en las empresas. Tampoco tengo una relación cercana con él –acotó Daniel Parra.


vía:
http://ciperchile.cl/2017/11/04/la-historia-del-alcalde-de-san-ramon-con-el-narco-que-hundio-su-carrera-politica/

México-La Dictadura: Declaración de Guerra vs el Pueblo de México - Ley de Seguridad Interior - Noroña [Videocolumna]


Argentina-La Dictadura: Otro caso de deportación por opinar distinto...Una periodista británica no pudo ingresar al país. Figuraba en la “lista negra” de Cancillería de acreditados por la OMC....pagina12



El Gobierno deportó ayer a la periodista inglesa Sally Burch, quien llegó a la Argentina para participar en las reuniones de la OMC. Se trata de otro de los casos de censura contra comunicadores internacionales, tras la deportación de Petter Titland, que vinieron al país para cubrir el evento de Naciones Unidas. El caso de Sally Burch se transformó ayer en tendencia mundial en las redes sociales como Twitter y es un nuevo ejemplo de un problema que el Gobierno arrastra hace más de una semana y no logra resolver. Para retenerla en el aeropuerto fue acusada de falsa turista. La defensora pública del juzgado federal con jurisdicción en Ezeiza presentó un Habeas Corpus para que la justicia revise la decisión de migraciones de deportar a la periodista. Pero el pedido no fue efectivo y a las 19:30 horas subieron a Sally Burch a un avión rumbo a Ecuador. La verdaderra razón de su deportación: haber intentado entrar al país pese a figuarar en la lista de más de 60 activistas a los que la Cancillería había anticipado que se les denegaría el ingreso al país, pese a haber sido acreditados previamente por la Organización Mundial del Comercio.

La periodista británica, al llegar al país, por Ezeiza, ya estaba identificada en una lista de personas no gratas. La tuvieron demorada varias horas hasta que casi hecha la noche la subieron a un vuelo a Centroamérica. Burch no pudo pasar migraciones. Le impidieron la entrada bajo el argumento de haber proporcionado información inexacta --informó que ingresaría como turista--, además de no contar con boleto de retorno a su destino de origen. Se trataría, según las autoridades de control, de una infracción al artículo 35 de la Ley Migratoria.

“Sabíamos que el rechazo era para cubrir el evento de la OMC pero no para realizar actividades paralelas al evento. Yo tenía comprado el pasaje y quise aprovecharlo. Llegué a migración y dije que iba a entrar como turista.”, dijo Sally Burch, en declaraciones radiales al programa La vuelta de Zloto, por Radio 10. “Ahí me encontraron en una lista, comenzaron las preguntas, dije que también soy periodista y que iba a realizar actividades paralelas a la OMC en el país. Después de una hora y pico dijeron que mi entrada iba a ser rechazada por ser falsa turista”, agregó.

La periodista dijo que “la razón por la que me mandan de regreso no es algo que yo haya dicho sino que quieren restringir la participación de voces críticas en la cumbre y las actividades paralelas a la cumbre. Pienso que es una actitud poco democrática del Gobierno. Se supone que como país anfitrión debe garantizar la participación de todos los que quieren ser parte en forma pacífica de este proceso de debate de la OMC”. Aseguró además que “las autoridades argentinas están buscando cualquier pretexto para no dejarnos entrar y es algo totalmente anormal”.

Desde distintos ámbitos locales e internacionales no tardó en llegar el rechazo a la decisión arbitraria de las autoridades. Sally Burch trabaja hace 20 años en Ecuador y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular de ese país fueron los primeros en rechazar la medida del Gobierno. “Rechazamos el atentado contra la periodista Sally Burch. La deportación de nuestra colega no es aislada y ya tiene entre otros antecedentes la decisión de la Argentina de prohibir la asistencia de 64 miembros de un grupo de ambientalistas a la OMC”, dijo el presidente del organismo ecuatoriano. En el plano interno también hubo fuertes críticas. “Los únicos con problemas para ingresar al país son los que fueron desacreditados. Es realmente muy grave. La OMC sólo les informó a estas personas que tenían revocada la acreditación pero no que tenían prohibida la entra al país. Aquí las autoridades deberán dar una explicación cuanto antes”, mencionó Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Sally Burch, lejos de presentar un riesgo para la seguridad del evento de la OMC, es una profesional del periodismo con renombre a nivel regional e internacional. La británica reside en Ecuador hace dos décadas y es directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Estudio la licenciatura en literatura en la Universidad de Warwick, Gran Bretaña, y se diplomó en periodismo en la Univesidad de Concordia, en Montreal, Canadá. Participa activamente en programas sobre derechos de la mujer en torno a la comunicación. Publica regularmente notas e investigaciones sobre el derecho a la información y los movimientos sociales. Entre sus ensayos de mayor renombre se destacan Movimientos Sociales en Red y Se cayó el Sistema: Enredos de la Sociedad de la Información.

Los problemas con periodistas y activistas que pretenden participar del evento de la OMC empezaron la semana pasada. Lo primero que ocurrió fue que se denegaron los permisos de acreditación para distintos activistas locales e internacionales. Cancillería dijo que fue tras haber estudiado los perfiles en las redes sociales de los individuos que pidieron la acreditación y considerarlos peligrosos. Desde el CELS se hizo un pedido formal al Gobierno para entender cómo fue que se recolectó esta información, ya que la Ley de inteligencia prohíbe juntar datos políticos de las personas. No hubo respuesta de las autoridades. El CELS decidió entonces presentar un Habeas Data para cada uno de los individuos que formaron parte de la lista negra. Este instrumento obliga al Estado a informar qué datos tiene de la persona. Tampoco hubo respuesta. Finalmente, previendo que a los integrantes extranjeros de este listado no se los iba a dejar entrar al país, se presentó un Habeas Corpus. El objetivo era que migraciones no tenga decisión sobre la posibilidad de que ingresen o no los periodistas o activistas sino que la decisión deba ser tomada por la justicia federal. El pedido fue rechazado por abstracto.

Esta semana las previsiones se hicieron realidad. El jueves se deportó a un periodista noruego, Petter Tiltand, que debió viajar a San Pablo. Y ayer le tocó el turno a Sally Burch. En las horas que la periodista estuvo demorada en Ezeiza se presentó un nuevo pedido de Habeas Corpus, que estuvo a cargo de la defensora pública del juzgado federal con jurisdicción en Ezeiza. El pedido no fue exitoso y la periodista al cierre de esta edición viajaba de regreso rumbo a Ecuador. Desde Brasil, Tiltand dijo que “una de las cosas más lamentables es que las autoridades argentinas no hayan sido claras al momento de tomar la decisión” (ver aparte).


vía:
https://www.pagina12.com.ar/81537-otro-caso-de-deportacion-por-opinar-distinto

México: Antonio Meade... ¿Nueva esperanza de México?

Enrique Calderón Alzati





El jueves de la semana pasada, un día después de la culminación del ritual del destape de Antonio Meade, La Jornada publicó un artículo firmado por un personaje desconocido para mí, con el mismo título que tiene el que ahora escribo, excepto por los signos de interrogación que yo incluyo.

¿Cómo puede ser una esperanza para México quien defiende a un criminal como Enrique Peña Nieto, quien fue capaz entre otras cosas, de ordenar la operación de Santiago Atenco, realizada en la madrugada del 3 de mayo de 2006, para que los policías del estado de México sacaran a hombres y mujeres de sus casas y llevarlos presos sin una orden de aprehensión, lo que terminó costando la vida a dos jóvenes y la violación tumultuaria de varias mujeres por esos mismos policías? En uno de sus primeros discursos ya como virtual candidato del PRI, Meade aseguró que el Presidente es un hombre que ama a México y que ha luchado por mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana. Una afirmación insostenible luego de la tragedia de Ayotzinapa, por dar un ejemplo de lo que es realmente el presidente.

¿Cómo puede ser una esperanza para México, un personaje acrítico de las políticas y los crímenes realizados por el actual gobierno y su Presidente? ¿Qué fines persigue con ello? ¿Cuál fue realmente su actuación en los diversos puestos que tuvo en el actual sexenio y en otros anteriores? ¿Por qué el presidente lo escogió como su relevo, teniendo opciones más cercanas a él? Todo era una incógnita para mí, como seguramente lo es para buena parte de la población. Por ello era necesario obtener información que permitiera superar mi desconocimiento en torno a quien habrá de ser de alguna manera importante durante los próximos meses.

Afortunadamente, una serie de respuestas congruentes entre sí, las pude encontrar en algunas de las publicaciones críticas que existen en el país, incluyendo al Reforma, La Jornada, la revista Proceso y varias páginas y programas transmitidos por Internet, como el de Carmen Aristegui, permitiéndome conformar una imagen bastante completa de José Antonio Meade para responder a mis dudas, por lo que hoy puedo afirmar sin temor a equivocarme lo que escribo en este artículo, el cual inicio refiriéndome a él como una persona inteligente y bien preparada, cuyos estudios culminaron con la obtención de un doctorado en economía de la universidad de Yale, donde estudio también Zedillo, a diferencia de Peña Nieto y algunos de sus colaboradores cercanos, que apenas saben leer.

Donde las cosas se tornan bastantes negativas, por decir lo menos, es en su concepción ética y sus valores humanos. Si bien al doctor Meade no se le conocen actos directos de desvío de fondos a sus cuentas, de tráfico de influencias, ni de recepción de acompañamientos a cambio de asignación de contratos, sus actuaciones definen una conducta conocida como de tapadera, ante actos delictivos cometidos por otros funcionarios del gobierno, en los que la actuación de Meade, se ha reducido a ver, oír y callar, lo que al mismo tiempo le ha generado información útil para el futuro; tales fueron los casos de los fraudes cometidos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando Rosario Robles era su titular y a quien él sucedió sin percatarse del desaseo existente. Similares fueron sus actuaciones en la SHCP en donde era su responsabilidad vigilar el buen uso de los recursos entregados a los gobiernos estatales, siendo conocida su relación con Javier Duarte al cual nunca tocó, no obstante la conducta aberrante que éste impuso a Veracruz, conduciéndolo a su debacle actual, la cual se reproduce en otras entidades de la República.


Igualmente grave fue su conducta como secretario de Relaciones Exteriores al inicio del actual gobierno, encargándose de manejar su imagen ante los casos de Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa para evitar que los organismos internacionales condenaran al gobierno mexicano por esos crímenes. A todo esto debemos agregar el rol que desempeñó durante el gobierno de Ernesto Zedillo en la creación del gran atraco, conocido como Fobaparoa. Una entrevista reciente de Proceso, al ex auditor superior de la Federación (ASF) en la que éste resalta las irregularidades encontradas en torno al rescate bancario que le costó a la nación muchos miles de millones de pesos y que tuvo como respuesta del gobierno a su solicitud la desaparición de los documentos que mostraban la magnitud de ese fraude cuando el señor José Meade era el responsable de la creación de ese fondo. Esto explica en buena medida, la decisión de Peña Nieto, pensando que las habilidades de su ahora candidato le permitirá eludir el castigo que merece por sus actos de corrupción y de traición al país que juro gobernar con pulcritud.

Algunas veces un solo acto carente de importancia permite conocer la esencia de las personas por el contexto en el que ocurre. Tal fue el caso de la intervención de Meade para manifestar que ante el posible triunfo de López Obrador en 2018, México se convertiría en un país similar a Venezuela o a Corea, superando lo dicho por otros funcionarios con la finalidad abyecta de lograr la designación presidencial que ahora tiene, sin importarle mayormente la dimensión de su aberración al plantear la similitud entre dos naciones diferentes y al mismo tiempo ignorar los gravísimos problemas que enfrenta nuestro país como consecuencia del desgobierno que padecemos. La respuesta del pueblo en junio próximo les mostrará la magnitud de su error.

El hartazgo actual de la sociedad ha dado lugar a manifestaciones que responden a diferentes carencias y reclamos sociales; el país no puede ni debe seguir esperando un cambio de quienes han secuestrado al gobierno para el beneficio de unos cuantos; por todo ello Antonio Meade, lejos de constituir una esperanza, sólo responde por la continuación de lo que hemos vivido en el sexenio actual y los anteriores. Hoy varias alternativas valiosas se organizan para contender en las elecciones, siendo deseable que por el bien de México todas ellas decidan unirse al esfuerzo encabezado por López Obrador con el propósito de lograr la concreción del cambio en las elecciones de 2018.

Twitter: @ecalderon_a

Facebook: Reflexiones en educación

ecalderon@galileo2.com.mx



vía:
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/09/opinion/020a1pol

Chile: Contraloría confirma reducción artificial de las listas de espera del Hospital San José en 2013 Por : Pedro Ramírez




La acelerada reducción de las listas de espera de pacientes No Auge en el Hospital San José tenía un lado oscuro. Miles de personas fueron borradas sin ser atendidas por especialistas y sin que se resolvieran sus patologías. Todo se hacía en un anexo, la Clínica Maruri, donde trabajaban médicos generales que cobraban como especialistas y sin control sobre sus tareas. Cuatro años después de que CIPER revelara el engaño, la Contraloría confirmó las graves irregularidades y propuso la destitución del ex director del San José, el doctor Raúl Vásquez Cataldo, y de su colega Rodrigo Gutiérrez Soto, ex encargado de Maruri.

Tras cuatro años de investigación la Contraloría General de la República confirmó que las listas de espera fueron reducidas de manera artificial en el Hospital San José, tal como lo reveló un reportaje de CIPER en 2013. El lunes 4 de diciembre, el contralor Jorge Bermúdez aprobó el sumario iniciado tras esa investigación periodística y propuso la “destitución” del ex director del Hospital San José, el médico Raúl Hernán Vásquez Cataldo, y de su colega Rodrigo Gutiérrez Soto, ex encargado de la Clínica/Policlínico Maruri (vea la resolución del contralor).

Al centro asistencial de Maruri eran derivados pacientes del San José que figuraban en listas de espera, supuestamente para recibir atención especializada. Pero, como lo comprobó la Contraloría, eso no ocurría y eran borrados de las listas aunque sus patologías no habían sido resueltas. Al retardar la real solución de sus enfermedades, el subterfugio les provocó a miles de pacientes graves problemas de salud.

“Hospital San José: así opera el sistema que reduce falsamente las listas de espera” se tituló el reportaje de CIPER, publicado en junio de 2013, que puso en marcha la investigación de la Contraloría (vea esa investigación periodística). Ya en marzo de 2014, después de su primera auditoría al sistema que operaba en Maruri, la Contraloría presentó una denuncia ante la Fiscalía por una posible falsificación de instrumento público, debido a las sospechas de que se generaron y pagaron órdenes médicas destinadas a justificar prestaciones que no se otorgaron.

La indagatoria de la Contraloría demostró que los pacientes en lista de espera No Auge eran derivados a Maruri, donde los examinaban médicos generales y no especialistas, vulnerando las normas que regulan el sistema. Este chequeo médico insuficiente era el subterfugio para eliminar a los pacientes de las listas de espera bajo la causal de “atención realizada”. Muchos de ellos, cuando se descubrieron las irregularidades, debieron ser reincorporados a las listas. Al respecto, la conclusión de la Contraloría en la reciente resolución firmada por Bermúdez es taxativa:

“Un alto porcentaje de pacientes No Auge, inscritos en el Registro Nacional de Lista de Espera (RNLE), fueron eliminados de este repositorio por haber sido supuestamente atendidos en el citado centro médico (Maruri), no obstante encontrarse irresoluta su patología, debiendo ser reingresados en lista de espera, retardando de manera inexcusable la eventual solución a sus problemas médicos, con grave afectación de sus derechos”.


Doctor Rodrigo Gutiérrez

La investigación determinó también una serie de irregularidades administrativas, relacionadas con la contratación y los pagos al contingente médico que trabajó en Maruri. La documentación y testimonios recabados por la Contraloría indican que –con la venia de los doctores Vásquez y Gutiérrez– se pagaron honorarios médicos sin contar con comprobantes de egreso ni con documentos que acreditaran que esas prestaciones efectivamente se realizaron. Además, se pagaron como atenciones de especialistas, en circunstancias que se trataba de médicos generales. Datos entregados por el Hospital San José indican que en el primer semestre de 2012 a estos médicos generales se les pagó en promedio $4,8 millones mensuales por atenciones especializadas, el tope aceptado por Contraloría. Estos montos provocaron fuertes críticas entre los doctores del hospital.

Ninguno de los profesionales contratados en Maruri entregó un informe de sus actividades –como lo establecían sus contratos– y las planillas con las horas y días en que debían trabajar fueron tramitadas sin más respaldo que la firma del doctor Gutiérrez.

Aunque los médicos fueron contratados con el fin exclusivo de descongestionar la lista de espera No Auge, se verificó que se pagaron injustificadamente más de 11 mil atenciones a pacientes que no formaban parte de esa nómina. En la primera auditoría realizada por la Contraloría se estimó un total de $367,9 millones en gastos sin acreditación suficiente.

Inicialmente, por su posible responsabilidad en las irregularidades administrativas, fueron investigados el ex encargado de Honorarios del Hospital San José, José Ignacio Sanyour Núñez, y el ex subdirector de Gestión y Desarrollo del mismo centro asistencial, Alexander Pérez Méndez. Ambos fueron finalmente absueltos por el contralor Bermúdez.

En el caso de Alexander Pérez, la investigación acreditó que había advertido oportunamente al entonces director del hospital, Raúl Vásquez, las múltiples irregularidades:

“Se encuentra acreditado el deficiente control jerárquico y falta de supervisión en el cumplimiento de normas y requisitos para el funcionamiento de la Clínica/Policlínico Maruri, por parte del inculpado señor Raúl Vásquez Cataldo, como también en el ingreso y posterior pago de emolumentos al personal médico que laboró a honorarios en el citado recinto, situación que incluso le habría sido advertida por el subdirector de Gestión y Desarrollo de la época, afectándose el normal servicio y atención de pacientes, la mayoría de los cuales debieron ser reincorporados al Registro Nacional de Lista de Espera”.
“COMPROMISOS PRESIDENCIALES”

Citando los descargos del doctor Rodrigo Gutiérrez, la reciente resolución de la Contraloría estableció que en agosto de 2011 la Clínica/Policlínico Maruri inició sus operaciones destinadas a descongestionar las listas de espera, en el marco de los compromisos presidenciales del gobierno de Sebastián Piñera. Para ese efecto, la unidad fue montada y encabezada por el doctor Gutiérrez, quien en su declaración dijo que apenas tuvo cuatro días para equiparla y contratar al personal, recurriendo a sus ex compañeros de universidad, a quienes ofreció contrato a honorarios. En noviembre de 2011, el gobierno anunció el fin de las listas de espera para pacientes AUGE. La noticia provocó controversia cuando se detectó que la mayor parte de los pacientes habían salido de la nómina por ajustes estadísticos y razones administrativas, y no por una atención médica (vea el reportaje de CIPER: “Los ajustes estadísticos que redujeron drásticamente la lista de espera AUGE”).

Tras ese hito comunicacional, el gobierno se empeñó en la reducción de las listas de pacientes No Auge. En ese contexto entró en juego el centro asistencial de Maruri, como una pieza clave de la nueva meta trazada por el entonces ministro Jaime Mañalich. El 7 de julio de 2012, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta la comuna de Conchalí –sector atendido por el Hospital San José– y junto a Mañalich anunció en terreno que las listas No Auge habían disminuido de 90 mil a 40 mil pacientes en espera. Allí se comprometió a terminar con esta lista en un año: el 29 de julio de 2013, “para la fiesta de San Pedro y San Pablo” (vea el video del gobierno sobre esa actividad).

El 10 de junio de 2013, un mes antes de la fecha comprometida por el mandatario, CIPER reveló lo que estaba ocurriendo en Maruri. En noviembre de ese mismo año la unidad de Auditoría Ministerial del Ministerio de Salud despachó un memo reservado donde se reseñaron las irregularidades detectadas en Maruri, incluyendo los antecedentes expuestos por CIPER. El destinatario de ese memo era el ministro Mañalich, quien instruyó la apertura de un sumario administrativo. El sumario ordenado por Mañalich dio origen a una denuncia ante el Ministerio Público, la que fue presentada el 17 de febrero de 2014, según confirmó a CIPER el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. La denuncia, basada en los documentos y testimonios recogidos en el mismo Hospital San José, apuntaba a la posible existencia de los ilícitos de apropiación indebida, fraude al fisco y delitos tributarios.

El último paso en esta larga historia es la resolución recién firmada por el contralor Bermúdez. Ahora, los dos inculpados –los doctores Vásquez y Gutiérrez­– tendrán cinco días hábiles, desde su notificación, para interponer un recurso de reposición ante la misma Contraloría. En favor de ambos, el contralor consideró la atenuante de “irreprochable conducta anterior”, la que “será ponderada en relación a las conductas atribuidas en este caso”.


vía:
http://ciperchile.cl/2017/12/07/contraloria-confirma-reduccion-artificial-de-las-listas-de-espera-del-hospital-san-jose-en-2013/

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
Malas noticias en los periòdicos, asesinatos, enfermedad, pobreza, dolor, injusticias, discriminaciòn, guerras, lo grave es que nos parece normal.

Ecologia2